Red Semlac.- El maltrato contra las personas mayores es un problema familiar, social y de salud pública. ¿Cómo se
manifiesta en Cuba? ¿Qué fortalezas y desafíos se derivan, en este caso, a partir de la aprobación del Código
de las Familias? ¿Cómo atenderlos? Para responder a estas y otras interrogantes, No a la Violencia invitó a
tres profesoras de la Universidad de La Habana: la socióloga y demógrafa Marbelis Orbea, del Centro de
Estudios Demográficos (Cedem); la psicóloga Teresa Orosa, presidenta de la Cátedra del Adulto Mayor, y la
jurista Joanna Pereira.

¿Cuáles son las principales manifestaciones de violencia contra las personas mayores?

Marbelis Orbea: Creo que las manifestaciones de violencia hacia las personas mayores en la actualidad se disfrazan de muchas formas. Las generaciones más jóvenes ya identifican mejor algunas de estas manifestaciones, no así la generación más longeva, que piensa que violencia solo es la física, expresada mediante golpes o empujones. Sin embargo, constantemente escuchamos de personas mayores expropiadas de sus bienes materiales o a las que se les retira su chequera, convirtiéndolas así en dependientes económicamente, por solo citar algunos ejemplos. Ahí estamos en presencia de violencia económica.

En otras ocasiones, sus opiniones no son tomadas en cuenta o son subestimadas al momento de tomar decisiones importantes dentro del hogar. Así mismo, en la familia les hacen sentir que en esta etapa de la vida solo son útiles para «hacer mandados» o cuidar de los nietos. Todo ello les causa depresión y baja autoestima, consecuencia de lo que se conoce como violencia psicológica. Otro punto es que también existe violencia hacia las personas mayores por omisión. Se observa en la inmensa cantidad de casos en los que las familias las abandonan o se desentienden de ellas, sin preocuparse por su manutención o de solventar otras necesidades espirituales, como pueden ser la comunicación y la compañía.

Teresa Orosa: Lo primero que habría que decir es que esta violencia es muy diversa, porque están los maltratos de carácter físico, pero también el maltrato de carácter emocional o psicológico. Por otra parte, se habla del abuso cuando se parte de una violencia en la que hay beneficio hacia alguna persona y que su práctica se manifiesta a través del abuso sexual y, sobre todo, del abuso patrimonial. Pero también están las formas de negligencia más vinculadas hacia el tema de los cuidados, que aparecen con mucha fuerza, y también a lo que le llaman una violencia blanda, invisible, que parte de las diferentes manifestaciones del edadismo, como formas de discriminación por edad. Se le dice blanda en el sentido de que puede provenir desde las llamadas buenas intenciones, pero de cualquier forma también constituye una forma de violencia contra la persona mayor o contra la imagen de la persona mayor.

Joanna Pereira: Desde el punto de vista jurídico, hay que comenzar por la normativa internacional. O sea, no mirar las manifestaciones de violencia en sí, sino cómo se reflejan en la norma la protección contra la violencia hacia las personas adultas mayores. Es el caso de la Convención Interamericana de 2015 de la Organización de Estados Americanos, (OEA), de la cual Cuba no es signataria, obviamente, pero nos sirve como referente desde el punto de vista doctrinal, porque es el primer instrumento de derechos humanos específicos para este grupo y que además se dice que es el preámbulo del que ya se está negociando en la ONU. Esta convención reconoce que las personas mayores tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que todas las personas, para no verse sometidas, además, a ninguna discriminación por razón
de edad, ni ningún tipo de violencia. O sea, desde la propia exposición de motivos está reconociendo el tema
de la violencia como algo trascendental.

Es importante precisar que cuando hablamos de violencia contra la persona adulta mayor, esa violencia puede ser por acción o por omisión. O sea, tanto porque ejerzo acciones directamente contra esa persona como porque dejo de hacer lo que debía de hacer para que la persona adulta mayor pueda, precisamente, ejercer sus derechos. Porque si no se crean esos entornos accesibles y si no se facilita su participación en la toma de decisiones, en definitiva, pues realmente no estaremos solucionando el problema. Por otra parte, cuando se habla de una violencia por omisión, por ejemplo, la negligencia, el abandono de ese adulto mayor, esas también son formas de violencia y distinguirlas es muy importante. Se suele ver más fácil la violencia contra niños, contra mujeres, que contra la persona adulta mayor. De hecho, existen en la actualidad muchos procesos en los tribunales, en distintas materias, en que se busca la construcción del interés superior del niño, pero resulta más difícil visualizar y encontrar procesos dirigidos a proteger a las personas adultas mayores.

En primer lugar, porque pocas veces estas personas adultas mayores acuden a formular denuncias en este
sentido, porque les da pena, porque estarían actuando contra sus propios hijos, contra sus propios familiares
y no lo ven como que deba ser algo que resuelvan los tribunales, ni las instituciones; sino que quisieran y
tratan de que se resuelva en el seno de la familia. Pero la realidad –y es a otro gran desafío– es que hay que
buscar las vías y los mecanismos de materialización de los derechos.

¿Cuáles son otros desafíos para Cuba en este sentido?

MO: Respecto los desafíos de Cuba para prevenir la violencia en este grupo de edad considero que uno de ellos es empoderarlo. Dotar a las personas mayores de conocimientos acerca de sus derechos legales y sociales. Así mismo, educar y sensibilizar a personas de edades más jóvenes para asumir en paz, con amor y respeto la convivencia intergeneracional.

TO: Al igual que en el mundo son todavía enormes esos desafíos, en el caso nuestro, si bien tenemos una fortaleza que proviene de una cultura con tendencia a la inclusión, sobre todo en el ámbito familiar, de las personas mayores; esta inclusión, cuando existe, todavía es con tendencia paternalista y “abuelando” o infantilizando el trato. En general, en nuestro país existe todavía una genofobia considerable y, por supuesto, el principal desafío está en visibilizar por dónde va el tema para poder realizar acciones coherentes con respeto a los cambios de paradigma acerca de la edad en sentido general. Pienso que nos queda mucho por hacer partiendo de esa visibilización y de todo un programa o una suerte de campaña dirigida hacia la no violencia hacia la persona mayor y hacia las muy diversas manifestaciones que esta tiene en la actualidad.

JP: Los mayores desafíos están en torno a la toma de conciencia sobre la importancia del envejecimiento activo y la comprensión, por parte de las personas, de que debemos dejar actuar a los adultos mayores, debemos respetarles sus voluntades y preferencias hasta el último momento en que puedan ser capaces de tomar esas decisiones. Ocurre muy parecido con los niños, la única diferencia es que normalmente los niños, como están empezando la vida, son fuentes de amor, de atención. Es verdad, no se les respeta su autonomía progresiva, pero sí se les quiere, se les cuida. Sin embargo, con la persona adulta mayor, que ya ha vivido una serie de años, como normalmente lo que va es hacia la pérdida de actitudes y de facultades, no hacia la adquisición, como ocurre con los niños, normalmente no se les trata igual. Son personas que también están enfermas, requieren cuidados y muchas veces sufren de dependencia, lo cual propicia directamente que no se les respeten esas voluntades y preferencias; que se tomen decisiones por ellas. Los mayores desafíos están en torno a la toma de conciencia en todos los ámbitos, empezando por el de la salud, que es uno de mucha interacción para ellas; hasta ámbitos como el judicial. Lo otro es lo relacionado con el entorno accesible. Siempre que logramos garantizar un entorno accesible en las tres dimensiones de la accesibilidad: comunicación información y movilidad, pues entonces vamos a tener semi ganada la batalla, porque vamos a propiciar que, desde el propio entorno, la persona pueda participar.

El Código de las Familias recientemente aprobado posiciona derechos en este ámbito. ¿Son suficientes? ¿Qué otras acciones habría que tomar?

MO: El Código de las Familias es un instrumento sumamente avanzado y progresivo respecto a muchos temas, incluida la atención a las personas mayores. Creo que en él se sientan las pautas fundamentales para transitar por el camino de la justicia y el reconocimiento de las personas mayores, también como sujetos de derechos. Falta hacer que dichos derechos se cumplan y para quienes los transgredan, que sean penalizados. Siento así: el marco jurídico debe actuar con más fuerza.

TO: Si, ciertamente, el Código posiciona derechos en el ámbito familiar, pero a mi criterio todavía no son suficientes y habría que tomar otras acciones. Desde el Código de las Familias los abordajes se encaminan a la protección en el entorno socio-familiar, pero la violencia contra las personas mayores es de carácter macro-social, más allá del entorno socio-familiar, y abarca posiciones vinculadas a la exclusión de la persona mayor, que ya eso constituye una forma de violencia y que habría que, efectivamente, tomar acciones que vayan hacia un mejoramiento, hacia una mayor accesibilidad, hacia una mayor amigabilidad de los entornos, en la comunidad, por ejemplo y, a nivel más macro, desde el punto de vista arquitectónico, mayor suficiencia económica, espacios de desarrollo.

No solamente hacen falta miradas de protección, sino también de desarrollo y participación, donde prime la mirada de inclusión y no ocurran espacios de exclusión como lo son constantemente convocatorias, por ejemplo, donde se parte de tener determinada franja de edad para poder participar en algo, totalmente incoherente con el llamado que se está haciendo constantemente hacia la inclusión de la persona mayor. Una posibilidad es la de visibilizar, sobre todo en época de y posterior a la pandemia, la vulnerabilidad, que no es homogénea, ni que tampoco es para toda la vida. Esa acción de campaña mediática debe partir desde lo importante que es el componente de la coherencia entre la imagen y lo que se expresa con respecto a la edad. En el plano del humor, por ejemplo, se hace mucha obra todavía donde se confunde el humor con la burla hacia las personas mayores y se cree que se está haciendo algo que incluye, pero desde la burla se excluye a la persona mayor. Es decir que, si bien es un gran propósito todo lo que cubre el Código de las Familias, todavía no es suficiente porque la violencia desborda el entorno socio-familiar.

JP: El Código de las Familias sí ha establecido nuevos derechos porque, precisamente, por ejemplo, habla del entorno accesible, habla de los derechos de los abuelos, habla del respeto a las decisiones de las personas adultas mayores. Ahora lo que toca es la toma de conciencia y el cumplimiento de ellos. O sea, el Código de las Familias puede ser, y de hecho es una bella obra jurídica, pero si no logramos establecer los canales, los mecanismos para materializar esos derechos plasmados en la Constitución, en el propio Código, pues se vuelve letra muerta. Es muy importante entonces que los tribunales, la fiscalía, los abogados concienticen, como operadores jurídicos, que hay que llevar a los procesos ese tipo de situaciones, cuando no se logran resolver en el entorno familiar.

Es muy importante también la labor de los trabajadores sociales, de las organizaciones de masas, que el Código de las Familias potencia también en este sentido, en cuanto a su actuación, que sean proactivos en la búsqueda de estos problemas y, por supuesto, en la canalización de su enmienda, de su solución. Se requiere de un tratamiento transdisciplinar, multidisciplinar, porque no se trata solo de verlos desde el punto de vista de la psicología, de la sociología o del derecho; sino que dentro del propio tratamiento jurídico de la temática hay que lograr la confluencia entre la atención civil, familiar, desde el punto vista penal, porque como tenemos los tribunales separados por esas materias, entonces resulta muy difícil hacer ese enfoque integrador desde el Derecho y, por tanto, es también un desafío de cara a la aplicación de la ley.