Geraldina Colotti - Resumen Latinoamericano / Cubainformación.- «Un ejercicio demagógico sin beneficio, con reuniones pregrabadas y una agenda totalmente manipulada». Así calificó la Cancillería cubana la «Cumbre por la Democracia» convocada por Estados Unidos en forma virtual los días 9 y 10 de diciembre. Un juicio compartido por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), que el día 14 organizaron en La Habana una cumbre de significado completamente diferente y con objetivos completamente distintos: un encuentro sur-sur, a favor de los pueblos decididos a ser libre y a no estar en connivencia con quienes pretenden impedir su soberanía y verdadero desarrollo.

La cumbre de Biden – dijo Cuba – no tuvo efectos prácticos en la solución compartida de los grandes problemas en juego (hambre, desnutrición, pobreza y desigualdad creciente, insalubridad, problemas migratorios, narcotráfico, crimen organizado y transfronterizo, carrera armamentista, clima). cambio y patentes …), siendo el imperialismo estadounidense una parte preponderante de esos problemas y ciertamente no la solución. Y así, el único resultado aparente fue el compromiso de destinar 400 millones de dólares a la subversión política de estados soberanos, en flagrante violación del derecho internacional. El mismo camino de siempre.

Por lo contrario, en la declaración final, sintetizada por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, el ALBA-TCP se ha propuesto de avanzar sobre temas como el cambio climático, la emigración, la estrategia post Covid-19, el proteccionismo selectivo, siendo el mecanismo creado por Fidel y Chávez la alternativa contra el nuevo colonialismo económico.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado a los países participantes a crear un plan integral de desarrollo económico para los pueblos del mecanismo de integración. “El centro de la nueva época y el éxito de nuestros proyectos revolucionarios están en que de verdad atinemos el camino del desarrollo económico compartido”, acotó. “Separados somos débiles y nadie por sí mismo alcanzará el desarrollo individual y solo”, reiteró y criticó que cada país siguiera abogando por su lado.

China y Rusia también han denunciado el uso político de la “Cumbre por la Democracia», de la que muchos países han sido excluidos. Uno de los objetivos de el encuentro de Biden, denuncian Pekín y Moscú, es dividir el mundo y utilizar la democracia «como un arma para mantener la hegemonía de Estados Unidos», incluso si Washington no tiene un título moral para erigirse como campeón de la democracia, por ser un país que ha violado flagrantemente los principios fundacionales de este concepto, dentro y fuera de su fronteras.

Detrás de la retórica sobre la democracia «como un desafío que define nuestro tiempo», la cumbre de Biden reafirmó la defensa del sistema capitalista y exhibió el aporte de aquellos gobiernos que apoyan el modelo, y que aceptan la autoridad hegemónica de Estados Unidos. Un intento de ocultar la creciente pérdida de influencia del «gendarme del mundo», tanto en el continente latinoamericano como en otras regiones del sur.

La presencia virtual de un títere autoproclamado que nadie ha elegido, como Juan Guaidó, mostró aún más el nivel de «democracia» promovido (incluso con bombas) por Washington. La extradición ilegal del diplomático venezolano Alex Saab, secuestrado en Cabo Verde, indica lo poco que le importa a la administración estadounidense el cumplimiento de las reglas. Y, en cuanto a la retórica sobre el derecho de expresión, que Estados Unidos maneja como arma contra gobiernos que son la expresión real del pueblo, basta con considerar el caso del periodista Julian Assange.

El fundador del sitio Wikileaks está a punto de ser extraditado a Estados Unidos, tras una nueva decisión de un tribunal de Londres. Dado su estado de salud y el de la «democracia» norteamericana, el periodista tendría muy pocas posibilidades de sobrevivir en las cárceles de Estados Unidos, donde los que han impugnado el sistema llevan cincuenta años recluidos.

La culpa de Assange fue la de haber revelado los verdaderos intereses que orientan las intervenciones «humanitarias» del imperialismo para «exportar» su concepto de «democracia» a los países del sur. Hacer bien su trabajo puede costarle caro, como lo indica la gran cantidad de periodistas asesinados o encarcelados cada año en Estados Unidos y en Colombia.

Una ola de indignación general está aumentando contra la extradición de Assange. Un comunicado conjunto del Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) denuncia que la extradición del periodista a Estados Unidos crea serios precedentes de vulneración del derecho humano y de la libertad de expresión e información. El comunicado considera la decisión del Tribunal de Westminster en Reino Unido un grave error judicial que pone en peligro la vida de Assange y que se inscribe en la estrategia de lawfare, el uso político del poder judicial.

Assange – señala el comunicado conjunto – ha puesto a disposición del mundo evidencia inequívoca sobre la responsabilidad de políticos, diplomáticos, militares, empresarios, principalmente de Estados Unidos, en decisiones y acciones que tuvieron un fuerte impacto en la política interna de diferentes estados en todo el mundo. Revelaciones que muestran extorsión, espionaje, operaciones encubiertas, desestabilización e incluso ataques armados contra civiles. Hasta la aparición de estos documentos -continúa el comunicado- el estado norteamericano se reservaba el derecho a definir el momento y el contenido de los documentos que podrían mostrarse en público y cuáles debían permanecer secretos.

Assange, por lo tanto, prestó un gran servicio a la verdad y a la libertad de informar. Sin embargo, paradójicamente, en lugar de ser aplaudido, fue castigado, condenado, denigrado y criminalizado. En nombre, por supuesto, de la «democracia».

Incluso la declaración final del Encuentro Antiimperialista por los Derechos de los Pueblos, organizado por la Cancillería venezolana, tanto presente como virtualmente, consideró al gobierno de Estados Unidos y sus agencias como la Organización de Estados Americanos (Oea) y otras instancias coloniales norteamericanas, y a los poderosos grupos económicos transnacionales, como principales perpetradores de los procesos de violación sistemática de los derechos de los pueblos.

El encuentro dio lugar a la propuesta de una Coordinadora Americana concebida como «un espacio antiimperialista de luchadores y luchadoras por los derechos humanos y de las humanas, proclamando rotundamente que la lucha por los Derechos Humanos es parte inseparable de las luchas que nos conducirán a la Segunda y Definitiva Independencia de Nuestra América».