En julio de 2023 se aprobó una Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes, que aborda las principales problemáticas identificadas por el Estado cubano sobre la situación de estos grupos y promueve su protección y desarrollo integral desde un enfoque intersectorial, interinstitucional y equitativo
Lisandra Fariás - Red Semlac / Foto: SEMlac Cuba.– En los últimos años, varios procesos legislativos en Cuba han confirmado las brechas y desafíos en torno al reconocimiento de los derechos de las infancias, pero también sobre las múltiples posibilidades que existen para brindarles entornos más seguros para vivir y desarrollarse.
“Niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que las personas adultas, y también otros específicos derivados de su particular condición de persona en desarrollo”, explicó a SEMlac Luis Alberto Hierro, especialista de Protección del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en la nación caribeña.
Para Hierro, la Convención sobre los Derechos del Niño, que cumple 35 años el 20 de noviembre y de la cual Cuba es signataria desde 1991, considera al menor como un ser integral, con derechos y responsabilidades adecuadas a su edad y desarrollo, y sujeto a especial protección.
“Los niños, niñas y adolescentes son personas que requieren cuidados y orientación de los adultos para lograr su independencia”, amplió el experto, destacando el papel del Estado como garante de derechos, que debe buscar alternativas que consideren el interés superior del menor.
“Como sujetos plenos de derecho, deben ser escuchados y sus opiniones consideradas en todas las decisiones que les afecten, incluidas las políticas. Ignorar sus puntos de vista significa desatender sus deseos y aspiraciones, lo que puede llevar a vulneraciones de derechos”, añadió.
Legislaciones que abren caminos
Los debates previos a la aprobación de la Constitución de la República, vigente desde 2019, y del más reciente Código de las Familias, puesto en vigor en 2022, reavivaron en el país la discusión social sobre los derechos de las infancias.
La Constitución, en particular, moldeó un entorno diferente de cara a la protección de los derechos de todas las personas y en particular de las niñas, niños y adolescentes. En su artículo 86 hay muchas luces para garantizar entornos protectores para estos grupos de edades.
La Carta Magna establece la obligación del Estado, la sociedad y las familias de brindar especial protección a las infancias y garantizar su desarrollo armónico e integral, además de protegerlos contra todo tipo de violencia. Igualmente declara la prioridad que se le concede al derecho y pleno acceso a la salud, la educación, el deporte y la recreación, entre otros ámbitos.
Unicef destacó, en su reporte anual de 2023, la importancia que el país otorga a la cobertura educativa y la atención a la salud materno-infantil, así como al desarrollo integral de la primera infancia, a través de programas como el materno infantil, “Educa a tu hijo” y la atención que se brinda en círculos infantiles.
“La cobertura educativa para la primera infancia es del 96 por ciento, y la atención a personas con discapacidad es prioritaria en la política social, enfocada en mejorar su calidad de vida y garantizar la igualdad de oportunidades”, indicó el reporte, a pesar de la aguda crisis económica que enfrenta Cuba, que afecta estos ámbitos.
Cuba confiere especial importancia a la cobertura educativa y al desarrollo integral de la primera infancia. Foto: Tamara Roselló/Unicef Cuba
El Código de las Familias, por su parte, colocó en el centro de sus regulaciones el concepto de interés superior del niño y posicionó el debate en torno a la autonomía progresiva, un concepto que reconoce a niñas, niños y adolescentes como plenos sujetos de derechos, y que generó mucha polémica en una sociedad donde la estructura familiar también suele estar marcada por relaciones de poder muy verticales entre padres y madres con hijos e hijas.
“La autonomía progresiva implica que los niños, niñas y adolescentes pueden tomar decisiones y asumir responsabilidades de forma gradual. A medida que aumenta su capacidad, también debe crecer su autonomía, reduciendo así su dependencia de los adultos y las instituciones estatales”, explicó Hierro.
Sin embargo, la legislación por sí sola no es suficiente, por lo que en julio de 2023 se aprobó una Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes, que aborda las principales problemáticas identificadas sobre la situación de estos grupos.
El Código de las Familias colocó en el centro de sus regulaciones el concepto de interés superior del niño y dio paso a reflexiones en torno a la autonomía progresiva, un concepto que reconoce a niñas, niños y adolescentes como personas plenas sujetas de derechos. Foto: SEMlac Cuba
Hierro valoró esta política como un punto de partida para ofrecer soluciones, destacando que su elaboración consideró la opinión de más de 20.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país.
El texto establece un marco político a largo plazo, que articula normativas para el bienestar de estos grupos, además de promover su protección y desarrollo integral mediante un enfoque intersectorial y equitativo. Ello puede ayudar a contrarrestar problemáticas como la falta de coordinación entre políticas, la dispersión de información y el debilitamiento de los espacios de participación en la formulación y evaluación de políticas.
A juicio de Hierro, uno de los puntos de acción de esta política es la elaboración de un nuevo Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, cuya entrada en vigor debe estar precedida por un proceso de consulta donde estos grupos etarios expresen sus opiniones respecto a sus derechos y mecanismos de protección y participación, comentó el especialista a SEMlac.
Cambiar la perspectiva hacia el empoderamiento
Más allá de los avances en el ordenamiento jurídico cubano, con una nueva perspectiva en cuanto a niños, niñas y adolescentes como personas sujetas de derecho, se necesita evolucionar hacia el empoderamiento de estos grupos en el conocimiento y el ejercicio real de esos derechos, valoró Alejandro Redondo Ramos, director de la Dirección Nacional de Defensoría, del Ministerio de Justicia.ç
Para Alejandro Redondo Ramos, director de la Defensoría, se necesita evolucionar hacia el empoderamiento de niñas, niños y adolescentes en el conocimiento y el ejercicio de sus derechos. Foto: Omara García Mederos/ Trabajadores
Conocida como Defensoría, se trata de una institución que nació al calor de las nuevas leyes para proteger y restablecer los derechos de las personas vulnerables, incluidos los niños. En este camino, ha establecido una alianza con Unicef para elaborar un procedimiento que evalúe y determine el interés superior de infantes y adolescentes.
“En Cuba siempre se ha protegido estos grupos, y lo que nosotros buscamos es precisamente darle más fortaleza a la capacidad del país con respecto a esa protección y también un mayor nivel de especialización”, dijo Redondo Ramos a SEMlac.
Comentó que este procedimiento ha servido como hoja de ruta para el actuar de la Defensoría, que está presente en todas las provincias y tiene defensores en todos los municipios. Se trata del resultado de un trabajo donde intervienen diversos actores y especialistas, como los del área de la Psicología.
Redondo Ramos remarcó el papel renovado que la Defensoría y el Ministerio de Justicia conceden al proyecto “Por un mundo al derecho”, que existe hace más de 20 años, y actualmente está más enfocado en promover el empoderamiento.
Además de darles a conocer sus derechos, les explicamos cuáles son los diferentes mecanismos que tienen para ejercerlos, precisó Redondo Ramos, quien destacó las ventajas al capacitar a niñas y niños para que sean replicadores de estos mensajes.
Queremos que sean capaces de identificar cuándo se violan sus derechos o los de otro niño, y que pueda suceder en espacios tan cotidianos como cuando juegan juntos en la calle, añadió.
Adelantó que está en construcción una plataforma para el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes, que va a comenzar a ejecutarse a partir de enero de 2025.
Un nuevo espacio de protección y numerosos desafíos
La Defensoría se ha convertido en un nuevo espacio para la protección de las infancias, al cual puede acceder cualquier infante independientemente de su edad y se actúa de la misma forma que si fuese un adulto, con las diferencias lógicas en cuanto a la manera de dirigirse a ellos.
Terceras personas que detecten vulneraciones de derechos de menores también pueden acudir a esta instancia, señaló Redondo Ramos, quien destacó el vínculo con el Ministerio de Educación. A menudo, los maestros actúan como confidentes y conocen situaciones de vulneración en otros contextos.
Para la socióloga Clotilde Proveyer es necesario dejar atrás la visión de investigar y decidir sobre la infancia sin su participación activa. Foto: SEMlac Cuba
La mayoría de los asuntos que atiende en estos momentos la Defensoría son de niños, niñas y adolescentes. Casi duplican al segundo sector, que abarca víctimas de violencia y discriminación, detalló.
Comentó que algunos niños han acudido directamente a la Defensoría, sin que se haya vulnerado un derecho, solo para ser escuchados en su entorno familiar.
El directivo otorgó gran importancia a la capacitación, adaptada a las características de cada lugar y con la participación de diversos actores, para ofrecer un servicio cada vez más integral e integrado.
En un entorno social donde, según el informe de Unicef Cuba 2023, persisten brechas culturales que limitan el enfoque de derechos de infantes y adolescentes, y donde su participación en los servicios de protección y en la creación de normas es insuficiente, iniciativas como “Por un mundo al derecho” cobran relevancia.
No obstante, desafíos como la concepción adultocéntrica, la cultura de crianza jerárquica que naturaliza la violencia contra los infantes, y la falta de conocimiento y formación parental sobre estilos de crianza respetuosos de los derechos de niños, niñas y adolescentes, demandan nuevos enfoques y acciones.
De ello habló la socióloga Clotilde Proveyer durante la presentación del informe “Violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Aspectos relevantes de estudios realizados en Cuba”, en junio de este año, cuando exhortó a dejar atrás la visión de investigar y decidir sobre la infancia sin su participación activa.
“En Cuba existen múltiples instituciones dedicadas a la protección de la infancia y la adolescencia, como el sistema de tribunales de justicia, la Fiscalía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior, la Defensoría, entre otros, sostuvo Luis Alberto Hierro.
A su juicio, el principal desafío en materia de protección de la infancia y la adolescencia en Cuba es la conformación de un sistema de protección articulado, con un ente rector al frente, que permita establecer las conexiones entre los principales actores clave, y ejercitar las responsabilidades de cada uno, en función del interés superior de niños, niñas y adolescentes, valoró.
