Por Iroel Sánchez Espinosa - Blog "La pupila insomne".- Cuando el 1ro de mayo de este año el Presidente venezolano Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente como salida a un escenario de violencia política que algunos analistas calificaron de Guerra civil, pocos creyeron que siete meses después el chavismo estaría celebrando tres victorias electorales al hilo. Lo cierto es que de entonces acá los bolivarianos alcanzaron el gobierno de 19 de los 23 estados, incluyendo los emblemáticos Lara y Miranda -donde hacía rato el chavismo no gobernaba- y tomaron el control del 92% de los municipios, además de eliminar la violencia opositora y retomar a través de la Constituyente la iniciativa política que habían perdido tras la derrota en las parlamentarias de diciembre de 2015.
Eso, en medio de una situación que le ha llevado a perder tres importantes aliados en el continente (Argentina, Brasil y Ecuador) y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, quien ha radicalizado la agresión política y económica ya desatada por su antecesor Barack Obama que declaró a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria” a la Seguridad nacional estadounidense.
Aunque la situación económica es muy desfavorable aun para el gobierno bolivariano el precio del petróleo se ha recuperado moderadamente, en buena medida por las acciones impulsadas por Maduro en la Opep, y los Comités locales de abastecimiento y producción (Clap) han sido exitosos en el enfrentamiento al desabastecimiento provocado, no ha cesado la persecución financiera y la inflación inducida desde el exterior.
Por otra parte, las recientes acciones de reorganización y ataque a la corrupción dentro de la estratégica megaempresa Pdvsa, así como la sustitución de la Fiscal Luisa Ortega, pueden colocar al liderazgo revolucionario de Maduro en condiciones de poder asumir las elecciones presidenciales de 2018 con un discurso que quite a la oposición cualquier bandera de supuesta lucha anticorrupción.
Pero todo esto trasciende con mucho a Venezuela. Si bien es cierto que desde el golpe de estado contra el gobierno de Manuel Zelaya en Honduras ha existido una cadena de derrotas para los liderazgos de izquierda antimperialista en Latinoamérica, también lo es que solo en Argentina esa derrota ocurrió por vía electoral, mientras los procesos más radicalizados como Bolivia y Venezuela han logrado permanecer a pesar de la embestida mediática y guerra económica en su contra, porque aunque con muchas limitaciones aun, se han empeñado en modificar en profundidad las estructuras sociales y económicas de la dominación capitalista.
La judicialización de la persecución política emprendida contra líderes como Lula o Cristina, o las balas contra manifestantes que hemos visto llover recientemente en Buenos Aires y Tegucigalpa, así como la represión contra activistas sociales, y el papel en todas esa estrategias de los medios de comunicación privados enseña el precio a pagar por dejar intacto en manos de la oligarquía el poderío económico y mediático creyendo que una vez retornados al único elemento de poder que habían perdido (el gobierno) iban a respetar las reglas del juego democrático. Solo en Venezuela desde que se inició la Revolución bolivariana, el sector privado ha recibido alrededor de 340.000 millones de dólares a tasa preferencial para importar los bienes finales o insumos para la producción, lo que les permitió fortalecerse, fugar divisas y sabotear la economía nacional.
Lo sucedido en Ecuador, donde el liderazgo vencedor en una apretadas elecciones se ha apartado del legado de la Revolución ciudadana para comenzar a desmontarlo sin que quienes lo llevaron al poder -las bases y parlamentarios del movimiento Alianza País- puedan hacer otra cosa que denunciarlo, pone en discusión las limitaciones y el personalismo de los sistemas presidencialistas donde no se rinde cuentas a los electores ni hay posibilidad de revocación.
Con una consolidación de los gobiernos populares en Venezuela y Bolivia, el año 2018 no se presenta prometedor para el neoliberalismo en Latinoamérica, la posibilidad de un regreso al gobierno de Lula, con distancia el político más popular de Brasil, y las cifras de triunfo que dan las encuestas a Andres Manuel López Obrador en México, un país con una profundísima crisis social, política y económica, y el efecto de un Donald Trump que es una máquina de fabricar antipatías hacia las políticas de Washington, podrían significar el inicio del fin de lo que Rafael Correa ha llamado la restauración conservadora, y entonces habría que ver si las izquierdas han sido capaces de aprender de sus derrotas.
