Francisco Rodríguez - Blog "Paquito el de Cuba".- En marzo del 2021, justo un mes antes de que se cumplan los dos años de vigencia de la nueva Constitución y, por tanto, el plazo que ella establece para iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de las Familias, la Asamblea Nacional del Poder Popular conocerá la primera versión de la tan esperada ley.

La noticia trascendió al aprobar el Parlamento el cronograma legislativo para los próximos tres años, que abarca la consideración de 39 leyes, incluyendo el citado Código.

El proceso desde su presentación en marzo del 2021 hasta el controvertido referendo que debe respaldarlo, podría tomar casi un año más, pues según informó el Ministro de Justicia habrá que realizar otra sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional después del VIII Congreso del Partido en abril, para aprobar la primera versión que resulte del análisis con los diputados, e iniciar la consulta popular.

En diciembre de ese propio año iría a la aprobación de la actual legislatura el texto resultante, para decidir entonces la fecha del referendo que finalmente validaría la nueva norma, ya en el año 2022.

Y no podemos descartar que luego del referendo, también haya otro compás de espera para su entrada en vigor e implementación.

Aunque me habría gustado, por supuesto, mayor prisa en un asunto que lleva décadas de estudio y discusiones —y del cual depende la felicidad o plenitud de tanta gente que solo tiene una vida para ello—, no es menos cierto que cuestionar la lentitud o lo prolongado de todo este proceso resultaría un tanto complicado, porque lo cierto es que el país tiene por delante un largo camino de decisiones legislativas, todas muy importantes.

Si lo fuéramos a ver desde el lado positivo, tal vez ese tiempo podría ayudarnos a cobrar mayor conciencia y coordinar mejor las acciones educativas y políticas que nos permitan contrarrestar el preocupante y soterrado avance en Cuba de las ideas —más que fundamentalistas— supremacistas cristianas; despojarnos además de los rezagos de lo que suelo llamar “el machismo-leninismo” (siendo injusto con Lenin, lo admito); así como continuar la labor persuasiva e instructiva del Centro Nacional de Educación Sexual, junto con la organización y fortalecimiento del activismo alrededor de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) en el país.

El Código de las Familias al cual aspiramos tendrá que cumplir con los principales postulados de la Constitución, en materia de no discriminar a nadie por su orientación sexual e identidad de género, de ofrecernos a todas las personas las mismas posibilidades para legalizar la relación o forma de organización familiar que entendamos más adecuada dentro de las existentes y socialmente aceptadas, lo cual incluiría el matrimonio y otras posibles variantes; además de garantizar todos nuestros derechos sexuales y reproductivos.

Por tal motivo, y como planteó la diputada Mariela Castro Espín al intervenir ante el plenario sobre este punto, será necesaria también una estrategia comunicacional al respecto desde el Estado y el Gobierno, que no puede esperar a marzo del 2021 para comenzar.

Sí, estamos de prisa. Así que vistámonos bien, ya que vamos a ir despacio.