Por Salim Lamrani* / Université de La Réunion - Foto: Virgilio Ponce
Hace 30 años, el Presidente Aristide, víctima de un golpe de Estado militar, regresaba al poder tras la intervención de las Naciones Unidas.
El 16 de diciembre de 1990, después una campaña electoral supervisada por la ONU, pero marcada por la violencia, Jean-Bertrand Aristide, candidato del Frente Nacional por el Cambio y la Democracia (FNCD), fue elegido presidente de Haití con cerca del 67% de los votos y una participación de más del 75% del electorado. El país más pobre del continente estaba marcado por una inestabilidad institucional crónica. No menos de cinco presidentes habían gobernado de 1986 a 1991, todos derrocados por golpes de Estado militares. El 7 de febrero de 1991, el joven sacerdote de formación, formado en de la teología de la liberación, asumió la presidencia del país, a pesar de un intento de golpe un mes antes, que buscaba impedir su llegada al poder.
Su programa, lanzado desde su investidura, era resueltamente progresista, con una reforma agraria, un aumento del salario mínimo y una repartición mas equitativa de las riquezas nacionales, lo que le valió un amplio apoyo popular, así como el resentimiento de las elites locales. Mostró, sobre todo, una firme voluntad de reformar profundamente el ejército, la policía y la administración pública, heredadas de la sangrienta dinastía de la familia Duvalier, que gobernó el país con mano de hierro durante más de tres décadas y estaba corrompida hasta los cimientos. En febrero de 1991, se creó una comisión especial para investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado, particularmente las masacres de Dandi, Rabel y Labadie.
Aristide se convirtió rápidamente en el objetivo de una coalición de ricos, compuesta de la burguesía, la Iglesia, el ejército y la prensa. El 29 de septiembre de 1991, este grupo orquestó un golpe de Estado militar y derrocó al presidente democráticamente electo, apenas siete meses después de su toma de posesión. Este golpe no causó conmoción en Washington, que desconfiaba de las tendencias socialistas del nuevo dirigente y, además, había financiado ampliamente a su adversario conservador, Marc Bazin, a través de la Fundación Nacional por la Democracia (NED). En efecto, a diferencia de Aristide, Bazin era un exfuncionario del Banco Mundial, respetuoso de los intereses establecidos y de las jerarquías sociales.
El comandante en jefe del ejército, Raoul Cédras, quien había sido ascendido por Aristide y había jurado lealtad a la Constitución, tomó entonces el poder y ejerció una represión feroz contra los partidarios del presidente depuesto, causando cientos de víctimas en los primeros días. Varios cientos de miles de personas estuvieron obligadas a huir al extranjero, particularmente hacia la vecina República Dominicana y los Estados Unidos, convirtiendo rápidamente la cuestión de los boat people en un problema de política interna para Washington. El presidente Aristide, refugiado en Estados Unidos, continuó contando con el apoyo y el reconocimiento de la comunidad internacional, que impuso sanciones económicas contra la junta militar.
En julio de 1993, Bill Clinton impuso los acuerdos de Governors Island a Aristide y Cédras, equiparando al presidente legitimo con el golpista. Dichos acuerdos preveían el regreso de Aristide en tres meses, siempre que renunciara a su programa de reformas socioeconómicas y siguiera estrictamente las recomendaciones neoliberales del FMI. Tras varios meses de dilaciones, y ante la obstinación de la junta de mantenerse en el poder a pesar del bloqueo naval impuesto, el 31 de julio de 1994, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió adoptar la resolución n°940, que autorizaba el despliegue de una fuerza militar multinacional bajo la égida de Estados Unidos, llamada Operación Uphold Democracy.
Ante la inminencia de la intervención, el golpista Cédras aceptó recibir a una delegación estadounidense liderada por el expresidente Jimmy Carter en septiembre de 1994, quien logró convencerlo de abandonar el poder y marcharse del país a cambio de una amnistía completa. La ONU fue excluida de las negociaciones, lo que provocó la renuncia de su representante especial en Haití, Dante Caputo, en señal de protesta. Las tropas estadounidenses desembarcaron el 19 de septiembre de 1994 y, el 15 de octubre de 1994, tras tres años de exilio, el presidente Aristide regresó a Haití y recuperó el poder. Sin embargo, no tenía ningún margen de maniobra para implementar su proyecto, más allá de las directrices neoliberales del FMI, que incluían privatizaciones a favor de multinacionales estadounidenses y de medidas antisociales. Haití seguía ocupado por varios miles de soldados estadounidenses hasta marzo de 1995 y continuaba asolado por la miseria. Según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, más de 3.000 personas fueron asesinadas durante los tres años de dictadura militar, un régimen que aterrorizaba a la población, dejando “en las calles de Puerto Príncipe los cadáveres de las víctimas gravemente mutilados que, ante la inacción de las autoridades, eran devoradas por los animales”.
En 1995, Aristide decidió disolver el ejército, desprestigiado por sus crímenes y numerosas injerencias en la vida democrática del país, y crear una nueva policía. Washington exigió entonces un papel clave en la formación de las nuevas fuerzas del orden, socavando así la autoridad del presidente y la soberanía de la nación. A pesar de las trabas impuestas por la Casa Blanca, Aristide seguía siendo muy popular y aspiraba a presentarse a las elecciones del 17 de diciembre de 1995, ya que solo pudo ejercer su mandato durante unos meses en lugar de los cinco años previstos. Washington, poco favorable a Aristide, le opuso categóricamente e invocó la Constitución de 1987, que prohibía ejercer dos mandatos consecutivos. El presidente brindó entonces su apoyo a su primer Ministro, René Préval, quien fue elegido de manera triunfal.
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