Yelena Ortega Ferrero - Cubainformación.- La violencia de género en Bolivia no se ha quedado rezagada, la misma registra altos niveles de femicidio, entre 2008 y 2012 existieron alrededor de 450.000 denuncias de las cuales solo 27.000 desembocaron en procesos judiciales.
Bolivia ocupa el segundo lugar en Latinoamérica por casos de violencia contra las mujeres, informó la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera. La activista lamentó que la mujer continúe en estado de indefensión en la actualidad y muestra de ello dijo, que de 2009 a 2012, 511 mujeres fueron asesinadas. La mayoría de las mujeres que quedaron con vida luego de algún tipo de violación no denunció lo ocurrido por miedo al agresor o pena por sí misma.
Según datos oficiales del comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), durante el primer semestre del año 2012 se reportaron, hasta 61.250 denuncias de violencia en contra de mujeres, cifra que solamente en seis meses alcanzaron casi la totalidad de las registradas en el año 2011, significando el 90% de los casos ocurridos en el 2011, lo que demuestra que las denuncias van en aumento. En tanto según datos del CIDEM (Centro de Información y Desarrollo de la Mujer) en base a un monitoreo realizado de los medios se observó que se dieron 97 casos de muertes en los primeros nueve meses de 2012. Del total de casos reconocidos del CIDEM, 62 fueron feminicidio y 35 asesinatos por inseguridad ciudadana.
El pasado 16 de febrero de 2013 la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia urgía a las autoridades de este país a aprobar cuanto antes la ley para proteger a las mujeres de la violencia machista y pedía garantizar la financiación necesaria para su implementación efectiva. La ONU expresó en un comunicado "su profunda preocupación frente a los últimos hechos de violencia ocurridos contra la vida y dignidad de las mujeres".
A pesar de la voluntad política del gobierno de Evo Morales cuya expresión tuvo sus inicios en la campaña por la presidencia, se aprueba un proyecto de ley luego de trágicos acontecimientos que estremecieron a la opinión pública boliviana contribuyendo a que se conformara esta ley. Esta garantiza a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad. La misma tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos.
La misma establece 30 años de cárcel sin derecho a indulto para quienes matan a una mujer, implementa la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, marca la participación de gobiernos subnacionales, define la asignación de recursos especiales en caso de extrema violencia, crea centros de acogida para las mujeres agredidas, entre otros aspectos. La Ley Integral fue aprobada con celeridad luego del asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, quien murió luego de recibir 15 puñaladas de su esposo Jorge Clavijo, hecho que dejó al descubierto la falta de normas y medidas que protejan a la mujer y frenen y castiguen la violencia.
Los costos sociales de la violencia doméstica afectan en gran medida a la familia, pero tiene gran impacto en la sociedad, la mujer deja de participar en actividades cotidianas y se ven limitadas sus fuerzas para cuidar de ellas mismas y de sus hijos, además de disminuir la participación de las mujeres en el mercado laboral, provoca menor productividad en el trabajo y mayor ausentismo, eso sin contar el trauma provocado a sus hijos, que tendrán la elección de vivir el mismo destino de sus padres o cambiar su vida al crear una familia con igualdad de derechos y respeto mutuo.
El silencio o soslayo ante la violencia a los derechos humanos de la mujer por parte de los gobiernos es considerado una amenaza contra la democracia, la paz y la estabilidad de una nación. En el momento que los gobiernos asuman su responsabilidad frente a la violencia contra sus ciudadanas y enfrenten los casos que ocurran con acciones concretas y transparentes comprometidos con la causa, será que lograrán crear una sociedad basada en el respeto a la mujer. Este es un camino complejo para los activistas de los derechos humanos en el mundo, en Bolivia a diferencia de otros países el gobierno respalda a los movimientos que luchan por esta causa, esperemos que otros tantos tengan la misma disposición.
