Lirians Gordillo Piña - Revista Mujeres / Foto: Bohemia.- Investigaciones cubanas e historias de vida demuestran el impacto de los prejuicios patriarcales y homofóbicos en los derechos de familias diversas. Esa realidad debe cambiar de acuerdo con lo estipulado en la nueva Constitución de la República.

El jurista Manuel Vázquez Seijido, subdirector de Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) afirmó que el nuevo texto constitucional “le ha asestado un duro golpe al sistema patriarcal”.

Las transformaciones en el capítulo III correspondiente a “las familias”, y sus artículos 81 y 82, entre otros, mandatan el reconocimiento de la diversidad familiar y flexibilizan la concepción del matrimonio.

Respecto al matrimonio el abogado explica que “la fórmula jurídica utilizada destierra la alusión al género de los sujetos y solo reconoce que es una institución social y jurídica, fundada en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges”.

Seijido dijo a Mujeres que “el propio artículo aclara que la institución matrimonial es una de las formas de organización de las familias y, por tanto, no la única, rompiendo con la idea de que las familias deben constituirse a partir del vínculo jurídico generado por el matrimonio”.

Los artículos mencionados, afirma, se encuentran blindados por valores constitucionales medulares para el disfrute pleno de los derechos de todas las personas.

Para hacer efectivos estos derechos necesitan cambios legales y también cultura jurídica de la población y de operadores del derecho; en el caso específico de las parejas homoafectivas su no reconocimiento en normas y protocolos, junto a los prejuicios sociales, limitan su acceso a técnicas de reproducción asistida y la adopción.

Existen opiniones que invocan el interés superior del niño para negar el derecho a la reproducción asistida y la adopción a personas homosexuales. ¿Qué responderías a esos argumentos?

Es muy curioso, porque justamente ese principio, contenido en el artículo 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño, es uno de los resortes fundamentales para garantizar el derecho a la adopción por parte de una persona o parejas no heterosexuales y el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida. En primera instancia, se trata de proteger a niños, niñas y adolescentes y brindarles la posibilidad de un entorno seguro, saludable y en el que pueda cubrir sus necesidades básicas; este entorno puede ser brindado tanto por personas heterosexuales como por personas con sexualidades no hegemónicas.

Numerosas investigaciones en los últimos 25 años han demostrado que las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no influyen negativamente en el proceso de crianza y que las personas LGBTIQ+ tenemos las mismas capacidades que las personas heterosexuales para amar, proteger y educar a hijas e hijos.

Obviamente, así como existen personas heterosexuales que no tienen las condiciones personales para asumir la maternidad o la paternidad, también hay personas LGBTIQ+ que, por distintas razones, tampoco pueden hacerlo; de lo que se trata es de no invalidar la posibilidad de formar una familia (por la vía que sea) basándonos en el prejuicio asociado a las sexualidades no hegemónicas, sino de observar las capacidades de las personas para asegurar o garantizar el bienestar de sus hijos e hijas.

Comprender lo anterior implica desarticular un grupo de prejuicios que sostienen la lógica patriarcal de nuestras sociedades y que impactan nuestras vidas. Tenemos que ser capaces de, a través del diálogo y la educación, generar los cambios culturales que posibiliten esa desarticulación. Resulta completamente incomprensible que las realidades existentes en familias compuestas por madres y padres heterosexuales que maltratan a sus hijos e hijas sean omitidas o asimiladas y de alguna forma aceptadas y que se intente acuñar como problema las orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género de las personas para formar una familia.

Son precisamente los prejuicios los que desde mi punto de vista sostienen estos y otros posicionamientos carentes de toda razón o evidencia científica, son estos prejuicios los que impulsan situaciones de exclusión y vulneración de derechos.

¿Qué lugar tienen los prejuicios en el reconocimiento de los derechos y la ley? ¿Cuánto influyen o cuánto no debieran influir?

Los prejuicios entrañan un tremendo peligro para cualquier proceso de emancipación, para cualquier proceso que, como la Revolución cubana, intente conquistar el mayor grado de justicia social. Un proceso emancipatorio implica, necesariamente, trastocar la lógica del patriarcado como sistema opresor, pero no podemos ser personas ingenuas, el patriarcado va a intentar reproducirse y resistirse al cambio y sus armas más poderosas son los prejuicios.

Otra idea importante es que los prejuicios penetran en cualquier espacio, hay personas con altos grados de instrucción y múltiples prejuicios, también los podemos ver en personas que toman decisiones políticas a distintos niveles, que prestan servicios públicos, que enseñan en nuestras escuelas y universidades, que administran justicia, en personas jóvenes, entre otras. Los prejuicios se instalan a partir de procesos de socialización que se dan a lo largo de nuestras vidas, la buena noticia es que, así como se aprenden, también pueden deconstruirse y que, en nuestro caso, el sistema de educación a todos los niveles -publico, gratuito y universal- debe y puede ser el principal aliado.

Visto lo anterior resultaría muy fácil comprender el impacto nocivo de los prejuicios tanto en la generación de normas jurídicas como en aplicación de las mismas una vez puestas en vigor.

Qué impactos positivos tendrían para la sociedad cubana y su proyecto socialista el reconocimiento y el ejercicio pleno del derecho a conformar una familia; el reconocimiento legal de las familias homoparentales y el acceso sin discriminación a la reproducción asistida y la adopción.

En varias ocasiones he planteado que el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexualtes, trans, intersexuales y queers) en Cuba es una urgencia a la vez que una necesidad y que ello es consustancial a la esencia del proceso emancipatorio y de justicia social que se construye en nuestro país; lo contrario sería mutilarlo y negar el carácter socialista del mismo.

La Revolución cubana puso en el centro de su estrategia de desarrollo a las personas y ello implica reconocer y garantizar sus derechos, lo que no debe en modo alguno ceñirse solamente al bienestar económico, sino que se deben garantizar cuestiones básicas para la dignidad humana, para el desarrollo pleno de la personalidad.

El reconocimiento y garantía de estos derechos contribuirán, sin duda, a la erosión del patriarcado en nuestra sociedad y al proceso de construcción de un socialismo basado en la igualdad, la equidad y la justicia social.