Carlos González Penalva.- En este episodio analizamos las complejidades y consecuencias de la política migratoria de Estados Unidos y las dinámicas teorristas del llamado "Ejercito De Dios" en la frontera de Texas con Mexico alineadas con la campaña electoral de Donald Trump. Desde la frontera con México hasta las tramas de tráfico de personas en Miami, exploramos cómo estas políticas afectan a millones de vidas y las implicaciones geopolíticas y económicas que subyacen detrás de ellas. Acompáñanos mientras desentrañamos los entramados criminales, los intereses políticos y los derechos humanos en juego en este apasionante y urgente tema para Radio Habana Cuba.
Dios no quiere pobres en el paraíso
Carlos González Penalva
Hace tan solo unos días, el grupo terrorista cristiano, autodenominado "el ejército de Dios", marchaba sobre la frontera de EE. UU. con México con el objetivo de combatir la "invasión" migrante y las políticas migratorias de la administración Biden. Un paso más hacia la consolidación de la semiótica de extrema derecha alineada con Donald Trump y el gobernador de Texas, Greg Abbott, en el camino hacia las elecciones presidenciales de 2024. La convocatoria se producía tras articularse a través de redes sociales y aplicaciones de extrema derecha, que sirven como campo de abono para la difusión de noticias falsas y diversas teorías de la conspiración, apuntaladas hoy en día por granjas de trolls y el uso de tecnologías de IA para la producción de contenidos orientados a la difusión y articulación de las campañas de odio. Como bien señalaba la periodista y analista cubana Rosa Miriam Elizalde, Donald Trump y sus imitadores han descubierto que las campañas electorales y el gobierno de los trolls no se sustentan en la información, sino en la distorsión de las percepciones que les asegure estar siempre al frente y en el centro de la noticia.
En todo caso, sea Biden o Trump, ¿qué hay detrás de estas políticas y qué intereses se juegan en materia migratoria? Lo que está fuera de toda duda es que el cuestionamiento a la política migratoria de EE. UU. no es un tema nuevo y ha sido materia de crítica a lo largo de décadas. La política migratoria de EE. UU. – como la de muchos otros estados, por ejemplo, de Europa - está estrechamente ligada a la mano de obra barata que proveen los inmigrantes, especialmente los indocumentados, a sectores clave de la economía estadounidense.
Los inmigrantes indocumentados representan alrededor del 5% de la fuerza laboral del país. Sin embargo, su participación es mucho mayor en algunos sectores, como la agricultura (24%), la construcción (15%), el servicio doméstico (9%) o la hostelería (9%). Estos sectores se benefician de la mano de obra barata que ofrecen los inmigrantes, que suelen aceptar trabajos precarios, mal pagados y sin protección social, por temor a ser deportados y por falta de alternativas. Son los esclavos del libre mercado del siglo XXI. La política migratoria de Estados Unidos, lejos de resolver este problema, lo perpetúa. Por un lado, el país no ofrece suficientes visas legales para cubrir la demanda de trabajadores extranjeros en estos sectores. Por otro lado, las medidas de control fronterizo y las redadas en los lugares de trabajo no logran disuadir a los inmigrantes de cruzar la frontera o de trabajar sin papeles, sino que los obligan a vivir en la sombra y a depender de redes de traficantes y explotadores.
La política migratoria de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, desde la perspectiva de los derechos humanos, viola el derecho a la libre circulación, el derecho al asilo, el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, el derecho a la familia y el derecho al debido proceso de los migrantes. Los migrantes indocumentados son sometidos a condiciones de detención inhumanas y degradantes, a separaciones familiares, a abusos y violencias por parte de las autoridades fronterizas y a deportaciones masivas que ponen en riesgo sus vidas. Además, los migrantes que logran ingresar o permanecer en Estados Unidos enfrentan situaciones de explotación laboral, exclusión social, racismo y xenofobia. Desde el punto de vista de la seguridad, la política migratoria de Estados Unidos genera inestabilidad y violencia en la región. Al restringir las vías legales y seguras de migración, se fomenta el tráfico ilícito de personas, el contrabando de mercancías y el crimen organizado transnacional. Estas actividades ilícitas amenazan la soberanía y la gobernabilidad de los países afectados, así como la seguridad nacional e internacional.
Desde el punto de vista de la integración regional, la política migratoria de Estados Unidos obstaculiza el proceso de integración entre América Latina y el Caribe. Al imponer su visión unilateral e interesada sobre la gestión migratoria, Estados Unidos desconoce los principios y los mecanismos de integración regional que promueven una movilidad humana ordenada, regular y segura.
Pero, además, la política migratoria de EE. UU. es asimétrica, diferenciando el país de procedencia. El caso paradigmático de esta asimetría legal (no todos son iguales ante la ley) es la Ley de Ajuste Cubano, la cual estimula las salidas ilegales del país. Las políticas coercitivas extremas de Estados Unidos afectan directamente a las condiciones socioeconómicas en Cuba, como estamos viendo en los últimos días, y estimulan la emigración irregular. A diferencia del enfoque hacia otros países, como los del triángulo norte, las políticas estadounidenses hacia Cuba buscan obstaculizar el bienestar y la estabilidad de la sociedad cubana con el objetivo de debilitar al Gobierno y favorecer la subversión política en el país. Tenemos como ejemplo el accidente sucedido en Bahía Honda, que sigue el guion tradicional en todos los casos vinculados al tráfico de personas: ocultar las causas estructurales detrás de todos estos sucesos.
Al igual que en la frontera de EE. UU. con México o en las vallas de Ceuta y Melilla, prosperan redes y tramas de tráfico de personas. Esta lucrativa industria internacional ha estado establecida en Miami durante años a través de grupos y organizaciones criminales conocidas tanto por el Gobierno de Cuba como por la administración de Estados Unidos. No solo toleran estas actividades, sino que también las fomentan, involucrando a Cuba, México y España, con el propósito de utilizar la vida de miles de personas como herramienta de presión y chantaje.
Es necesario poner fin a esta trágica situación y a los entramados criminales que se nutren de ella. Urge una reforma migratoria en EE. UU. que responda a los derechos humanos, que se retire la Ley de ajuste cubano, única de su tipo en el mundo, y es fundamental para la convivencia pacífica que Estados Unidos ratifique su compromisocon el cumplimiento de los acuerdos migratorios y reconozca la importancia de la cooperación entre países para enfrentar delitos transnacionales, incluido el tráfico ilícito de inmigrantes.
El Gobierno estadounidense no puede seguir traficando con la vida de las personas como si fueran una mera mercancía o producto para una contienda electoral, violando los derechos humanos y alimentando las estructuras criminales que se benefician de sus políticas. Es hora de poner fin a la política migratoria criminal de la administración de EE. UU., ya sea la de Biden o la de Donald Trump.
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Una colaboración en el espacio "Desde Cuba" de Radio Habana Internacional junto a Roberto Bastidas.
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La Columna es un espacio libre de opinión personal de autoras y autores amigos de Cuba, que no representa necesariamente la línea editorial de Cubainformación.
