Por Arthur González*/Martianos-Hermes-Cubainformación.- Para Estados Unidos el asalto al Capitolio Nacional, el 6 de enero del 2021, fue una insurrección con hechos violentos, ejecutada por “delincuentes” calificados como “extremistas violentos”. Ningún medio de comunicación los denomina disidentes u opositores políticos, a pesar de que el móvil que los llevó al asalto haya sido la campaña acusatoria continuada del presidente Donald Trump, de que hubo fraude en las elecciones presidenciales, razón que lo convierte totalmente en una acción política.

Sin embargo, la prensa yanqui y la europea desde hace 6 meses no deja de repetir que los actos vandálicos acontecidos en Cuba el pasado 11 de julio, fueron una “revuelta política”, ocultando los ataques violentos contra agentes del orden, sus autos patrulleros, el saqueo de centros comerciales e incluso el conato de asalto a una estación de la policía lanzando cocteles molotov, hechos por los que ahora son juzgados y sancionados.

La cruzada comunicacional anticubana pretende victimizar a puros delincuentes comunes, muchos de ellos con antecedentes penales, estimulados a través de las redes sociales mediante algoritmos diseñados en Miami, acciones comprobadas técnicamente y denunciadas por el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, con elementos probatorios suficientes para desmoronar esa cruzada mediática.

Es así como Estados Unidos pretende establecer una cortina de humo sobre la crítica situación interna que padecen, evitando a toda costa permitir que se conforme una oposición política interna, bien sea por la lucha contra la discriminación racial,  la regulación de la venta de armas de fuego o por cambios en su sistema electoral tan antidemocrático, evidenciado en la pasada contienda por la presidencia del país, e incluso ante la posible propuesta de elaborar una nueva constitución que sustituya a la vigente, con más de 200 años.

En Estados Unidos hechos con evidente matiz político son denominados de inmediato como actos delictivos, tal como sucedió con las protestas por el asesinato a George Floyd, donde aún hay tres policías implicados sin ser juzgados.

Prueba del tratamiento jurídico que aplican los yanquis, es el juicio celebrado recientemente en Florida contra Robert Scott Palmer, calificado de “agitador”, quien el 6 de enero durante el asalto al Capitolio atacó a la policía con un extintor contra incendio, una tabla de madera y un poste, hecho por lo ahora fue condenado a cinco años de prisión.

Para esos que emborronan páginas enteras en los diarios contra la Revolución cubana, deberían detenerse a leer lo que dijo la jueza del distrito, Tanya Chutkan, al dictar la sentencia:

“Todos los días escuchamos informes de facciones antidemocráticas, y de personas que planean actos de violencia. A esos debe quedarles claro que quienes agredan a las fuerzas del orden público serán castigados”.

Los grupúsculos contrarrevolucionarios y sus leguleyos que los defienden, también deben estar seguros que en Cuba existen leyes similares a las de Estados Unidos y otras naciones, y quienes las violen deberán pagar por sus actos delictivos, esos que ahora desde el Norte pretender disfrazar de políticos.

¿Por qué la prensa yanqui no califica los hechos del Capitolio como actos de protestas políticas, si lo que pedían era un cambio de sistema?

Una reciente evaluación de ese asalto, elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, la policía del Capitolio Nacional y otras agencias policiales, reconoce que existió una conspiración para sembrar en la ciudadanía la teoría del posible fraude electoral, pero no califican a sus promotores como actores políticos, sino como “extremistas violentos” que instigaron a cometer actos de violencia.

Pero los que cometieron actos violentos en Cuba, soliviantados desde el exterior, son calificados de “opositores políticos” que desean cambiar el sistema, a pesar de que los videos mostrados en la TV cubana prueban el carácter delincuencial de muchos de los participantes, ahora detenidos y juzgados.

El asalto al Capitolio de Washington fue un hecho político de connotación internacional y no delictivo como quieren aparentar los yanquis, pues el propósito era anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que el demócrata Joe Biden se impuso sobre el republicano Donald Trump.

En Estados Unidos hay más de un centenar de encarcelados a la espera de un juicio, fueron reprimidos con violencia y las condenas serán fuertes, pero de eso las organizaciones de Derechos Humanos financiadas para atacar a Cuba y el Parlamento Europeo no dicen una sola palabra, porque el que paga manda y a la Revolución socialista no se le puede perdonar su osadía de resistir la guerra más larga y brutal que conozca la humanidad, que ya dura 63 años insistiendo en matar por hambre y enfermedades a su población, pueblo que no se rinde, vive y vence.

Exacto fue José Martí cuando afirmó:

“La verdad continúa incólume su marcha por la tierra”