Doris Calderón Terry - Revista Mujeres.- El camino de Cuba se ha distinguido por la puesta en marcha de leyes y programas sociales como resultado de un proyecto de desarrollo, enfocado en la justicia social iniciado con el triunfo de la Revolución en 1959.

Para evaluar tales resultados, es válido hacer referencia a los estudios realizados por la Oficina Nacional de Estadísticas,  con vistas a desarrollar un sistema de indicadores de género y perfeccionar las herramientas para la evaluación de la participación femenina en las diferentes áreas.

El nivel cultural de las mujeres cubanas se ha elevado significativamente; desde 1980,  más del 50% de quienes se gradúan de las universidades son mujeres, desde el año 2000 más del 60%.

 En el Parlamento, ocupan el 53,22% de los escaños; y el 50,3% de los dirigentes del Estado y del Gobierno, mientras en el empleo, representan el 49% en el sector estatal civil.

Las mujeres constituyen el 70% de los jueces profesionales y fiscales; el 53,5% en el Sistema de las Ciencias, la Innovación y la Tecnología y el 69,6% en el sector de la salud pública. 

Importante además es la presencia femenina en la fuerza laboral de la Agricultura, que cuenta con 135 mil 900 mujeres, el 17%.

Las cubanas reciben igual salario que los hombres, acceden a servicios de educación y salud gratuitos y de calidad, incluidos los sexuales y reproductivos.

Estas cifras son resultados de las políticas existentes para garantizar el desarrollo de la mujer, expresadas en la Constitución de la República de Cuba, que refrenda el compromiso con el principio de igualdad y no discriminación.

De igual forma, la isla caribeña mantiene un intercambio sistemático con instituciones y organizaciones a nivel mundial que han trabajado el tema de las mujeres desde diferentes perspectivas en aras de identificar y establecer alianzas de trabajo.

En ese orden, se ha participado en campañas, acciones e iniciativas internacionales encaminadas a eliminar la violencia contra la mujer.

Muchas de estas propuestas  han sido organizadas por la FMC, en el marco del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual (PRONESS), con apoyo técnico y financiero del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas y el acompañamiento de ONU Mujeres y el PNUD.

Un impulso vital más reciente fue el Decreto Presidencial 198, que aprueba en el 2022, el “Programa Nacional para el adelanto de las Mujeres”, el cual da continuidad al avance y desarrollo de la igualdad de género en el país.

El Programa promueve acciones dirigidas a alcanzar mayor integralidad y efectividad en la prevención y eliminación de manifestaciones de discriminación contra las mujeres.

Aunque se ha avanzado en tal sentido, son muchos los desafíos relacionados con manifestaciones de discriminación y violencia de género, lo que ha obligado a las autoridades competentes a estimular el fortalecimiento de una cultura jurídica en la sociedad cubana.

La legislación por sí sola no resuelve este problema, se requiere de intervenciones en diferentes planos y esferas sociales, desde diversas disciplinas y continuar promoviendo el avance de las cubanas en medio de actuales transformaciones.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una de las principales discusiones en la región sigue siendo cómo transitar hacia una sociedad del cuidado, con una igualdad de género realmente sostenible, donde se redistribuya el tiempo, el trabajo, los recursos y el poder.

Los países de la región que han medido el valor económico del trabajo no remunerado de los hogares indican que este representaría entre el 15% y el 27% del PIB y que son las mujeres quienes aportan cerca del 75% de este valor.

Esta carga de trabajo que se incrementó considerablemente con la pandemia COVID-19, evidencia que existe una marcada reproducción de patrones tradicionales que se contraponen con las metas y aspiraciones de las mujeres, en particular, y de la sociedad, en general.

En materia de derechos humanos,  conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas pasa por establecer una atención integral y articulada con alianzas entre sectores y protocolos de actuación en cada caso posible, esto sin duda alguna, permitiría avanzar a relaciones sociales superiores.