Artur González / Heraldo Cubano.- Estados Unidos intenta minimizar su guerra económica, comercial y financiera establecida contra Cuba desde 1959, y con su poderosa maquinaria propagandística hacerle creer al mundo y en especial al pueblo cubano, que el sistema socialista es el único responsable de las dificultades y penurias que sufre, ocultando el amasijo de leyes y sanciones que aplican contra la Revolución.

No se pueden negar los errores cometidos a lo largo de estos 60 años en la conducción de la economía cubana, muchos de ellos quizás inducidos, aunque si las leyes yanquis aprobadas por presidentes y el Congreso fueran poco dañinas, ya las hubiesen derogado, pero en realidad las refuerzan con la malsana intención de provocar el desgaste e irritación de la población y estimular disturbios callejeros que den al traste con el proceso revolucionario.

Cuba denomina Bloqueo a ese proceso inhumano, pero en realidad sus acciones conforman una verdadera guerra, dado su alcance, magnitud y objetivos a lograr. Las leyes aprobadas así lo reafirman y una deficiencia ha sido no incluir en el sistema educacional cubano el estudio de esas leyes y las sanciones aplicadas, para que todos los cubanos dominen la verdadera dimensión de la cruel y despiadada política estadounidense.

Unos días después del 3 de enero de 1961, cuando el presidente Dwight D. Eisenhower rompió relaciones diplomáticas con Cuba, también suspendió el comercio, mediante la aplicación de la Ley de Comercio con el Enemigo, (TWEA), aprobada en 1917 para imponer sanciones económicas contra naciones extranjeras, mediante la prohibición, la limitación o la regulación de las transacciones comerciales y financieras con países hostiles en tiempos de guerra.

Desde 1978, todos los presidentes yanquis han emitido memorandos o determinaciones presidenciales, que amplían la TWEA durante un año, al considerar a Cuba una situación de “emergencia nacional” y calificarla como interés de los Estados Unidos”, siendo el único país del mundo al que se le aplica dicha ley.

En su enfermiza obsesión por derrocar a la Revolución cubana, el propio año 1961 el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Cooperación Internacional, Sección 620.A, la cual prohíbe toda ayuda a cualquier país comunista, incluida Cuba, y a otro país que preste ayuda a la isla. Autoriza al presidente a establecer y mantener un “embargo” total de todo el comercio entre Estados Unidos y Cuba.

El 3 de febrero de 1962, bajo la autoridad que le otorgaba la Ley de Cooperación Internacional, el presidente John F. Kennedy suspendió todo el comercio con Cuba y mediante la Proclama Presidencial 3447, impuso un “embargo” que prohíbe la importación a Estados Unidos de todos los bienes de origen cubano y bienes importados desde o a través de Cuba y todas las exportaciones de Estados Unidos a la Isla.

Dicha proclamación no establece límites temporales o condiciones para su levantamiento y desde esa fecha el llamado “embargo” se convirtió en ley, ampliándose con más regulaciones y nuevas leyes.

Paralelamente, en enero de 1962, el presidente Kennedy organizó el Grupo Especial Ampliado del Consejo de Seguridad Nacional, el cual diseñó la conocida Operación Mangosta, que contiene una variedad de acciones políticas, diplomáticas, económicas, psicológicas, propagandísticas, de espionaje, actos terroristas y el estímulo y apoyo logístico a bandas armadas contrarrevolucionarias.

Esta Operación estaba dirigida a provocar una rebelión del pueblo cubano, que daría la justificación para una intervención militar directa de las fuerzas armadas yanquis.

La misma contiene 32 tareas y de ellas 13 económicas, afirmando: “La acción política será apoyada por una guerra económica que induzca al régimen comunista a fracasar en su esfuerzo por satisfacer las necesidades del país…”

Su extraterritorialidad se manifiesta al afirmar:

“Se explorará por el Departamento de Estado, la colaboración con otras naciones de la OEA, particularmente Canadá y México. El Departamento de Estado con el de Comercio y otros involucrados, confeccionará una lista positiva de artículos de América Latina que estarán sujetos a los mismos procedimientos de licencias aplicados en otras partes del mundo libre, a tales embarques. El Departamento de Estado informará sobre el estado de los planes para ganar la cooperación de los aliados de la OTAN (bilateralmente o en el foro de la OTAN, como sea más apropiado) El objetivo es convencer a esas naciones a dar los pasos para aislar a Cuba de Occidente”.

“El Departamento de Estado trabajará sobre la situación de las acciones adoptadas con Japón, quien tiene un comercio comparativamente importante con Cuba, las cuales son similares a las seguidas con las naciones de la OTAN”.

¿Se puede escamotear el verdadero objetivo y hacerle creer al mundo que las penurias que sufren los cubanos son por causa de un sistema fallido?

En 1963, el gobierno estadounidense emitió las Regulaciones al Control de los Activos Cubanos (CACR), en virtud de la sección 5.b de laLey de Comercio con el Enemigo de 1917.

El objetivo expreso de las sanciones contempladas en dichas regulaciones es: “aislar económicamente al gobierno cubano y privarlo de dólares estadounidenses”.

Tales sanciones congelan todos los activos cubanos en Estados Unidosy se encargó al Departamento del Tesoro, de regular todas las transacciones comerciales con Cuba, incluidos los viajes autorizados a Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses.

El CACR prohíbe la exportación directa o indirecta de productos, servicios y tecnología estadounidenses a Cuba. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, fue encargada de interpretar y aplicar las disposiciones del “embargo”, mediante un conjunto de regulaciones.

Para quienes violen las sanciones, se establecen castigos penales que oscilan entre 10 años de prisión, multas a empresas de hasta un millón de dólares estadounidenses, y multas individuales de hasta 250.000 dólares y pueden imponerse castigos civiles de hasta 55.000 dólares estadounidenses.

Después de la desintegración de la URSS y para agudizar más la situación económica interna cubana, soñando con lograr “una transición pacífica a la democracia”, el presidente George H. Bush, aprobó la Ley para la Democracia en Cuba (Ley Torricelli), la que prohíbe a las filiales de empresas estadounidenses, establecer relaciones comerciales con Cuba; prohíbe a los ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba y prohíbe enviar remesas de dinero al país.

La Ley Torricelli “alienta a los gobiernos de otros países que mantienen relaciones comerciales con Cuba, a restringir sus actividades de comercio y crédito, e impone sanciones a cualquier país que preste ayuda a Cuba, lo cual incluye poner fin a la ayuda de Estados Unidos a esos países, declarándolos no aptos para beneficiarse de cualquier programa de reducción o perdón de la deuda que mantengan con Estados Unidos”.

Ante la estoica resistencia del pueblo cubano, en marzo de 1996, el Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva legislación destinada a fortalecer el cumplimiento del “embargo” contra Cuba, denominada Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, más conocida como Ley Helms-Burton.

El presidente Bill Clinton firmó su entrada en vigor y las sanciones contra Cuba tomaron más fuerza. Esta ley procura “fortalecer las sanciones internacionales contra el gobierno de Castro y planificar el apoyo a un gobierno de transición electo, que conduzca un gobierno democrático en la Isla”. Con ella, la guerra económica, comercial y financiera contra Cuba, adoptó una mayor dimensión y sólo es posible levantarla con la aprobación del Congreso.

¿Se puede engañar a la opinión pública de que el “embargo” no es el factor fundamental de los problemas económicos cubanos?

Es vital que estas leyes se estudien en las escuelas cubanas a todos los niveles, porque desgraciadamente muchos, incluidos los más jóvenes, no conocen sus contenidos y se dejan llevar por las campañas fabricadas por Estados Unidos.

Con la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, se agregaron 243 nuevas sanciones que pretenden asfixiar a los cubanos, y Cuba fue nuevamente incluida en la lista de países que patrocinan el terrorismo, lo que incrementó las medidas coercitivas a los bancos y empresas internacionales que ejecuten transacciones y comercien con la Isla, situación que agudizó drásticamente la crisis económica y ha conllevado un volumen de emigrantes sin precedentes. 

Errores existen y también políticas que no se ajustan a la realidad, pero la brutal guerra económica ejercida por los yanquis durante 64 años no puede negarse y solo el desconocimiento y la falta de divulgación sistemática de los obstáculos que deben ser sorteados para materializar el comercio cubano, permiten que la maquinaria desinformativa de Estados Unidos por las redes sociales, gane un espacio que no les pertenece.

Razón tiene José Martí al afirmar:

“Para apreciar con fruto, es necesario conocer con profundidad”.

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