Laia Serra. / Foto tomada de Píkara Magazine

Andrea Liba - Pikara Magazine.- La abogada feminista Laia Serra elaboró un informe sobre violencias de género en línea, que fue presentado en el Congreso de los Diputados, junto con Pikara Magazine, Calala y FrontLine Defenders, para exigir responsabilidades y respuestas institucionales. Charlamos con Serra sobre el estudio realizado y el acoso que sufren las mujeres y la comunicadoras feministas en redes sociales.


¿Qué es lo novedoso del informe?
Hasta la fecha había informes que se hacían desde una lógica activista y otros desde una vertiente más tecnológica, formal o institucional, desde grandes organismos como Naciones Unidas o instituciones europeas. Pero aquí se intenta hacer una síntesis de las recomendaciones oficiales internacionales y de los saberes activistas para extraer las máximas consideraciones acerca de las violencias digitales. Además, las violencias en línea ofrecen el potencial de visibilizar de una manera muy clara que las violencias machistas son violencias políticas. Muchas veces, cuando hablamos de otras tipologías de violencia, siempre quedan más reducidas al terreno subjetivo del caso concreto. En cambio, en las violencias digitales es mucho más perceptible toda la reproducción de patrones y de roles sociales que hay y que utilizan estas violencias para acallar y subyugar a las mujeres.
En el informe hay un apartado que se dedica a la vulneración de derechos fundamentales, cuando se habla de libertad de participación, libertad de expresión, libertad ideológica, que son como los grandes ejes que se ponen en cuestión en las violencias digitales; más allá, evidentemente, de la dignidad, de la libertad individual, del bienestar físico y psíquico. Esta manera de visibilizar cómo se afectan los derechos fundamentales era una manera de politizar estas violencias y de enmarcarlas en todo este entramado de dinámicas sociales que hacen que las mujeres estemos fuera de la ola política de participación. Esto me parecía clave.

En el informe analizaste legislaciones internacionales en la materia. ¿Qué hay en ellas de interesante que se pueda aplicar?
Las violencias digitales están bastante diferenciadas de muchas otras, tienen un carácter transnacional muy marcado, un efecto de multiplicación muy notable. Las formas de violencia evolucionan mucho más rápido que la legislación que pueda regularlas. Son violencias de carácter político, que emplazan a las instituciones a replantearse su manera de actuar poniendo el foco en la prevención, y que tienen otra virtud, la de responsabilizar a la colectividad en general.
Tenemos que asumir como mujeres, como Estado y como comunidad que ninguna red captura el mar. Son tantas, tan rápidas, tan diversas, tan diseminadas estas violencias que, o bien existen estrategias de empoderamiento de las mujeres y de respuesta organizada y existen estrategias que hagan responsable a cada quien del uso de sus redes sociales, o esto no va a poder ser eliminado solo con respuestas sancionadoras delegando en el Estado el atajo de estas violencias. Donde falla el Estado, nosotras tenemos que desarrollar la máxima creatividad, la máxima eficiencia, la máxima estrategia para acabar con esto.

Cuando una mujer vive una situación de violencia y acude a las instituciones, espera encontrar algún tipo de respuesta de la jurisprudencia. ¿Hay alguna sentencia interesante que pueda abrir camino?
Hay precedentes jurídicos y en el estudio se analizan los diferentes delitos que hay en el Código Penal (CP) aplicables a estas violencias. Pero el CP y las investigaciones tienen limitaciones. Cuando, por ejemplo, un delito es cometido con un perfil de Twitter que no va vinculado a un usuario del que se puedan obtener los datos, esto va a caer en saco muerto. También hay tipos de violencias que están a caballo entre distintos delitos o, incluso, que son conductas no contempladas en el CP y, por lo tanto, no puede responder. En las violencias que se denuncian que sí que encajan en un delito y que sí hay un usuario identificable, no identificado necesariamente, sí se puede dar una respuesta institucional. De momento, a priori, son respuestas no siempre eficientes. Hay que pensar muy bien, a la hora de denunciar, si se está dispuesta a dedicar tanta energía a recorrer este camino, o si, al revés, otras estrategias pueden ser más rápidas, efectivas o compensatorias.

En caso de que el Congreso tome en consideración la queja registrada, ¿qué se espera?
Hay varias consecuencias que marcamos como prioridades. Por un lado, la modificación en algunos apartados del CP para introducir o penalizar, por ejemplo, la usurpación del estado civil (suplantación de la identidad) en redes sociales. Otra prioridad es hacer evaluación de las violencias en línea.
El Estado podría dedicar una investigación oficial a ver qué tipo de perfiles están generando estas violencias, los impactos económicos, los impactos en bienestar y salud mental, cuántas mujeres son agraviadas, qué tipología de mujeres, con qué edades, si se puede acuñar o si las tipologías de violencias que se dan en el Estado español coinciden con las que se dan en otros países, etc. Lo digo porque, por ejemplo, cuando yo tengo que plantear un proceso judicial concreto, si no tenemos evaluaciones oficiales de los daños y la repercusión que esto genera, ¿cómo voy a pedir compensaciones si no hay un parámetro más o menos consensuado? Y, además del registro y la estadística, se tendría que hacer análisis con perspectiva de género. Cuando un hombre ejerce violencia hacia una mujer, hay una parte de violencias analógicas, y hay otra parte de violencias digitales. Todos estos vacíos y carencias son medidas concretas que se pueden desarrollar.

Hablábamos de redes sociales. ¿Qué papel tienen las empresas de internet (Facebook, Twitter…)?
Como no siempre hay definiciones consensuadas internacionalmente, las empresas acuñan por su cuenta qué conceptos de violencia tienen. Y esto tiene que ver no solo con la violencia hacia las mujeres, sino con otros ejes de opresión como el tema de la racialización o de la diversidad funcional. ¿Qué ocurre? Como Facebook puede argumentar que en cada país hay una regulación de la libertad de expresión y de previsión de la discriminación y de las violencias distinta, entiende que tiene legitimidad para acuñar sus propios parámetros. Claro, son unos parámetros no coherentes con las recomendaciones internacionales y que obedecen a una estructura de lucro y moral.
Hay diferentes denuncias por las activistas de qué valores se están reproduciendo por parte de estas plataformas a la hora de censurar unos discursos sí y otros no. Aquí también se da un fenómeno que hemos venido denunciando y que es la despolitización de las categorías. Por ejemplo, ¿tiene sentido proteger la categoría “raza” y que esté igual de prohibido que yo diga “pepito es un blanco de mierda” a que yo diga que “pepito es un negro de mierda”? Estas grandes empresas funcionan con estas categorías pretendiendo ser categorías asépticas, neutras, objetivas, homologables. Y, al final, lo que están es despolitizando toda esta serie de agresiones y que realmente los mecanismos de denuncia que hay no están a la altura a nivel de facilidad, de traducción a distintos idiomas, de opciones, de rendición de cuentas, de comprensión de los criterios de selección, de cómo están siendo tramitadas las denuncias que tú haces…
Entonces llegamos a un callejón sin salida en el que las empresas tecnológicas no dan respuesta a estas violencias de una manera adecuada, los sistemas legislativos tampoco, y esto es lo que explica los altos índices de impunidad que hay de las violencias. Está claro que una gran parte de violencias que nunca puedan ser judicializadas o neutralizadas con mecanismos institucionales, pero se podría hacer mucho más.

Uno de los tipos de violencia más notorio en redes sociales es el acoso. ¿Por qué parece que este tipo de violencia es ignorado desde el punto de vista jurídico?
Yo creo que hay mucha más sensibilización o identificación de qué es lenguaje violento. Si yo empiezo a acosar a una activista antirracista, que además es negra, no va a haber dificultad a escala de la sociedad civil ni de la judicatura para entender que eso es un acto de racismo. En cambio, con las mofas, las ridiculizaciones, los cuestionamientos que se hacen a mujeres, hay mucha más dificultad para que sea leído como un acto de violencia, además machista. Las violencias hacia las mujeres están normalizadas, gozan de una indiferencia y de una aceptación social, hay todo un background de roles de género que forma parte de la socialización y de la cotidianidad que las mujeres seamos castigadas.

Has podido charlar con algunas compañeras comunicadoras que han sufrido acoso a través de redes sociales. ¿Qué les recomiendas?
En primer lugar, es muy importante preservar la prueba. Hay herramientas de certificación digital muy ágiles y fáciles de utilizar que permiten que si cualquier día decides emprender acciones legales, tengas esa prueba asegurada antes que el emisor la borre. En segundo lugar, recomendaría dar permiso para actuar de la manera que considere oportuna. No hay una fórmula única y las mujeres que tenemos más exposición pública a veces nos sentimos interpeladas a defendernos de cualquier ataque, precisamente porque entendemos, en esta red de la que formamos parte, que la respuesta que demos nosotras va a beneficiar también al resto del colectivo de mujeres y eso a veces nos encorseta en la respuesta.
Una tiene que responder a las violencias que recibe cuando quiera, cuando tenga energía y de la manera que considere oportuna. No tenemos que demostrar nada a nadie ni tenemos que vernos obligadas a emprender cruzadas heroicas contra todas las violencias que nos infligen. También es importante analizar cuál es la mejor estrategia. Hay veces que la solidaridad hace que la mujer violentada todavía sufra más exposición, más represalias o más violencia. Por lo general considero que, a menos que sea una situación muy límite de riesgo para la integridad física, hay que valorar cómo ser más efectivas: con la denuncia o con estas respuestas que nosotras mismas tenemos a través de campaña en redes sociales, a través del humor, artículos de opinión. La clave es educar en esta conciencia de solidaridad activa en la violencia en las redes, de la misma manera que fuera de las redes se ha ido acuñando una conciencia social de que las violencias son responsabilidad de todas.

¿Cómo se pueden articular estrategias de autodefensa colectivamente?
Es importante tener presencia en redes sociales, porque gran parte de nuestra participación política es la construcción de discurso, generar opinión en momentos clave. Y hay que estar alerta a qué mujeres de nuestro entorno pueden estar sufriendo estas violencias y que, cuando sucedan, tengamos toda esta reacción y protocolos, formales incluso, en los que cada quién sepa lo que tiene que hacer y tengamos los mecanismos para alzar nuestra voz sabiendo qué necesita la mujer agraviada y cómo vamos a preservar su privacidad para no exponerla más. Hay que generar una pedagogía muy importante para que las redes sociales dejen de ser consideradas una cosa menor o de un impacto menos lesivo de lo que son las violencias analógicas. Creo que en un periodo muy breve de tiempo esto va a cambiar completamente. Estamos ya desde los colectivos de mujeres trabajando en estas herramientas de respuesta colectiva y yo creo que esto va a ser muy rápido. Y el paso que viene después es que, cuando nosotras tengamos claro un protocolo de respuesta, incluso las empresas de internet van a tener que tomar en consideración que estas respuestas se están dando y que tienen que adaptarse.

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