Ania Terrero - Letras de Género / Cubadebate.- Andrea tiene lo que pareciera “una familia de manual”: sus padres llevan 20 años casados y tiene dos hermanos. Marcos estudia en la universidad, es hijo único, comparte hogar con padres y abuelos. Fernando está con su pareja, Josué, desde hace quince años; su hijo adolescente, de un matrimonio anterior, pasa fines de semana y vacaciones con ellos. La mamá y el papá de Paula llevan tiempo divorciados, cada uno tiene una nueva relación y ella, que termina 12 grado, alterna entre una casa y otra. Darío y Malena, de 8 y 12 años, viven con su abuela, sus padres están de misión médica en el exterior. Carmen y Mariam han estado juntas durante una década, no pueden casarse, tampoco cuentan con opciones para tener niños. Amalia y Alberto son una pareja joven, con una hija en común, y decidieron no empezar un matrimonio.


Viven en Cuba. Conforman hogares reales, heterogéneos, complejos y diversos. Comparten el día a día de un archipiélago que cambia sus dinámicas por obra y gracia del paso del tiempo y la inevitable actualización de su sociedad. Tienen distintos conflictos. Porque, en realidad, no existe “una familia de manual”. La vida presenta, una y otra vez, muchos diseños posibles. A pesar de sus diferencias, necesitan los mismos derechos y deberes. Urge, más que nunca, repensar las normas y rutinas que las definen y condicionan. El manual tiene que incluirla a todas. Reconocer esta realidad cambiante y plasmarla en la nueva Constitución fue apenas el primer paso de un camino difícil.

A pocas horas de la conmemoración del Día Mundial de las Familias, en un momento en el que la felicidad futura se está decidiendo, también, puertas adentro de casa, analizar las circunstancias y desafíos en el contexto cubano de esa célula esencial de la sociedad resulta vital.

No solo urge asumir como válidas las variadas maneras de vivir que presentan hoy las familias cubanas, sino también poner freno a la violencia de género, la reconocer desde la ley a parejas del mismo sexo, definir responsabilidades en la educación infantil o el diseño de políticas en torno al envejecimiento poblacional y el embarazo y matrimonio adolescente. Son asuntos que justifican la demanda de nuevas herramientas jurídicas. La elaboración y aprobación popular de un nuevo Código de las Familias, como parte del calendario legislativo del país para el 2021, podría traer algunas respuestas.

Algunas prácticas implementadas hacen un par de años, como la creación de la sección de familia en los tribunales municipales y la constitución de equipos multidisciplinarios integrados por psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales para apoyaren ellos, fueron antecedentes necesarios para esta discusión. Pero, sin dudas, el reconocimiento a la existencia de “familias” y no de una única “familia”, en la reforma constitucional de 2019, marcó un nuevo modo de entender estos fenómenos de cara a las otras leyes por redactar.

Para Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, la nueva Constitución sienta las bases para un Derecho de Familia más democrático. “En una sociedad plural no puede existir un concepto único y excluyente de familia, identificando a esta, únicamente, con aquella surgida del vínculo matrimonial”, precisó durante la X Conferencia Internacional de Derecho de Familia.

En tanto, Yamila González Ferrer, vicepresidenta de esta Sociedad de la Unión de Juristas de Cuba, asegura a Cubadebate que es necesario mirar el texto constitucional integralmente. Explica como la nueva Carta Magna cubana deja clara “la apertura expresa al reconocimiento y protección de la diversidad familiar”. Igualmente, reconoce la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación por razón de sexo, género, orientación sexual e identidad de género. La nueva norma jurídica también incorpora miradas muchos más amplias a la aceptación y respeto a la diversidad familiar y rompe con la concepción tradicional del matrimonio como forma principal y más importante de constituir una familia.

Estos preceptos, en su interrelación con otros fundamentales del texto constitucional, según la experta, ayudan a comprender su carácter sistémico y la coherencia de la ley de leyes en lo referente al principio de igualdad y no discriminación. Lo más importante, asegura, es que “si esa es la proyección constitucional, los muchos retos en materia legislativa tendrán que ir en consecuencia con los principios y valores que marca”.

En ese camino, concuerdan especialistas, el nuevo Código de las Familias tendrá entre sus principales retos reconocer el matrimonio, y la unión consensual, como alternativas para vivir en pareja y en familia, sin discriminación alguna en su alcance y sin distinción por motivo de orientación sexual. Relacionado con ello, deberá marcar pautas para que familias homoparentales, heterosexuales o con cualquier otra estructura, accedan en igualdad de condiciones a técnicas de reproducción humana asistida y a la adopción.

Además, el documento en proceso prestará atención a distintas formas familiares, existentes en Cuba desde hace años, con escaso respaldo legal que las valide y gestione sus conflictos. Niñas y niños que, por migración o misiones en el exterior, viven solos con sus abuelas y abuelos, quienes no pueden representarlos jurídicamente. Parejas que no han formalizado su unión, porque la ley lo impide o deciden no hacerlo, y son afectadas en la vida cotidiana o en el orden patrimonial y personal ante separaciones o fallecimientos. Parientes privados de comunicarse con menores cercanos, que no tienen la posibilidad de solicitar a los tribunales un régimen de comunicación.

En opinión de Manuel Vázquez Seijido, subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), el nuevo código deberá contemplar la protección a estas diversas formas de organización en plano de igualdad absoluta, sin superponer unas sobre otras. No es casual que el primer cambio sea el nombre del documento: de Código de la Familia, a Código de las Familias, en términos de pluralidad.

Otros asuntos actuales que atenderá son la autorización excepcional del matrimonio de las niñas a los 14 años y los varones a los 16, la violencia intrafamiliar, el cuidado de los adultos mayores y quienes tienen discapacidades y la protección jurídica a las personas cuidadoras. En paralelo, se impone una mirada desde el Derecho a relaciones de poder y desigualdades motivadas por acuerdos económicos que sustentan las familias.

Sin embargo, sostiene González Ferrer, quizás uno de los primeros y mayores desafíos de las leyes que vendrán pasa por dejar de ver a la familia como un espacio privado y reconocerle su alcance público, social y político.

Retos más allá de las leyes

Asumir estas batallas desde el Código de las Familias y otras leyes no será una tarea fácil. Los estereotipos sexistas, que persisten en los entornos familiares, pueden jugarles una mala pasada a los aires de cambio e inclusión. También corrientes de opinión vinculadas a diversos fundamentalismos. Tanto entre quienes elaboran y hacen cumplir las leyes, como en el pueblo que deberá aprobar el nuevo Código en referendo, existen prejuicios que limitan el desarrollo pleno de todas las personas más allá de sus diferencias.

En su tesis doctoral, González Ferrer encontró que entre los estereotipos de género más significativos que persisten en el mundo del Derecho se encuentran “la consideración de que las madres son mejores cuidadoras” y limitaciones “a la comunicación entre padres e hijos, que les impiden participar plenamente de sus dinámicas cotidianas”.

El estudio también comprobó valoraciones más severas “hacia las madres con respecto a los padres, cuando ambos son incumplidores de sus deberes de la responsabilidad parental”; así como la persistencia de mitos y prejuicios vinculados al reconocimiento de los derechos de matrimonio y adopción para las parejas homosexuales, u otros relacionados con la violencia de género e intrafamiliar.

Para la psicóloga Patricia Arés Munzio, los imaginarios colectivos en torno a las familias cubanas se construyen hoy desde dos visiones contrapuestas: las conservadoras y negativas, frente a las progresistas y positivas. Las primeras giran alrededor “de la defensa del modelo de familia nuclear conyugal y heterosexual” y consideran que existe cierta desarticulación de la familia, su desmembramiento, desmoralización y degradación de valores. Las segundas, en tanto, destacan que existe un reconocimiento, aceptación y respeto a las diversidades familiares.

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG-2016), desarrollada por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), son reveladores en este sentido. El 77 por ciento de las personas interrogadas estuvo de acuerdo en que las personas homosexuales deben tener iguales derechos que las demás.

Sin embargo, solo el 49,1 por ciento estuvo de acuerdo en parte en que podían casarse. En tanto, alrededor del 50 por ciento de la muestra estuvo en contra de que parejas homosexuales, tanto mujeres como hombres, aunque ellos con una cifra un poco mayor, pudieran adoptar. Más allá de consideraciones generales, no hay consenso en que estas personas cuenten con derechos específicos como el matrimonio o la adopción.

Queda claro que la lucha por la igualdad de derechos al interior de las familias cobra vital importancia para la comunidad LGBTQ que, como resultado de la discriminación por motivos de orientación sexual persistente en el país, sufre las consecuencias más intensas y directas de no tener leyes que la ampare. No por gusto en el marco de la actual Jornada contra la Homofobia y la Transfobia, impulsada desde el Cenesex, se dedicaron espacios virtuales específicos para desmitificar los prejuicios asociados a sus dinámicas familiares.

En uno de estos debates, la doctora Arés explicó que, a partir de una serie de investigaciones que dan cuenta de las fortalezas y debilidades de diferentes tipos de familia, se ha determinado que las homolesboparentales no marcan diferencias en cuanto al desarrollo normal de su descendencia y tampoco su funcionalidad se ve afectada por el hecho de la orientación sexual.

“El problema aquí no es la orientación sexual, sino la cultura homofóbica, que hace complicada la relación con la familia de origen y con el normal ajuste social que implica aceptación y normalización”, añadió.

La psicóloga ha explicado que, junto a las acciones en materia jurídica, es necesario un trabajo educativo que vaya creando sensibilidad social y un mayor respeto a la diversidad. “No basta con que aparezca en el Código, es necesario mover conciencias e ir desarticulando argumentos”, apunta.

González Ferrer, en su investigación, concluye que cualquier reforma al sistema jurídico cubano debe estar acompañada de una estrategia de género, armónica e integrada, que contribuya a eliminar estereotipos machistas muy arraigados, incluso, entre quienes imparten justicia.

Fortalecer la gestión de la información y el conocimiento para potenciar la igualdad y cerrar brechas de género en la aplicación e interpretación del Derecho; ejecutar transformaciones legislativas con perspectiva de género que promuevan la igualdad efectiva; generar una estrategia de comunicación que contribuya a la cultura jurídica desde estos enfoques; asegurar condiciones de trabajo, salud laboral y conciliación de la vida familiar y laboral con igualdad de género y, finalmente, evaluar su implementación de forma sistemática, son cinco objetivos claves en este sentido, que la investigación de la jurista defiende.

En definitiva, enfrentar el desafío legal y cultural que implica proteger a todas las familias en su diversidad exige que, tanto especialistas del derecho como de la psicología, la sociología, la demografía y otras ramas afines, unan fuerzas y construyan una visión inclusiva, cada vez más plural, que parta de las leyes y se refleje en toda la sociedad. La familia tiene que confirmarse, ahora más que nunca, como espacio de afectos, respeto, solidaridad y equidad.

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