Geraldina Colotti - Resumen Latinoamericano / Cubainformación.- ¿Un asesinato nacido en las cámaras del poder, a la sombra de los intereses imperialistas que han decidido cambiar de caballo? Este es el escenario probable que enmarca el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de facto de Haití. Para hacerlo materialmente, un pequeño ejército de mercenarios que irrumpió en su residencia supercontrolada en la madrugada del miércoles fingiendo ser agentes de la agencia antidroga DEA, lo mató e hirió a su esposa. Se habla de complicidad interna con el respaldo del jefe policial de la capital Puerto Príncipe. El comando fue arrestado casi por completo y mostrado a las cámaras.
Se trata de 15 colombianos y dos estadounidenses, que habrían llegado a Haití en junio a través de República Dominicana. Los dos estadounidenses dijeron que fueron contratados a través de Internet como intérpretes, para secuestrar y no para matar a Jovenel Moïse, quien debería haber sido llevado ante un juez por una orden de arresto. Uno de ellos es un empresario de Florida que luego fundó un grupo sin fines de lucro para brindar asistencia humanitaria en Puerto Príncipe. Otros tres colombianos han muerto a manos de la policía y ocho mercenarios están huyendo.
Bogotá confirmó que 6 de los detenidos son ex soldados colombianos. El diario El Tiempo reveló el currículum de uno de ellos, Manuel Antonio Grosso Guarn, considerado uno de los más preparados en el ejército colombiano hasta 2019. Al inicio de su carrera recibió entrenamiento especial, y en 2013 fue adscrito al Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas Antiterroristas, los que secuestran y matan a manifestantes que desde hace meses protestan contra el gobierno de Duque. Aquellos departamentos que, en los últimos días, han recibido más refuerzos de la CIA.
Durante varios días, antes de mudarse a Haití, Grosso publicó fotos del territorio dominicano, de él y otros miembros del comando. Estos datos, sin embargo, no le cerraron la boca a Iván Duque, quien de inmediato había dado aliento a su obsesión por la República Bolivariana de Venezuela, citando la presencia de dos presuntos venezolanos en el comando, que luego resultaron ser estadounidenses. Un pretexto para pedir a Estados Unidos que amplíe la ocupación militar de Haití y para pedir a la Organización de Estados Americanos de Luis Almagro que envíe una misión urgente para «proteger el orden democrático».
En una situación similar, el 28 de julio de 1915, el asesinato del presidente Guillaume Sam allanó el camino para el neocolonialismo estadounidense. Luego, los marines desembarcaron en Puerto Príncipe para “proteger los intereses estadounidenses y extranjeros”. Ahora, desde Washington, la portavoz presidencial Jen Psaki ha calificado el asesinato de «un crimen horrendo» y ha dicho que Estados Unidos, el principal financista de Haití, está dispuesto a «ayudar» al pueblo haitiano. ¿Cómo? Lo explica la larga cadena de intervenciones neocoloniales, militares, políticas o financieras llevadas a cabo desde principios del siglo XX para aplastar el orgulloso legado de la primera república de esclavos libres, liderada por Toussaint Louverture.
Un furor que se inició tras la proclamación de la república de Haití, en 1795. Francia comenzó a librar una guerra económica y diplomática a la joven nación imponiendo, en 1825, y a pesar de todos los robos llevados a cabo hasta entonces, el pago de una indemnización a terratenientes, bajo pena de no ser reconocidos como república. Haití se vio obligado a solicitar un préstamo, pero se vio también obligado a hacerlo sólo con los bancos franceses. Cuando la isla intentó oponerse, París envió barcos militares a la costa haitiana. Haití terminó de liquidar ese préstamo, valorado en unos 22 billones de dólares, un siglo después.
A principios del siglo pasado, Haití fue ocupada por Estados Unidos, que se hizo con su oro, hasta 1934. Desde entonces, el colonialismo no se ha ido nunca, mediante el control directo o indirecto de los recursos del país: tanto mediante la colocación de títeres en el puesto de mando al servicio de intereses supranacionales, y evitando cualquier desarrollo económico y político a favor de los sectores populares. En la década de 1960, durante el mandato del presidente demócrata de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, la deuda externa de Haití se triplicó mediante la política de préstamos a cambio de control político. El control del FMI y sus planes de ajuste estructural se sumaron al terrible terremoto de 2010 (más de 250.000 muertos), el cólera y luego el devastador huracán.
El país también está postrado por la violencia ingeniosamente alimentada por familias como la de Moïse, que se han ramificado a la sombra del imperialismo estadounidense. Las bandas que, según la «tradición» (recordemos los infames tonton macoutes, al mismo tiempo milicia y policía secreta creada en 1959 por el dictador François Duvalier), hacen estragos en los barrios pobres, también realizan masacres con fines políticos. Masacres cubiertas por el estado, como lo documenta el año pasado un informe del Observatorio Haitiano de Crímenes contra la Humanidad. De 2018 a 2020, en los barrios donde las protestas contra Moïse estaban más vivas, causaron 240 víctimas civiles.
La Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración ha registrado al menos 77 grupos criminales armados. En 2020, nuevamente por decreto, Moise siguió los pasos de Duvalier y creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), una fuerza parapolicial para reprimir la protesta social. Según organizaciones de derechos humanos, 2020 fue el año de la acelerada gángsterización de Haití, durante el cual al menos mil personas fueron secuestradas y otras tantas murieron violentamente.
El mes pasado, algunos de los líderes de estas pandillas declararon la guerra a las élites tradicionales del país y llamaron a la gente a saquear las tiendas: «Tu dinero es lo que hay en los bancos, tiendas, supermercados y concesionarias. Ve y reclama lo que te pertenece”, dijo un conocido criminal, Jimmy Cherizier, apodado Barbecue, en un video difundido en las redes sociales.
¿Cómo culparlo? Ante la extrema pobreza en la que vive la mayor parte de la población, ahora agravada por el coronavirus en un país que no ha recibido ninguna dosis de vacunas, existe una minoría conformada por la burguesía local, la importada, y la élite de funcionarios de las miles de ONG presentes, que viven en el lujo. En febrero de 2018, Moïse aplicó la receta del FMI, lo que provocó protestas en todo el país. Al año siguiente estalló el escándalo de corrupción. La Corte de Cuentas entregó al Senado un informe que muestra que al menos 14 exfuncionarios del gobierno habían transferido en sus bolsillos más de $ 3.800 millones llegados desde Venezuela a través del programa Petrocaribe entre 2008 y 2016, y que la empresa de Moïse, la Agritans, había beneficiado de contratos para construir proyectos que nunca se completaron, pero para los que se había embolsado el dinero.
Al empresario Juvenel Moïse, el señor de los plátanos como lo llamaban, no le importaba el agradecimiento de la población, sino el de los padrinos occidentales, que lo habían colocado allí como sucesor del cantante Michel Martelly y representando a la élite agraria, a pesar de su falta de experiencia política. Desde el año pasado, luego de haber suspendido dos tercios del Senado, todo el parlamento y todos los alcaldes del país por decreto, dijo que quería permanecer en el cargo hasta 2022, en base a su propia interpretación de la constitución.
Las elecciones se habían fijado para el 29 de septiembre, pospuestas muchas veces, pero también el decidió un referéndum que cambiaría la constitución, devolviéndola a los tiempos de la dictadura de Duvalier. Pese al rechazo de toda la oposición popular o institucional y también de la Conferencia Episcopal, Moïse había recibido el aval del habitual Almagro, secretario general de la OEA. En enero de 2020, Almagro había apoyado la reforma constitucional y el referéndum, argumentando, como Moïse, que la constitución actual era la causa de todos los problemas del país.
Ahora también está pidiendo la intervención extranjera el primer ministro saliente, Claude Joseph, designado arbitrariamente por Moïse sin la aprobación del parlamento que, teniendo una mayoría de oposición, el había disuelto. Algunos acusan ahora al viceministro de facto, que quiere permanecer en el cargo hasta las elecciones y que ha declarado el estado de sitio, de querer dar un golpe de Estado y al menos haberse beneficiado del asesinato. De hecho, habría tenido que ceder el cargo a otro primer ministro de facto, Ariel Henry, quien también fue designado por Moïse sin la opinión del parlamento el 5 de julio. En cambio, la oposición institucional pide una solución compartida que incluya a reconocidas figuras y a los 10 senadores restantes, ya que son los únicos electos en el país.
¿Se anunció el asesinato de Moïse? pregunta ahora la prensa, retomando una entrevista con él en El País durante la cual el presidente de facto dijo que había frustrado un ataque en su contra, mientras que su partido Tet Kale acusó al «sistema» de haber financiado las manifestaciones contra el gobierno. Ciertamente, Moïse había perdido el apoyo de algunos grupos económicos poderosos, como el inversor Reginald Boulos y la familia Vorbe, que controla el sector eléctrico y que le habían pedido públicamente que se fuera. En represalia, el gobierno anunció que quería revisar algunos contratos de grandes empresas privadas, también propiedad de la familia Vorbe.
Moïse también fue un partidario abierto de Donald Trump. Siguiendo su política rompió con Venezuela y Petrocaribe, provocando una crisis energética, y reconoció al autoproclamado Guaidó. Después de la llegada de Biden y el consiguiente movimiento de peones en el tablero de ajedrez internacional, más de sesenta diputados demócratas estadounidenses enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, pidiéndole que revisara la política con Haití. En la misiva critican «la insistencia de Estados Unidos en querer celebrar elecciones a toda costa a finales de este año, con el riesgo de desatar más violencia en el país». Y le piden a Biden que use «su voz y su voto» con la ONU y la OEA para que el dinero de los contribuyentes no se utilice para apoyar el referéndum que buscaba Moïse.
Un montón de argumentos que probablemente llevaron al sangriento «retiro» del rey del plátano.
