Precisamente, esa fue una de las temáticas más abordadas en los mensajes de gobiernos del área con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, una alerta ante la escalada de agresiones, sobre todo, entre niñas y adolescentes.
Así lo corroboran cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), cuyos reportes indican que una de cada tres caribeñas sufre alguna forma de abuso físico, sexual o psicológico.
Las mujeres corren mayor riesgo de ser asaltadas o explotadas, ya sea en la niñez, la adolescencia o la edad adulta, por ello el 97 por ciento de los países de la región cuentan con leyes para contrarrestar esa tendencia.
Pero las islas del Caribe tienen una tasa de agresión sexual más alta que el promedio mundial, arrojan reportes de la Onudd.
La violencia doméstica también está detrás de alrededor de 40 por ciento de los asesinatos de mujeres cometidos en las Antillas, de acuerdo con estudios de la Universidad de las Indias Occidentales.
Frente a este complejo escenario, la Caricom sigue estrategias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dirigidas a frenar el problema mediante transformaciones en el marco jurídico y más facilidades de acceso a servicios básicos, explicó el secretario de entidad caribeña, Irwin LaRocque.
De este modo, dijo, podemos atacar raíces profundas del flagelo como la desigualdad de género y la discriminación en los países integrantes del bloque (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago).
LaRocque alertó que los niños y niñas de la región suelen ver los maltratos físicos o verbales como un aspecto más de la masculinidad, además, quienes sufren esas manifestaciones de abuso son más propensos a practicarlas.
Las políticas en defensa de la mujer, los proyectos de prevención, los programas en sectores de educación, salud, derecho y negocios reportan significativos avances, pero su desarrollo es lento y desigual entre los 15 estados miembros, valoró el secretario general del bloque.
Entre los países caribeños que manifiestan gran interés en poner fin a la violencia de género destaca Jamaica. Para su primera ministra, Portia Simpson-Miller, la lucha contra ese flagelo es prioridad de la actual administración y la policía debe combatir con fuerza cualquier agresión a las mujeres.
En tanto, la ministra de Estado para Industria, Inversiones y Comercio, Sharon Ffolkes-Abrahams, señaló que ese gobierno necesita realizar mayores esfuerzos en función de ampliar las oportunidades de las mujeres en el sector público y de los negocios.
Las caribeñas enfrentan diversas formas de discriminación pues son más vulnerables al desempleo y a veces ganan menor salario que los hombres, aunque realicen el mismo trabajo, expuso.
Su presencia predomina en el sector informal y tiende a disminuir en la parte superior de la escala laboral, indicó Ffolkes-Abrahams.
La desigualdad tiene muchas aristas y podemos constatarla en términos de acceso a la tierra, al crédito y a la protección social, por solo mencionar algunos, concluyó la ministra.
Según la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (conocida como ONU Mujeres), el insuficiente acceso a los recursos y los bajos niveles de participación en la toma de decisiones afectan en gran medida a las caribeñas.
En 2006, Portia Simpson-Miller ganó las elecciones en Jamaica y en 2010 lo hizo Kamla Persad-Bissesssar en Trinidad y Tobago, pero el Caribe experimenta una disminución de la presencia femenina en los últimos periodos de gobierno y su labor suele concentrarse en el área social y de cultura.
Pese a ello, las cuestiones de género se imponen paulatinamente en la agenda política de los gobiernos y las organizaciones regionales, destacan reportes de ONU Mujeres.
Países como Dominica, Jamaica, Bahamas, Guyana y San Cristóbal y Nieves desarrollan políticas nacionales de género, mientras Granada, Santa Lucía y Trinidad y Tobago aplican programas de prevención de la violencia doméstica para fortalecer la infraestructura jurídica en ese sentido.
La derogación de leyes que establecían distinciones basadas en el sexo o mayores salarios para los hombres, la aprobación de legislaciones sobre acoso sexual y derecho de familia, y la criminalización de las violaciones cometidas en el matrimonio, constituyen hoy pasos de avance.
También lo son la creación de refugios y servicios de ayuda telefónica, la promoción de tolerancia cero frente a los abusos domésticos y el trabajo directo en las comunidades, aunque la mayor parte de esa labor está dirigida y financiada por organizaciones femeninas.
Uno de los puntos débiles radica en los derechos reproductivos y la insatisfecha necesidad de planificación familiar: pocas naciones antillanas tienen información y recopilan datos al respecto, apunta el Informe Anual 2012 del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
En Haití, el país de mayor problema en el área, cuatro de cada 10 mujeres no tienen acceso a la planificación familiar.
Además, pese a los servicios de consejería y asistencia, a veces las relaciones abusivas no logran romperse y ellas siguen continuamente expuestas, alertó la presidenta de SAVE Foundation, Liesel Daisley.
La especialista informó que más del 25 por ciento de los hogares en Barbados sufren alguna forma de violencia en determinado momento.
Muchas de esas víctimas tienen menos de 14 años y viven en un ambiente familiar muy hostil.
De manera general, alrededor de un 30 por ciento de las mujeres inculpan a sus agresores, aunque los especialistas indican que esas cifras representan solo una fracción de la realidad y son muy numerosos los casos sin registrar por temor o falta de confianza en el sistema judicial, señala la Onudd.
Pero esa tendencia no es exclusiva del Caribe y las estadísticas internacionales reportan un aumento en la tasa de feminicidios y agresiones durante la última década.
*Periodista de la redacción Centroamérica y Caribe de Prensa Latina.
