La población se va apropiando de las nuevas figuras legislativas recogidas en el Código de las Familias, pero aún no se conoce suficientemente la nueva normativa

Red Semlac / Foto: SEMlac Cuba.–Tras ocho meses de haberse aprobado en referendo popular el nuevo Código de las Familias, su implementación transita hoy entre la necesidad de una mayor preparación de los operadores del Derecho para asumir los cambios que plantea y la urgencia de una estrategia comunicativa que permita a la población apropiarse de sus contenidos.

“No todo ha sido éxito”, reconoció el doctor Leonardo Pérez Gallardo, profesor titular de Derecho Civil y Notarial de la Universidad de La Habana, quien destacó la relevancia social de la entrada en vigor de la legislación, que promueve los afectos como categoría jurídica y protege los derechos de todas las personas en el ámbito familiar, sin distinciones.

Sin embargo, se trata de una normativa compleja, con muchos elementos nuevos para los juristas y múltiples salidas para esas instituciones, señaló.

“Por muy difícil que fuera la aprobación del Código, no se compara con su implementación”, afirmó el experto al intervenir en un panel sobre el tema en la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), coordinado por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), en ocasión de celebrarse el 15 de mayo el Día de las Familias y como parte de las 16 Jornadas cubanas contra la Homofobia y la Transfobia.

El panel sobre el proceso de implementación del Código de las Familias fue organizado por la ACNU y el Cenesex, en ocasión de celebrarse el 15 de mayo el Día de las Familias. Foto: SEMlas Cuba

Pérez Gallardo expuso que, de manera general, este cuerpo legal constituye un gran reto en materia notarial, al igual que para el Registro del estado civil.

En su opinión, el gran desafío está en estudiar al detalle la ley, para realizar una interpretación acorde con las circunstancias de cada persona, en función de preservar sus derechos.

A ello agregó la importancia de sensibilizar a los operadores del Derecho con los asuntos familiares, en aras de una aplicación adecuada de lo normado. Ello supone una atención diferenciada y la respuesta técnica precisa, acotó.

Olga Lidia Pérez Díaz, directora general de Notarías y Registros Públicos del Ministerio de Justicia (Minjus), precisó que para ello se capacitan especialistas de todo el país y se coordina el trabajo con instituciones involucradas en la aplicación de la normativa, como la Fiscalía General de la República, los Tribunales, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y la Federación de Mujeres Cubanas.

No obstante, subrayó la importancia de la autopreparación de cada profesional y de una estrategia de comunicación dirigida a elevar el conocimiento sobre el contenido de la norma por la ciudadanía.

Destacó los pasos dados para crear la Defensoría familiar, institución encargada de proteger, garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes; personas en situación de discapacidad, adultas mayores y víctimas de discriminación o violencia.

A tales efectos, se constituyó un grupo de trabajo temporal en el Minjus, se realizan talleres de preparación y se estudian las experiencias de otros países, pues se trata de una estructura sin antecedentes en Cuba, comentó.

Algunos datos

“De forma gradual la población se está apropiando de las figuras de la norma”, consideró la directora general de Notarías y Registros Públicos, aunque reconoció que hay alternativas que ofrece la ley, cuyo uso no ha estado a la altura de las expectativas.

Detalló que, desde el 27 de septiembre de 2022 hasta el 30 de abril pasado, el asentimiento para disponer de la vivienda familiar ha sido la cuestión más demandada (2897) en el sistema que dirige, a partir de que la legislación establece que el cónyuge no titular del inmueble tiene que dar su asentimiento para disponer de este.

Las escrituras de consentimiento para el acceso a técnicas de reproducción asistida (1.476) y los pactos matrimoniales (135) muestran una tendencia creciente, refirió Pérez Díaz.

Hasta finales de abril, seis niños fueron inscritos con el apellido materno en primer lugar y se registraron 861 matrimonios entre personas del mismo sexo, de ellos 530 entre hombres.

“Por muy difícil que fuera la aprobación del Código, no se compara con su implementación”, afirmó el doctor Leonardo Pérez Gallardo, profesor titular de Derecho Civil y Notarial de la Universidad de La Habana. Foto: SEMlas Cuba

La máster Liudmila Collazo Rodríguez, vicepresidenta del Tribunal Provincial Popular de La Habana, refirió las cuestiones que más llegan a los tribunales de familia tras la aplicación del Código, que eliminó el divorcio como el proceso de mayor radicación en esas instancias.

La responsabilidad parental, categoría que tiene modificaciones en la denominación y el contenido, constituye hoy el principal motivo de radicación de procesos, dijo la magistrada.

El concepto se incorporó en la nueva legislación y se refiere al conjunto de facultades, deberes y derechos que corresponden a madres y padres, quienes tienen en principio la función de asistencia, educación y cuidado de sus hijas e hijos menores de edad.

Apuntó que la actual ola migratoria que vive el país impacta en esta categoría, pues han crecido las solicitudes de privación de la responsabilidad parental, bajo el supuesto de un abandono del menor por migración; pero también relacionadas con la delegación de parte del ejercicio de la responsabilidad parental, casi siempre, en familiares cercanos.

En estos procesos lo que debe primar es el interés superior  de niñas y niños, que el jurista debe construir a partir del análisis de las circunstancias de cada caso.

También cambian las tradicionales peticiones en los divorcios. Por lo general, la solicitud primigenia era la disolución del vínculo matrimonial y a ella se subordinaban otras, como la pensión alimenticia, explicó la especialista. Ahora aparecen solicitudes como el derecho real de habitación, la pensión alimenticia del excónyuge y la compensación económica.

Otros procesos se relacionan con el reconocimiento de las uniones de hecho afectivas; la reclamación de vínculos filiatorios, sobre todo la adopción por integración, y los conflictos por violencia intrafamiliar.

La vicepresidenta del Tribunal de La Habana señaló que el principal reto para esas instancias está en el cambio de mentalidad.

“Los jueces somos ciudadanos comunes, actuamos en la sociedad y tenemos una subjetividad marcada por la cultura y las tradiciones”, apuntó. De ahí que sea necesario transformarla y asumir que los afectos tienen ahora una dimensión que impacta en lo judicial, pues los jueces deben visualizar eso en cada conflicto o asunto que llegue a sus manos, precisó.