Cuba por Siempre

La migración cubana hacia Estados Unidos es un fenómeno complejo y persistente, impulsado por una combinación de factores internos en la isla y, principalmente, por las medidas de persecución económica y financiera impuestas por Washington. En marzo de 2025, este flujo migratorio enfrenta un nuevo desafío con la suspensión del programa de parole humanitario, una decisión que afecta a miles de cubanos y pone en evidencia tanto las consecuencias de las sanciones en la economía cubana como el uso político de la migración.

Las sanciones económicas y financieras de Estados Unidos contra Cuba, iniciadas formalmente con el embargo en 1962 y endurecidas en múltiples ocasiones, han tenido un impacto devastador en la economía de la isla, contribuyendo directamente a varias olas migratorias significativas. Estas medidas, diseñadas para aislar al gobierno cubano, han restringido el comercio, el acceso a divisas y la inversión extranjera, agravando las dificultades internas como la escasez de alimentos, medicinas y combustible, así como el deterioro de las condiciones de vida.

La combinación del impacto económico de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones bajo la primera administración de Trump (como la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo en 2021) y una inflación galopante, desencadenaron una migración récord, entre 2021 y 2023 más de 300,000 cubanos llegaron a la frontera sur de EE.UU.

Por otro lado, la Ley de Ajuste Cubano, promulgada en 1966, ha sido un pilar fundamental en la contradictoria política migratoria estadounidense hacia Cuba. Esta legislación permite a los nacionales cubanos que llegan a EE.UU., ya sea de manera legal o ilegal, solicitar la residencia permanente tras un año y un día de presencia física, siempre que hayan sido inspeccionados, admitidos o puestos en parole por un oficial de emigración. A diferencia de otros grupos migratorios, los cubanos no necesitan demostrar persecución ni cumplir requisitos adicionales, lo que convierte a esta ley en un incentivo único para la emigración desde la isla. Desde su creación, tuvo un propósito político claro: facilitar la salida de cubanos como una forma de debilitar al Gobierno Revolucionario. Al ofrecer un camino expedito a la residencia, EE.UU se proyectaba a sí mismo como una imagen de refugio democrático.

Este instrumento se complementó con políticas como la de «pies secos, pies mojados» (1995-2017), que garantizaba la entrada a quienes tocaran suelo estadounidense, incentivando travesías peligrosas como la crisis de los balseros en 1994; incluso tras la eliminación de esta política en 2017, la Ley de Ajuste Cubano ha seguido siendo un imán para los cubanos, adaptándose a nuevas realidades migratorias.

En 2006, durante la administración de George W. Bush, se creó el Cuban Medical Professional Parole (CMPP), un programa diseñado específicamente para médicos, enfermeros, fisioterapeutas, técnicos de laboratorio y otros profesionales de la salud cubanos que trabajaran en misiones médicas internacionales fuera de Cuba, ofreciéndoles una vía para desertar y emigrar a EE.UU. Bajo una aparente fachada humanitaria, se escondía un trasfondo político y estratégico: atacar las misiones médicas cubanas en el exterior mediante la promoción de la deserción. En esos años, miles de médicos cubanos prestaban servicios en diversos países; solo en Brasil, más de 8,000 médicos y enfermeras participaban en el programa «Mais Médicos» entre 2013 y 2018.

Un año después, en 2007, se implementó el Cuban Family Reunification Parole (CFRP), que permitía a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales solicitar parole para sus familiares en Cuba. Aunque este programa se diseñó para facilitar la reunificación familiar y reducir la migración ilegal, la administración estadounidense no cumplió con el compromiso de otorgar un mínimo de 20,000 visas anuales acordado con Cuba, lo que perpetuó la separación de muchas familias.

Más recientemente, el programa de parole humanitario CHNV, implementado en 2023, permitió la entrada legal de más de 530,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, incluyendo más de 110,000 cubanos. Este programa ofrecía a los beneficiarios la posibilidad de residir y trabajar en EE.UU por dos años, siempre que contaran con un patrocinador. Sin embargo, el 20 de enero de 2025, la administración de Donald Trump suspendió este programa mediante la Orden Ejecutiva 14165, titulada «Asegurando Nuestras Fronteras», argumentando que incentivaba la migración irregular. La revocación, efectiva desde el 24 de abril de 2025, implica que quienes no hayan regularizado su estatus con un permiso de residencia antes de esa fecha perderán su autorización legal. De los más de 110,000 cubanos beneficiados por el parole, aproximadamente 70,000 aún no han obtenido la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano u otros mecanismos. Sumados a los 42,000 con órdenes de deportación pendientes, unos 112,000 cubanos podrían verse directamente afectados, enfrentando la pérdida de empleo y el riesgo de expulsión. La amenaza de deportaciones masivas, bajo la promesa de Trump de una «operación histórica», ha generado pánico en la comunidad cubana, especialmente porque las nuevas directrices del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permiten expulsiones rápidas sin audiencia judicial para quienes carezcan de estatus legal. Por su parte, Cuba ha aceptado deportados desde 2023 y ha manifestado su disposición a continuar recibiendo a los nacionales que sean devueltos desde EE.UU.

Históricamente, la migración cubana ha sido utilizada como un arma política de EE.UU contra Cuba. Las sanciones económicas, al debilitar la economía de la isla, han alimentado la emigración irregular, presentándola como una supuesta evidencia del fracaso del «régimen castrista». Durante décadas, se alentó un éxodo masivo como pretexto para justificar una «intervención humanitaria» en la isla. Asimismo, los incentivos migratorios han estado enfocados en arrebatar a Cuba población activa, incluyendo profesionales, deportistas, médicos, especialistas, ingenieros y, especialmente, jóvenes, con el objetivo de afectar su desarrollo económico y social.

La suspensión actual del programa de parole, combinada con sanciones más estrictas aplicadas desde el anterior gobierno de Trump y recientemente reforzadas, así como las intenciones de limitar totalmente el envío de remesas desde EE.UU y reducir casi a cero los viajes hacia y desde Cuba, forma parte de una estrategia diseñada para intensificar la coacción interna, obligando al gobierno cubano a lidiar con retornados en medio de una crisis económica que las propias medidas estadounidenses han agravado, con el objetivo de provocar un estallido social.

Este escenario evidencia una vez más cómo las políticas migratorias y económicas de EE.UU no solo responden a dinámicas internas, sino que a pesar de vender por décadas la idea estadounidense de la salvación de los cubanos en “la tierra prometida”, se perpetúa como una estrategia de hostigamiento contra Cuba, utilizando la migración como un instrumento geopolítico en un conflicto que trasciende generaciones.