Inicia en negro. Un cartel sencillo en letras blancas anuncia: «Por las que estamos, por las que faltan, por nosotras, por ellas, por todas, no más violencia». Del mensaje poderoso al identificador del colectivo feminista venezolano Tinta Violeta y de ahí a otra imagen, ahora en movimiento, donde se muestra la parroquia Altagracia y la comunidad. Es de día y la gente camina de forma tranquila. Es otro instante de la vida diaria que, de tan común, pasa inadvertido. Excepto que otra vez irrumpen letras, ahora más grandes y a toda la pantalla con el mensaje «No más». Empieza la música, interpretada por Amaranta, José Delgado y Víctor Morales. Es contagiosa, profunda y comprometida con los derechos de las mujeres y las niñas.

«Veo que te anda roncando. Violencia. Muy cerca del corazón. Veo que sigue creciendo muy cerca del caparazón. Violencia.»

Caminar. Conversar. Coser. Comprar el pan. Elegir verduras. Acciones propias de la comunidad se presentan en este material audiovisual. La música inunda la escena y forma parte de una toma de conciencia colectiva, que resulta hermosa e inspiradora. Vestida de violeta aparece Laura Cano, de la colectiva Tinta Violeta. El testimonio de las luchas feministas merece atención; las historias de las búsquedas de sociedades más justas y plenas para las mujeres y las niñas representan un horizonte emancipador latinoamericano que debe contarse.

Laura Cano. Foto: ALAI.

«Varias de las compañeras de Tinta Violeta pertenecían a luchas feministas de épocas atrás, sobre todo en los inicios del 2000, empezando los primeros años de la Revolución Bolivariana (e incluso antes, pertenecientes a los movimientos estudiantiles de los años 80). Sin embargo, el acercamiento real se hizo palpable con el reconocimiento de la participación del poder popular en la Asamblea Nacional Constituyente del 99.

«Muchas de mis hermanas participaron en procesos de elaboración de artículos de leyes orgánicas referidos a las luchas de las mujeres, como lo son el derecho al descanso pre- y posnatal, el derecho a la lactancia materna, específicamente expresados en la Ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, así como en la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

«En particular, los inicios de Tinta Violeta están relacionados con los inicios de la Red La Araña Feminista, que es una red de colectivas feministas y socialistas en Venezuela, cuyas luchas, tanto populares y académicas, pueden reflejarse en libros como La Araña Feminista Opina (2022), que se encuentra en la web, el cual compila artículos de opinión de los periodistas de Ciudad CCS y Correo del Orinoco, y que, como comento, exponen nuestros antecedentes de luchas feministas, así como la bandera de la construcción del feminismo popular en nuestro país».

«Mira qué extraño es el monstruo que tiene que demostrar. Violencia. Sobre la delicadeza. Violencia. Su poder para dominar. Violencia». Es un contagio total de fuerza, esta canción. Va tomando la atención y se termina en el acompañamiento espiritual a las compañeras venezolanas y su cotidiana resistencia al patriarcado.

La organizadora es revolucionaria, afirma Laura Cano, y lo será en tanto acompaña el poder popular venezolano. Es un camino largo, en el que reconocen la importancia de la Revolución Bolivariana en la lucha de la colectiva Tinta Violeta por superar una cultura machista dominante.

«Nuestro trabajo está dirigido a sectores jóvenes, adultos mayores, personas racializadas y diversidad de comunidades que hacen parte del movimiento popular y social en Venezuela, como lo son el Movimiento de Pobladores, el Movimiento de Inquilinxs, la lucha campesina, entre otros movimientos hermanos con los cuales hemos compartido históricamente nuestras agendas de luchas. Siempre nos hemos caracterizado por la construcción de la crítica constructiva y la autonomía de cada uno de nuestros procesos».

Desde la perspectiva de Tinta Violeta, ¿qué lugar otorgan al feminismo / los feminismos en las luchas por la transformación social? ¿Qué porosidades advierten y asumen con otras causas reivindicativas?

Los feminismos son transversales y diversos en la lucha por la transformación social. En Venezuela las luchas feministas siempre se han llevado a cabo a partir de la conciencia de clase del poder popular. No precisamente desde el trabajo académico, aunque no es menos importante. El movimiento de mujeres ha sido pieza clave para alcanzar, no solo luchas liberales (derechos humanos, etcétera), sino también para fomentar el debate comunitario. Ejemplo de ello en Caracas: el trabajo que hacen nuestras hermanas de la Colectiva Tejiéndonos Mujeres, en la Comuna 5 de Marzo de El Valle. Y en nuestra sede en la parroquia Altagracia de Caracas, en donde estamos llevando acciones, junto a seis parroquias de Caracas, para la transformación de la basura y desechos sólidos y construir a partir de ahí una cooperativa de mujeres. Todo esto siempre de mano de las lideresas de la comunidad y el poder popular organizado. Pero también hay que decir que las luchas feministas estamos en constante resistencia, no solo por el bloqueo que vivimos en Venezuela, y cómo eso afecta en el ejercicio y acceso de nuestros derechos humanos, sino frente al machismo y conservadurismo que también hacen parte de espacios «revolucionarios».

Tras diez de años de activismo social respecto a los derechos de las niñas, mujeres y colectivos LGBTIQ+, ¿cómo asumen su militancia en la Venezuela de hoy? ¿Qué imperativos tienen los colectivos feministas y cuáles son los riesgos que asumen al definirse a favor de los derechos de las mujeres y las niñas?

Nuestra acción siempre ha sido muy transparente con el Estado venezolano, en cuanto al acompañamiento amoroso a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Nosotras brindamos este acompañamiento a casos de violencia basada en género, incluyendo la población LGBTIQ+, y NNA afectadxs también por este tipo de violencia. Ofrecemos apoyo psicosocial, acompañamiento presencial para ir hasta instituciones, asesoría jurídica y socialización de conocimientos sobre los derechos de las mujeres y NNA. De hecho, somos la única organización que cuenta con cuatro casas de paso, dos para casos de violencia basada en género (vbg) y dos para casos de trata de personas.

Y estamos conscientes de nuestra posición: nuestra acción en este sentido es complemento de lo que le compete verdaderamente a la institucionalidad del Estado venezolano, que es dar justicia para todas las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a la población LGBTIQ+. Es el Estado venezolano quien debe garantizar plenamente los derechos, reactivar las políticas de casas de paso y abrigo a nivel nacional, avanzar progresivamente en los derechos de la población LGBTIQ+, reducir malas prácticas de violencia institucional y revictimización, así como ruleteos.

Nosotras tenemos muy buena relación con algunas instituciones, entre ellas, el Ministerio Público, órgano receptor de denuncias, e incluso hemos dado capacitaciones tanto a esta institución como a órganos de seguridad. Siempre a disposición del diálogo para la transformación. Sin embargo, la mayor tranca en cuanto al acceso de justicia la hemos encontrado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máximo rector de la justicia en nuestro país.

En los tribunales comienza realmente el retardo procesal de los casos… Debido a la poca sensibilización sobre el tema, poca capacitación, etcétera. Para ello creemos también muy necesario armonizar, entre organizaciones y Estado, la ruta de atención de la vbg, incluyendo trata de personas, y la violencia hacia niños, niñas y adolescentes.

¿Cómo se involucran en la acción a favor de la legalización del aborto, Ruta Verde? ¿Qué aprendizajes y logros han obtenido desde entonces?

La Ruta Verde, campaña y plataforma por la despenalización legal y social del aborto en Venezuela, nace en agosto de 2021 y trae consigo un recorrido histórico de luchas por el aborto en nuestro país. Desde 1981 se ha solicitado al Congreso de la República, y más recientemente a la Asamblea Nacional, la modificación del Código Penal Venezolano por los delitos de aborto, despenalización por causales de salud de la gestante, violación, malformación congénita del feto e incesto.

En años más recientes, en el 2018, Faldas R (Feministas en Acción Libre y Directa por la Autonomía Sexual y Reproductiva) introdujo un recurso al TSJ demostrando la inconstitucionalidad del Código Penal en este sentido con respecto a nuestra Carta Magna, violando así el derecho a la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes, entre otros derechos humanos en relación con el derecho al aborto.

Un año después, Tinta Violeta se adhiere al recurso, exigiendo su discusión y además propone la despenalización, no solo por las causales tradicionales, sino también las causales de interrupción voluntaria por razones socioeconómicas y embarazo en la adolescencia.

La discusión de este recurso fue engavetada, así como el constante relego que marca la Asamblea Nacional para modificar el Código Penal y abrir realmente el debate parlamentario. Es por ello que, a través de la Ruta Verde, más de 20 organizaciones nos juntamos en campaña exigiendo la derogación de los cuatro artículos (430, 432, 433 y 434) del Código Penal que criminalizan el aborto desde hace más de 120 años, así como la discusión en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos con el Comunicado «Criminalización del aborto: problema de salud pública y derechos humanos» (2021), que está en la web rutaverdevzla.com, decidiendo, colectivamente, marchar el 28 de septiembre, en Caracas, por primera vez en la historia, por la despenalización social y legal del aborto, por el aborto libre, entre otras exigencias.

Así, la Ruta Verde ha sido un espacio autónomo en la que confluyen organizaciones feministas, colectivas, organizaciones de la sociedad civil de investigación, movimientos populares, sexo-género diversos, juventudes, entre otras, de diferentes posiciones políticas y territoriales, donde el principal aprendizaje ha sido que sí es posible intentar superar la polarización del país para construir una agenda común en torno al aborto y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.

Hemos conseguido espacios de construcción, no solo al nivel comunitario con sensibilizaciones, sino de participación dentro de comisiones de la Asamblea Nacional, donde en el 2022 la Subcomisión de Protección Social, Misiones y Grandes Misiones (perteneciente a la Comisión Permanente de Desarrollo Social) nos solicitó discutir en su agenda, a través de una mesa mixta de varias comisiones, el proyecto de Ley orgánica sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, construido y elaborado por la Ruta Verde, a manos de las organizaciones Tinta Violeta, Cedesex, La Araña Feminista, FaldasR, AVESA, entre otras.

Desde julio del año pasado no hemos vuelto a ser convocadas por esta mesa mixta, pese a que marchamos el 28 de septiembre y fuimos recibidas por la presidencia de esa Comisión. Parece que el debate vuelve a ser relegado en la agenda, cuyo argumento se basa en que demostremos que somos movimiento social porque el pueblo «no está preparado aún».

Por lo tanto, desde la Ruta Verde, estamos en campaña nacional recogiendo más de 21 mil firmas de electoras y electores del poder electoral para introducir el proyecto por iniciativa popular y ciudadana en la Asamblea Nacional y, por lo menos, entre en primera discusión y se abra, sin tabú, el debate en torno a estos derechos humanos.

Este proyecto, aunque no es una Ley IVE, le da carácter de derechos humanos a estos derechos, garantiza educación sexual integral, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, el derecho a información segura ante embarazos no deseados, el derecho a la atención de abortos inseguros o espontáneos, a una vida libre de discriminación y violencias sexuales, a partos y nacimientos humanizados, entre otros.

Y, asimismo, contempla una disposición derogatoria de los cuatro artículos del Código Penal, porque no se puede avanzar en derechos sexuales y derechos humanos si no se descriminaliza el derecho al aborto, cuya penalización sabemos que tiene mayor ahínco en las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes racializadas, pertenecientes a sectores populares.

El proyecto sin duda abre el debate a reflexionar sobre estos temas que, en un país como el nuestro, siguen siendo tabú y siguen estando marcados por la violencia machista.

Penalizar el aborto atenta contra los derechos de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres y personas gestantes. Su acceso debe estar acompañado por políticas en cuanto a la educación sexual integral. Así me explica Cano en un mensaje de audio, vía WhatsApp. El acceso gratuito de los métodos anticonceptivos, insiste, es otra de las acciones a tomar en cuenta.

«Nosotras hablamos de una media causal que es la causal de la vida, que es la que está permitida en la legalización en la legislación. Ni siquiera está despenalizado por las tres causales básicas, que son porque puede afectar la vida y la salud de la madre, por malformación congénita y por violación». Entonces, se generan retrasos y obstáculos para el avance en el ejercicio que tienen las mujeres y las personas gestantes en sus derechos sexuales y reproductivos. Desde el Ministerio de la Mujer (pese al bloqueo y a la crisis económica) se propician acciones como el plan Petra (Plan de prevención y reducción del embarazo a temprana edad y en la adolescencia), que se realiza en las escuelas media y básica. Junto al personal médico participan educadoras y educadores de las comunidades. Sin embargo, no es una política que tenga un respaldo legal, es una vulnerabilidad».

Las organizaciones feministas entienden el impacto que puede tener la falta del acceso a la interrupción del embarazo, sobre todo para las mujeres de los sectores populares, las adolescentes, y lo que implica esta vulneración de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. También observan la necesidad de que exista en las escuelas una educación sexual integral con perspectiva feminista (desde la primera enseñanza hasta la universidad). Representa una demanda y un reto de formación y sensibilización.

*Este texto es resultado de la colaboración entre los colectivos Cimarronas y La Tizza. Participan en su redacción, Dailene Dovale y en la edición, Iramis Alonso Porro, Daniela Pujol Coll y el equipo de La Tizza.