Por Arthur González - En días pasados el investigador estadounidense William M. LeoGrande, publicó un artículo sobre el tema de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, donde expone como una esperanza para mejorar la maltrecha situación, el nombramiento del exsenador Christopher Dodd, en el cargo de Asesor Presidencial Especial para las Américas, dada su experiencia en el tema regional y en especial por su constancia en insistir por el fin de la guerra económica, comercial y financiera que dura ya 62 años.

Esa línea política la siguieron casi todas las administraciones yanquis sin conseguirlo, excepto Barack Obama, quien creó grupos de trabajo para preparar a la opinión pública, que le posibilitará poner en práctica viejas recomendaciones del Council on Foreign Relations y otros órganos académicos especializados en política internacional, que sugerían un cambio de estrategia, siempre con la idea de derrocar a la Revolución cubana desde adentro, sin eliminar la guerra económica.

El fracaso de los intentos por mejorar las relaciones con Cuba, radica en que, Estados Unidos impone condiciones inaceptables, porque su pensamiento es del dueño y señor del hemisferio, que no admite una posición independiente y soberana, por ser “un mal ejemplo” para los demás.

Después del asesinato de J.F. Kennedy, en 1963, quien dio un primer paso, le siguió su sucesor Lyndon Johnson, presionado por un pequeño grupo de industriales, entre ellos Cyrus Eaton y Edwards Lamb, que consideraban errada la política hacia la Isla, pero el intento fracasó.

Con Richard Nixon en la Casa Blanca, también hubo tentativas e incluso muchos viajes a La Habana de diferentes congresistas y académicos, sufragados por las Fundaciones Ford y Rockefeller.

Henry Kissinger tuvo destacada participación en el traslado de mensajes y propuestas para mejorar las relaciones, personaje con un pensamiento muy práctico en temas de política exterior.

Este influyó en el presidente Gerald Ford, quien aprobó licencias para que subsidiarias yanquis comerciaran con Cuba, siempre que radicaran en países que mantuvieran políticas favorables al comercio con la Isla y cesaron las presiones políticas con quienes aceptaran esos negocios.

En reuniones efectuadas en 1975, Estados Unidos tenía el propósito de que Cuba pagara por las empresas que le fueron expropiadas; el pago de la deuda postal; la liberación de los presos contrarrevolucionarios juzgados por acciones de espionaje y subversión a favor de los yanquis; la situación de los derechos humanos; que se le permitiera a los cubanos con ciudadanía norteamericana viajar a Estados Unidos y que Cuba dejara de apoyar la independencia de Puerto Rico y a los movimientos revolucionarios latinoamericanos.

Estos elementos están recogidos en un informe desclasificado, fechado el 2 de enero de 1975, que envió William D. Rogers, subsecretario de estado, a Henry Kissinger.

Cuba planteó que el cese del bloqueo económico, comercial y financiero era una premisa para una negociación seria, pues no se podía negociar con un cuchillo en el cuello.

Los funcionarios estadounidenses respondieron que las relaciones con Cuba no era lo más importante de la política exterior de los Estados Unidos y para resolverlo se requería de un balance de acciones por ambas partes.

Durante ese año y el siguiente, continuaron los contactos entre las partes, pero en 1976 Kissinger condicionó la normalización de las relaciones, a la retirada de las tropas de combate cubanas de Angola, y exigió el cese del apoyo de Cuba a la independencia de Puerto Rico, lo que motivó la interrupción de esas reuniones.

Todos los contactos se efectuaron secretamente, para que la mafia cubana no los conociera.

En 1977, bajo la presidencia de Jimmy Carter, se reanudaron las conversaciones, y culminaron con el acuerdo de abrir las oficinas de intereses en Washington y La Habana.

Como prueba del falso interés por mejorar las relaciones entre dos países, los yanquis rápidamente evidenciaron los verdaderos objetivos que perseguían con aquel trascendental paso: reabrir la estación local de la CIA para el reclutamiento y atención de sus agentes cubanos, obtener informaciones que les facilitaran incrementar medidas contra la economía de la Isla, a la vez que organizaron centros ilegales para preparar a los grupúsculos contrarrevolucionarios y subvertir el orden interno de Cuba.

En su línea de acción, estimularon las salidas ilegales y la entrada en sedes diplomáticas acreditadas en La Habana, restringieron el otorgamiento de visas para emigrar a cientos de ex reclusos contrarrevolucionarios y familiares de residentes en Estados Unidos, lo que dio lugar a la penetración por la fuerza en la Sección de Intereses (SINA), de decenas de esas personas. Seguidamente ocurrió la penetración con violencia de unos 10 mil cubanos en la embajada del Perú.

Como resultado de tales hechos, el gobierno cubano decidió abrir el puerto del Mariel, a las embarcaciones procedentes de Estados Unidos que desearan recoger a sus familiares en Cuba.

Esa emigración ilegal descontrolada obligó a la Administración del presidente Ronald Reagan, a firmar el 14 de diciembre del año 1984, el Acuerdo de Normalización de Relaciones Migratoriascon Cuba, con el compromiso de otorgar hasta 20 mil visas de emigrantes en un año fiscal, y garantizar visas temporales para visitas familiares.

Cuba a su vez, aceptaba recibir de regreso a 2 mil 746 cubanos clasificados como excluibles, llegados por el puerto del Mariel.

Estados Unidos comenzó a incumplir el otorgamiento de las 20 mil visas pactadas y mantuvo la estimulación de las salidas ilegales, y recibía como héroes a los que arriban a sus costas, respaldados por la Ley de Ajuste Cubano de 1966. En su política agresiva inauguró la mal llamada Radio Martí en mayo de 1985, que estimulaba las actividades contrarrevolucionarias y las salidas ilegales.

Esa decisión violatoria de las normas internacionales de las transmisiones radiales, dio lugar a que Cuba suspendiera la ejecución del Acuerdo Migratorio. 

La escalada anticubana no se detuvo y el 22 de agosto de 1986, Reagan firmó la proclama “Suspensión de la Inmigración Cubana”, donde cortó la entrada como inmigrante de todo cubano, incluso procedentes de terceros países.

Ante un incremento de las tensiones y las entradas ilegales, el 20 de noviembre de 1987, ambos países acordaron reanudar el Acuerdo migratorio, en estricta conformidad con el Derecho Internacional, pero volvieron a incumplir la cantidad de visas pactadas.

Reagan en su escalada anticomunista, incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, a pesar de ser Estados Unidos el gestor de cientos de actos terroristas contra la Revolución y refugio de sus autores.

El 23 de octubre de 1992 el presidente George Bush firmó en Miami la Ley de la Democracia Cubana, conocida como Ley Torricelli, para complacer a la mafia anticubana de Miami y que lo apoyaran en las elecciones. Así incrementaron las medidas contra la economía de Cuba.

A partir de enero de 1993, durante la administración de William Clinton, se dan pasos para un cambio de estrategia hacia Cuba, pero con idéntico objetivo de sus antecesores. Las presiones de la mafia anticubana y las campañas contra Cuba se fortalecen con la entrada en el Congreso de varios representantes de origen cubano.

No se cumplen los acuerdos migratorios y se estimula la emigración ilegal. Tal situación tuvo su punto máximo el 5 de agosto de 1994, al concentrarse en áreas del malecón habanero numerosas personas deseosas de emigrar, lo que dio lugar a la decisión cubana de permitir las salidas por mar a todos los que desearan hacerlo. Este hecho se recuerda como “la crisis de los balseros”.

El 1º de septiembre de 1994, se establecieron conversaciones y el 9 de septiembre se firmó un Acuerdo de Entendimiento, donde ambos países se comprometían a facilitar la emigración segura, legal y ordenada, conforme con el Acuerdo de 1984.

Con la caída de la URSS, recrudecieron las medidas de guerra económica, comercial y financiera, con la pretensión de derrocar a la Revolución, como se plasma en los estimados de inteligencia de la CIA.

Clinton en 1995 aprueba, por primera vez, la creación del programa Cuba de la USAID, y destina cientos de millones de dólares para acciones de subversión contra Cuba.

No toma medidas ante las provocaciones de aviones procedentes de Miami, que hacen incursiones agresivas sobre la capital cubana, estimuladas por la mafia anticubana para impedir un mejoramiento de las relaciones. Cuba cumple con lo advertido y derriba algunos en febrero de 1996.

De inmediato florecen las presiones para que Clinton apruebe la Ley para La Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, conocida como Ley Helms-Burton, a pesar de la oposición de Europa y de otros países, incluso de la curia católica cubana. En marzo de ese año aprueba dicha Ley con la presencia de la mafia anticubana.

Los demás presidentes hicieron lo mismo, porque son muchos los intereses imperiales que impiden aceptar una Revolución socialista, en la acera de enfrente.                       

La Habana siempre ha estado a favor de una relación cordial y respetuosa con Washington, pero quienes aspiran a comerse la Fruta Madura, prefieren optar por el recrudecimiento de la guerra económica, en vez de aceptar la independencia y soberanía de la deseada Isla, que el 1ro de enero de 1959 rompió con las ataduras impuestas desde 1898, cuando las tropas yanquis intervinieron para arrebatarle la victoria frente a España.  

Un informe de la RAND Corporation, de 1996, expresa: “…lo mejor para Estados Unidos, sería aprovechar el deterioro económico que se observa en este momento, donde se incrementa la oposición interna en sectores de la sociedad civil, que se agrupan alrededor de la iglesia católica y de elementos reformistas…

…Estados Unidos debería apoyar los esfuerzos en desarrollar el Carril Dos, para promover el fortalecimiento de actores de la sociedad civil, religiosos, artistas e intelectuales, pequeños empresarios y grupos de derechos humanos, unido a una diplomacia pública que continúe prometiendo la no agresión, el respeto y hasta ofrecer un convenio de un levantamiento del bloqueo”.

El problema no es de quien ocupe el puesto de Asesor Presidencial Especial para las Américas, sino de respetar la soberanía de Cuba, algo casi imposible.

27 años después nada ha cambiado en los propósitos yanquis y como afirmó José Martí:

“Las verdades reales son los hechos”.

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