Red Semlac / Imagen tomada del perfil de Facebook de la entrevistada.- Registrar las muertes violentas de mujeres permite, en primera instancia, visibilizar un fenómeno que se suele asociar con algo que sucede en la esfera privada y que, por tanto, “debe mantenerse en ese ámbito de lo privado”, que es a su vez lo silenciado, lo oculto y refuerza la idea de que no existe. La realidad nos dice que esas muertes sí ocurren y la ausencia de datos publicados, el espacio que estos ocupan en los distintos canales de información, es lo que refuerza esta invisibilización. Así lo asegura Delia Rosa Suárez Socarrás, especialista del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), al comentar sobre un fenómeno que no es posible caracterizar en el país en toda su dimensión, ante la carencia de datos públicos.
¿Por qué distinguir entre femicidio y feminicidio en Cuba?
Es necesario establecer las distinciones conceptuales que existen entre un término y otro. Es tan relevante establecer esas distinciones porque implica, a su vez, colocar cuál es la posición que tiene el Estado cubano respecto a las muertes de mujeres por razones de género. No es una cuestión menor poder tener una aproximación teórica en el país y, entre las personas que nos dedicamos a los estudios de género y de violencia basada en género, tener claro qué entendemos por femicidio y qué estamos entendiendo por feminicidio, pues además permitirá una mayor claridad y eficiencia en las futuras políticas públicas que se establezcan a nivel nacional para abordar la temática.
¿Qué importancia tiene registrar las muertes violentas de mujeres y visibilizarlas?
Es la forma de conocer su incidencia y de poder caracterizar el fenómeno. Caracterizarlo nos permite, en alguna medida, generar estrategias para la identificación, prevención y el abordaje, de modo que puedan ser más efectivos.
Uno de los principales desafíos es, en principio, poder contar con toda la información posible. La data que está disponible se centra en la mortalidad por causas violentas que recogen los anuarios estadísticos de salud, lo cual, si bien sí está desagregado por sexo, no permite hacer un análisis de los microdatos, ni permite saber cuál de esta mortalidad femenina por causas violentas tiene su base en género. Ahí hay un primer desafío, poder develar más información al respecto.
¿Otros desafíos para registrar la muerte violenta de mujeres?
Un segundo desafío es la necesidad de un registro único de violencias basadas en género para Cuba, que articule de manera eficiente los esfuerzos que se hacen desde diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil para abordar la temática de las violencias basadas en género y, de forma específica, la mortalidad femenina por causas violentas.
Asimismo, la formación de los y las profesionales que se encargan de la recopilación de los datos y el posterior procesamiento. Lo que nos hemos encontrado es una ausencia de esa sensibilidad de género para la recogida de la información y su procesamiento, lo cual condiciona que los datos que encontremos carezcan de una perspectiva interseccional, para posteriormente poder abordar las situaciones de violencia.
Otro desafío es la publicación misma que se hace en redes sociales sobre situaciones de muertes violentas basadas en género y su presunción. Digo presunción porque muchas veces no existe claridad sobre toda la información, pero igual se publica en redes sociales, igual se viraliza, en muchas ocasiones violando códigos de ética y privacidad de las mujeres víctimas y de las familias de esas mujeres.
¿Qué rol tiene la ciudadanía, los especialistas, las instituciones en recopilar todos esos datos?
Respecto al rol que tenemos como ciudadanía para este asunto, diría que es fundamental que todas las personas estemos formadas, al menos para poder identificar y orientar respecto a qué hacer en situaciones de violencia basada en género. Sin embargo, hay que señalar que esta es una responsabilidad estatal a la que, como ciudadanos, podemos contribuir, pero sin olvidar lo primero.
Esa necesidad del sistema de registro único es algo que, si bien puede ser propuesto por organizaciones e instituciones, tiene que emerger de la voluntad política del Estado, que ha sido explícita en cuanto a una posición de tolerancia cero respecto a todas las formas violencia de género. Ahí tendríamos un punto de inicio, la posibilidad real de establecer ese sistema de registro único, que condense toda la información, que sea lo suficientemente extenso para poder hablar de la mortalidad femenina por causas violentas de todas las mujeres y que sea basada en género. Y cuando digo de todas las mujeres insisto en que no desconozca la realidad de mujeres lesbianas y mujeres trans, que también son víctimas de violencia de género y mueren por situaciones de violencia de género.
Para mí lo fundamental es eso, que la voluntad política del Estado se exprese de manera concisa en acciones, a las que luego todos podremos contribuir, pero que tienen que partir de ese lugar.
Las instituciones tenemos un rol fundamental en la generación de resultados científicos, en su socialización, en estos procesos de ejercer presión para que la ciencia sea escuchada, para que el conocimiento científico sirva para la toma de decisiones políticas, e impulsar estrategias como esta, una entre muchas otras que podemos impulsar.
Las organizaciones y grupos que forman parte de la sociedad civil, aunque no cuenten con personalidad jurídica, también tenemos una responsabilidad grande en la recopilación de datos, en realizar un proceso de auditoría de cómo se están recogiendo; de cómo algunas mujeres estamos quedando visibilizadas, perdidas allá dentro; de cómo el microdato está siendo algo tan necesario para poder llevar a cabo políticas a un nivel micro y, sin embargo, no contamos con él.
A ello se suma la necesidad de contar con profesionales formados para el registro de la información y su procesamiento. Eso también nos corresponde a las instituciones, organizaciones y a la ciudadanía de manera general; contribuir a esos procesos de formación y capacitación de profesionales para que realmente los datos que recojamos y procesemos sean luego de posible utilización para la toma de decisiones políticas.
Hay una agenda legislativa que incluye el PAM, el Código de las Familias, el programa de atención integral a la violencia de género. ¿Cómo podría contribuir al registro de estos casos y sobre todo a la prevención y protección oportuna de las víctimas?
Este cuerpo legislativo está dando cuenta de que, efectivamente, existe una voluntad política por parte del Estado para abordar las violencias basadas en género. Sin embargo, ya estamos en el punto de empezar a aterrizar esta voluntad política en acciones concretas. El Programa nacional para el adelanto de las mujeres (PAM), por ejemplo, tiene un área referida a investigación y producción de datos en la que hay que incidir, sin lugar a dudas. Eso es algo en lo que tenemos que volcarnos tanto instituciones como sociedad civil y ciudadanía, para retribuir esa información. La Federación de Mujeres Cubanas tiene un rol esencial en la recopilación de datos, en entrar en diálogo científico y académico con quienes nos estamos dedicando a estos estudios y con las personas que, desde sus historias de vida, es mucha la riqueza que pueden compartir al respecto.
Estamos hablando de un asunto que es prevenible, como son prevenibles otras situaciones de desigualdades sociales en el país, y eso tenemos que revisarlo. Hay que ver esa estructura que existe y opera para la identificación y prevención de las situaciones de violencias basadas en género, dónde se está quebrando para que la mortalidad femenina por causas violentas basadas en género llegue a ocurrir. Es algo que hay que revisar tanto a nivel nacional como local, identificar dónde están esas brechas para poder transformarlas de una manera crítica y que, a la larga, ello redunde en un beneficio para las mujeres, lo que significa un beneficio para la sociedad de manera general.
