Gabriela Milena Padrón Morejón - Revista Mujeres.- Las políticas públicas del cuidado se insertan en el sistema de arreglos o régimen de bienestar que se establece entre tres actores fundamentales: Estado, mercado y familias o redes sociales.

En el caso de la región latinoamericana, la familia tradicionalmente ha asumido  las responsabilidades sobre la supervivencia social y orgánica de las personas con dependencia, mientras que el Estado ejerce un rol menos activo en esta triada.

A pesar de mostrar avances significativos en materia de igualdad y ser pionera en la promoción de políticas sociales para el cuidado corresponsable, Cuba presenta hoy un panorama complejo, que supone importantes desafíos; entre ellos destaca una insuficiente red de servicios públicos como forma de apoyo, sobre todo, de las personas cuidadoras primarias; teniendo en cuenta que la generalidad de ellas son mujeres.

Cuidados: trabajo doméstico e inequidad de género (I)

Esta realidad hace pertinente el planteamiento de las siguientes interrogantes.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuidados en Cuba?

¿Se aplican políticas públicas de cuidados en el país?

¿Por qué se reconoce socialmente los cuidados como un trabajo propio de las mujeres?

Para dar respuesta a estos enunciados, la revista Mujeres dialogó con Yelene Palmero, investigadora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM) y una de las representantes de la comisión cubana que participó en el tour por Europa, propiciado por el espacio eco-feminista Trenzando Cuidados.

Los cuidados en la agenda de políticas públicas de Cuba

«Los cuidados forman parte de la agenda pública del país y, en los últimos años, han alcanzado mayor visibilidad debido al envejecimiento acelerado de la población. Este contexto impone desafíos en la demanda y provisión de servicios específicos relacionados con los cuidados de la vida, dado que aumentan las cifras de personas dependientes y no contamos con las infraestructuras necesarias para atender todos los sectores poblacionales que así lo requieran», comentó la especialista.

Durante la conversación, Palmero enunció los principales servicios sociales dirigidos, esencialmente, a las personas cuidado-dependientes. Algunos de estos programas son los círculos infantiles, las escuelas internas -conocidas como becas del programa Educa a tu Hijo-; las casas y círculos de abuelos, los hogares de ancianos; el Programa Nacional de Servicios Sociales Comunitarios  para apoyar a madres solas de hijos con discapacidad severa y el Plan de Acción Nacional para la atención a las personas con discapacidad.

La dirección del país también apuesta por la inclusión de oportunidades, tanto para los cuidados como los cuidadores, en los nuevos marcos normativos programáticos.

 «En el Código de las Familias, los cuidados constituyen un derecho y como tal debe ser se garantizado a partir de pautas de igualdad y no discriminación, independientemente de la diversidad familiar».

 La legislación insta, además, a reforzar el valor económico del trabajo en el hogar, introduce nuevas figuras y presenta reformas en el derecho de las sucesiones condicionadas por el cuidado. Pero, sobre todo, rompe con la visión tradicional de guarda y cuidado.

Así mismo, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), promovido por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), incorpora el tema de los cuidados instando a realizar, mejorar y ampliar los servicios que se prestan a la familia relacionados con los cuidados de niños, personas mayores y discapacitados.

«El PAM, además de reconocer el trabajo doméstico, apoya la creación de condiciones para medir y valorar monetariamente la contribución a la economía familiar y social del trabajo no remunerado, realizado principalmente por las mujeres. También promueve el incremento de esfuerzos comunitarios e institucionales en el posicionamiento del trabajo de prevención y atención social, buscando mejorar la calidad de vida, el apoyo de servicios de cuidado y trabajo doméstico», explicó.

Podemos destacar el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social, que dentro de su macro programa de Desarrollo Humano, Equidad y Justicia tiene planes específicos que tributan al reconocimiento, la valorización y redistribución del trabajo de cuidados desde un enfoque de igualdad, corresponsabilidad y derecho. Podemos destacar, entre ellas, la Subcomisión del Sistema de Cuidados de la Comisión Gubernamental de Atención a las dinámicas demográfica del país y el Proyecto de Trabajo no Remunerado, perteneciente al Programa de Trabajo Digno, expuso la investigadora.

Hablando de cuidados y cuidadoras…

«Cuando hablamos de cuidados, nos referimos en primera instancia a un trabajo que tiene características específicas, al permitir la sostenibilidad de la vida y garantizar determinados niveles de bienestar dentro de ella. Partiendo de este principio, las personas pueden alcanzar  autonomía, satisfacer sus necesidades biológicas, materiales, económicas, educativas, afectivas, espirituales, y puede ser remunerado o no».

Esta tipología de trabajo resulta el nodo central para el bienestar humano, por ello debe constituir un derecho y deber ciudadano, al proyectarse como condición necesaria para el disfrute de una vida digna.

«De igual forma, los cuidados son una concepción que implica el reconocimiento de algunas personas que, condicionadas por la edad, características físicas, mentales o padecimientos son más propensas o dependientes del cuidado, a diferencia de otras que los requerimos solo en algunos momentos de nuestras vidas».

La especialista destacó que, para las economistas feministas, el espacio del hogar constituye el núcleo central de la denominada economía del cuidado y será ahí donde la provisión de cuidados originará grandes desigualdades, expresadas, esencialmente, en su organización social.

 «Estas condicionantes, a de asignar a las mujeres el trabajo del cuidado, ya sea remunerado o no remunerado, traen aparejado el detrimento de su bienestar, oportunidades laborales y autonomía. Por tanto, el cuidado constituye un mecanismo reproductor de las desigualdades, pues la carga de trabajo no remunerada es asignada mayormente a las mujeres y menos compartidas con los hombres en el interior de la familia», aseguró Yelene Palmero.

La actual situación sociodemográfica representa un gran desafío para las políticas sociales; pues el cuidado de grupos dependientes demuestra que existen vacíos respecto a la figura del cuidador o la cuidadora. A su vez, el incremento acelerado de personas cuidado–dependientes está mediado por un proceso de familiarización y feminización.

«Desmontar la naturalización del cuidado como trabajo femenino doméstico no remunerado es imprescindible para fortalecer las políticas públicas con enfoque de género, de modo que se orienten a transformar la desigual división sexual del trabajo y cuestionar sus asignaciones culturales», dijo Palmero.

Desde esta perspectiva, las políticas públicas relacionadas con el cuidado deben contemplar tanto a las personas necesitadas de atenciones específicas como a quienes los proveen.

No lo podemos ver entonces como algo ajeno, que solo compete a la familia; el cuidado es un asunto público, que requiere actuación política y debe ser garantizado desde una aplicación equilibrada, entre los diversos actores sociales, entendiendo a las familias, el Estado, el mercado y la comunidad en todo este tipo de tareas.

Por tanto, es necesario que, desde un enfoque de corresponsabilidad social, podamos considerar el reconocimiento, la reducción y redistribución de los cuidados entre estos actores, finalizó la investigadora.