Por Iroel Sánchez Espinosa - Blog "La pupila insomne".- El Grupo Empresarial CIMEX ha informado acerca de las medidas que adoptó con trabajadores y directivos que después de una investigación realizada por esa entidad se determinaron con responsabilidad en los hechos ocurridos el viernes 7 de septiembre en la tienda La Puntilla, y que han tenido resonancia en varios medios de comunicación.


La nota enviada por CIMEX también plantea que “se procedió a la formulación de la denuncia del hecho ante las autoridades judiciales”, lo cual hace suponer que se actúa por las instituciones pertinentes en función de esclarecer la responsabilidad en lo ocurrido de otras personas involucradas en el incidente que no son trabajadores de esa empresa. Es de esperar se informe a la ciudadanía los resultados de esa actuación, como no pocos han reclamado.

Lo comentado aquí y en espacios digitales como Granma, Cuba Sí y Cubadebate, aportando incluso nuevas denuncias sobre hechos similares en establecimientos comerciales del país y con una variada gama de productos, subrayan lo que apuntaba desde el título de mi artículo en el sentido de que “hay que ir más allá”. Esa reacción deviene una encuesta sobre las percepciones acerca de problemas del comercio minorista en el país que se debería tomar muy en serio por su importancia políitica. Sostengo lo que afirmé entonces: “trascendamos la anécdota que seguramente es cotidiana y vayamos al fondo”, no solamente en CIMEX sino también en otras cadenas de tiendas y en actores estatales del comercio minorista en pesos cubanos.

Algunos comentaristas ven la solución sólo con más disponibilidad de productos y en la existencia del comercio mayorista para el Trabajo por Cuenta Propia. Es algo indiscutiblemente necesario como lo es también la solución integral de la unificación cambiaria, la elevación de las pensiones y de los salarios del sector estatal, así como una reforma de precios y la eliminación de subsidios generalizados que benefician a todos independientemente de que lo necesiten o no, temas que en palabras del General de Ejército Raúl Castro “ha tomado demasiado tiempo y no puede dilatarse más su solución urgente”. Pero cuando por la vía del acaparamiento existen márgenes de ganancia del 100% o más, ¿qué puede significar un precio mayorista con descuentos del 10, 20 o 30%? Es difícil comprender la contribución al desarrollo de las fuerzas productivas de quien compra a un precio y vende a otro sustancialmente superior sin incorporar valor alguno.

Un mercado mayorista que transparente la gestión con cuentas bancarias fiscales a través de tarjetas magnéticas y comprometa al empresario privado con precios no especulativos al faciltar suministros parace comenzará el próximo mes en la capital con los porteadores privados, a los que se facilitarán combustibles, baterías y gomas a precios diferenciados y ojalá se extienda pronto a otros sectores y territorios del país.

Hay también una minoría que ha defendido a los especuladores, y ha activado la habitual máquina de fango con más insultos que argumentos, motivando respuestas como la de la compañera Olga Salanueva en su perfil de Facebook:

“A diez manzanas por cabeza, se quedaron 1500 personas sin comprar su manzanita, sin contar las que la tuvieron que comprar luego a sobreprecio en la calle, para que estos emprendedores multiplicaran el capital que les permita luego comprar 20000 manzanitas más y reproducir el negocio. Va y algunas de las víctimas, inconscientemente, están entre los comentaristas que ahora los defienden.

“Con cuatro ciclos más de venta y pueden irrumpir también en otro mercado, dejando quién sabe a cuantos sin el aceite, o sin el pollo, o quién sabe qué más.

“Pero para algunos, el Sindicato Nacional de Revendedores y Especuladores debería de darles una medalla. Tal vez en una actividad cultural con música de Manzanero.”

Aquel que acapara y obliga a comprarle a un precio más alto perjudica también a quien tiene un negocio legal forzándole a pagar más caro. Si hay redes de acaparamiento que crean escasez artificial y encarecen los productos perdemos todos, incluyendo los cuentapropistas. Otros han dicho que no hay delito alguno, pero el comercio mayorista por privados no es legal en Cuba, el Código penal sanciona el acaparamiento y si alguien lo facilita desde una responsabilidad estatal a cambio de recibir beneficios puede ser acusado de cohecho. No se trataría de “cacería de brujas”, como se ha dicho por alguien, sino de hacer cumplir la ley, sin extremismos. Combatir la corrupción sin molestar al corruptor, además de poco ético es hacer el trabajo de Sísifo.

También se ha recordado que el estado cubano aplica un precio a varios productos en las llamadas tiendas de recaudación de divisas (TRD) que en no pocas ocasiones más que duplica los costos de los mismos. Al respecto reitero algo conocido pero que suele olvidarse: las ganancias de ese proceder -creado cuando apenas un 21% de los cubanos accedía a ese mercado y hoy a todas luces necesitado de un replanteamiento en una realidad muy diferente- se destina a una política de redistribución de los ingresos captados en las TRD a favor de toda la sociedad. Esa política, hoy necesitada urgentemente de ajustes, posibilitó el acceso de la mayoría a productos y servicios básicos en moneda nacional, muchas veces subsidiados, en los peores momentos de nuestra economía. Pero, ¿a dónde que no sea a su bolsillo, y al disgusto del pueblo, aporta el que acapara un alimento para venderlo mucho más caro?

Sin embargo, creer que sólo con auditorías y sanciones se resuelven la corrupción y los problemas de nuestro comercio minorista, sin disminuir la responsabilidad esencial de los directivos en controlar la gestión para que los recursos tengan el fin para el que fueron destinados, pudiera ser una visión incompleta.

El nuevo Proyecto de Constitución que ahora se debate dice en su artículo 194 que el Consejo Popular, compuesto por los delegados y al que se pueden invitar representantes de las organizaciones de masas, “Ejerce el control sobre las entidades de producción y servicios de incidencia local” y la actual en el 104 plantea que estos “Coordinan las acciones de las entidades existentes en su área de acción, promueven la cooperación entre ellas y ejercen el control y la fiscalización de sus actividades”. Si eso se cumpliera en todos los lugares los sucesos relatados por numerosos comentaristas en Granma, Cuba Sí y Cubadebate ocurrirían con menor frecuencia y se contribuiría a una transformación radical del actual escenario de desprotección a los consumidores no sólo en el agromercado o la bodega enclavados en la localidad, sino además sobre el CUPET o la TRD aunque pertenezcan a empresas nacionales.

La comprobación nacional al control interno -muy útil, por supuesto- pasa una vez al año pero el Consejo Popular está allí mismo todos los días. El ejemplo de las tiendas de materiales de la construcción, que han sido prioridad en esas comprobaciones pero que han revelado en recientes operativos difundidos por la prensa los mismos o peores problemas lo evidencia.

Otro aspecto necesario es mejorar la comunicación. Como ocurre con quienes dirigen actividades relacionadas con la vida cotidiana de la población (salud y educación, por ejemplo) al informar en los medios de comunicación sobre su gestión, debería suceder con quienes comercializan algo tan sensible como esos materiales, o aún más: alimentos y productos de higiene. “Hay que aprender a comunicarse, y ese papel que han hecho Fidel y Raúl en este tiempo, en la dimensión de ellos, ahora lo tenemos que cumplir entre todos nosotros”, ha dicho el Presidente Díaz Canel en el Consejo de Ministros.

Lejos de prohibir a la prensa el trabajo en sus instalaciones, como han hecho algunas entidades en el pasado, facilitarlo se convertiría en una vía para mejorar su gestión, más cuando una de las cinco principales transformaciones que se definen en la Conceptualización del modelo económico y social cubano, aprobada en el VII Congreso del Partido es:

“Perfeccionar la participación democrática a todos los niveles, en especial, el control popular y el involucramiento ciudadano en la solución de los problemas que afectan a cada territorio, centro de trabajo o comunidad. Lograr una efectiva comunicación social, con énfasis en su calidad y en el acceso oportuno a la información pública.”

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