Geraldina Colotti - Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina / Cubainformación

En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el canciller Yvan Gil ha denunciado la instrumentalización que se ha hecho del tema de los derechos humanos como un arma para revertir los avances de la democracia revolucionaria. Y ha recordado que, en la época del Caracazo, cuando se violaron claramente los derechos humanos de las personas que protestaban contra el paquete neoliberal impuesto al gobierno por el Fondo Monetario Internacional, no se levantó ninguna protesta en las sedes de los organismos internacionales.

Hoy, sin embargo, se ataca al gobierno socialista, que defiende los derechos del pueblo y el mandato popular.

También este 27 de febrero, Venezuela rinde homenaje con marchas y debates a las victimas del Caracazo de 1989, cuando las masas empobrecidas se rebelaron contra las medidas neoliberales del gobierno en ejercicio en la IV República y fueron duramente reprimidas. Y, mientras tanto, el país se prepara para vivir otro año electoral: en paz, pero en aguas lejos de estar tranquilas, tanto a nivel interno como internacional.

Inicialmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) había decidido abrir las urnas en una sola fecha, el 27 de abril, para fusionar las elecciones parlamentarias y regionales. Pero el 19 de febrero, el presidente del Cne, Elvis Amoroso, anunció que esa fecha será ocupada por la segunda etapa en la que se votarán los proyectos comunitarios que se ejecutarán prioritariamente con financiamiento estatal.

La votación para la composición del Parlamento (la Asamblea Nacional, una cámara única), del Consejo Legislativo y de los 24 gobernadores más el de la Guyana Esequiba tendrá lugar el 25 de mayo.

Noticias que están sacudiendo el panorama político, dentro y fuera del país, y están produciendo grietas al interior de la oposición más radical, encabezada por María Corina Machado, y su candidato de cabecera, Edmundo González Urrutia, siendo la señora inhabilitada por 15 años por reiterados actos de desestabilización contra las instituciones.

Dentro de la coalición opositora, la Plataforma Democrática Unida (PUD), varios partidos están divididos sobre la orden de Machado de condicionar cualquier participación electoral al “reconocimiento de los resultados del 28 de julio”. Partidos como Un Nuevo Tiempo y Movimiento Por Venezuela, así como el dos veces derrotado candidato presidencial Henrique Capriles, y otros, han llamado en cambio a acudir a las urnas el 25 de mayo.

Incluso los componentes más moderados de la derecha, diputados en el parlamento, están eligiendo sus propios candidatos y lemas de campaña. Bastaría publicar la lista de grupos y partidos opositores al gobierno bolivariano y que actúan tranquilamente en el ámbito político para desmentir la propaganda internacional que define a Venezuela como “una dictadura”.

Desde España, adonde se trasladó tras la violencia poselectoral del 28 de julio de 2024 provocada por sus “comanditos”, González Urrutia ha declarado en cambio que no participará en lo que considera “elecciones falsas”. Mientras tanto, se dedica a una frenética actividad “diplomática”, considerándose no el segundo ganador como lo establece el Cne, sino el verdadero vencedor, y por tanto el presidente “legítimo”. Tanto él como Machado recogen premios de países europeos como “defensores de los derechos humanos” perseguidos por un gobierno totalitario e “ilegítimo”.

Ni las acusaciones vertidas contra Urrutia, provenientes de la iglesia de base salvadoreña, según las cuales fue cómplice de la persecución de exponentes de la teología de la liberación, cuando era diplomático en El Salvador, ni las posiciones políticas de Machado parecen inquietar a las “democracias” europeas. Machado, una de los firmantes de la Carta de Madrid que lanzó la internacional fascista bajo la égida de Steve Bannon, en 2020, inauguró el tercer congreso de la alianza de extrema derecha, organizado por el partido español Vox en París.

Para la apátrida señora, sólo el grupo de los Patriotas representa la “verdadera libertad” y solo estos partidos fascistas y nazistas son los verdaderos aliados de la extrema derecha venezolana contra el “dictador” Maduro. Un cortocircuito que, sin embargo, no parece perturbar el sueño de las fuerzas políticas italianas y europeas, que la apoyan con énfasis bipartidista.

Esta vez en la Convención de los Patriotas no estaba la primera ministra Giorgia Meloni, otra de las firmantes de la Carta de Madrid, sino el viceprimer ministro Matteo Salvini, en buena compañía de toda la subversión de las clases dominantes tras Trump, cuyo eslogan de campaña –Maga, Make America Great Again, readaptado como Mega, Make Europe Great Again– fue exhibido en la Convención de los Patriotas.

Las elecciones venezolanas, así como las de toda América Latina (empezando por la segunda vuelta en Ecuador en abril), también se perfilan bajo la sombra de Trump y del tecnofeudalismo impulsado por Elon Musk, quien lo apoya. Ya se ha retomado la persecución contra los médicos cubanos. Pero mientras tanto, aunque las políticas de Trump están guiadas por figuras como el secretario de Estado Marco Rubio, que han hecho de la lucha contra Cuba, Venezuela y todas las experiencias que recuerdan al socialismo en América Latina una verdadera obsesión, será difícil para Machado y sus asociados salir ilesos después del escándalo que estalló por la financiación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), de la que no hay rastro.

La agencia del gobierno estadounidense, creada en 1961 para contrarrestar la influencia de la Unión Soviética en el mundo, y ahora archivada por Trump, ha desembolsado una suma sustancial para lograr el deseado “cambio de régimen” en Venezuela.

Entre 2014 y 2024, ha aumentado 26 veces su financiación para “ayuda humanitaria y promoción de la democracia”, pasando de 8 millones de dólares iniciales a 211 millones el año pasado. Fondos confiscados por la oposición extremista y malversados para su propio beneficio, como han denunciado periódicamente algunos sectores internos descontentos con la división. Prueba de ello son las propiedades que ostentan estas figuras en los países europeos.

Ahora, los distintos componentes de la PUD apuntan a Juan Guaidó, el ex autoproclamado “presidente interino” de Venezuela, quien se ha refugiado en Miami, donde podría terminar bajo investigación por malversación de fondos. En la mira, están sus negocios en Madrid. Otra espina en el costado de Machado y sus allegados, que piden mayores “sanciones” contra su país, es la reunión entre un portavoz de la administración Trump y el gobierno de Maduro.

Como resultado, la licencia de Chevron para operar en Venezuela fue renovada por otros seis meses, a pesar de las “sanciones”. Sin embargo, Trump ha vuelto recientemente sobre la decisión, desempolvando los tonos utilizados al final de su primer mandato, cuando consideró inútil la decisión de Biden de “flexibilizar” algunas sanciones para conceder la licencia a Chevron: “Me parece inútil -dijo- gastar dinero para comprar petróleo que está a tiro de piedra, y que yo habría ido a buscar por la fuerza”.

Por su parte, Machado asegura que mantiene una “comunicación fluida” con la administración del presidente estadounidense, quienes tienen una visión “clara” sobre cuáles son las acciones que deben tomarse para avanzar hacia una “transición democrática”.

Mientras tanto, el gobierno bolivariano recibe y asienta a los cientos de migrantes deportados por Trump, luego de haber ido a recuperar a un grupo detenido en Guantánamo. En la “demócrata” Europa, los migrantes son deportados y recluidos. Por lo contrario, al observar los sentimientos y el cariño con que son recibidos los migrantes repatriados en Venezuela, se comprende la distancia sideral entre dos modelos diferentes de sociedad: el capitalista, feroz y excluyente, y el socialista, que pone en el centro el respeto al ser humano y la justicia social.

Pero, mientras tanto, los lobbys de extrema derecha presionan a los organismos internacionales: desde la Corte Penal Internacional donde intentan que se condene a Maduro, hasta el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde quieren extender el mandato de una comisión de verificación “independiente”, designada por el extinto Grupo de Lima durante la era Guaidó.

Durante ese período, el cerco y asfixia a Venezuela llegó a su punto máximo, con el poderoso apoyo del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ahora al final de su mandato. Habrá que ver qué pasa en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, que se celebrará en Washington el 10 de marzo para elegir al sucesor de Almagro.

La decisión se tomará entre la candidatura de Rubén Darío Ramírez Lezcano, de Paraguay, posicionada a la derecha, y la de Albert Ramchand Ramdin, de Surinam, país miembro de Caricom, cuyo gobierno en años pasados no apoyó resoluciones contra Maduro. El ganador deberá obtener al menos 18 votos de los 34 países miembros de la OEA, de la que Venezuela se ha retirado, como ya lo hizo Cuba.

Pero otro foco de tensión se extiende desde la zona disputada entre Venezuela y Guyana, el Esequibo, muy rica en petróleo y minerales preciosos. El gobierno de Guyana ha permitido la explotación -ilegal según los Acuerdos de Ginebra, a la que recurre Venezuela- por parte de multinacionales estadounidenses, y también ha autorizado la entrada del Comando Sur.

Mientras tanto, Venezuela aprovecha su crecimiento económico –el más alto de la región, según todos los indicadores internacionales– para ampliar los planes sociales dirigidos a los sectores populares, renovar algunos convenios colectivos con los trabajadores y aumentar el “salario social”, incluyendo bienes y servicios y no sólo dinero, para evitar que los aumentos sean pulverizados por la “inflación inducida”.

Y mientras se discuten los términos de la reforma constitucional planeada, que debería aumentar aún más el “poder popular”, se han nombrado cuatro comisiones especiales. Para los medios de oposición, se trata de un nuevo giro hacia el “modelo cubano”, que retoma el proyecto de reforma constitucional rechazado por poco margen con Chávez a la presidencia, en 2007. Para el gobierno de Maduro, este es un paso más hacia el debilitamiento del “viejo Estado burgués” y la ampliación de la democracia directa.

Un camino marcado por las votaciones sobre los proyectos elegidos por las comunidades. Una votación que anticipa el sentido y alcance del proyecto de Estado comunal, que el socialismo bolivariano viene trabajando desde hace años: al menos desde el 20 de octubre de 2012. Durante el último Consejo de Ministros al que asistió, Hugo Chávez, quien había sido reelegido para un tercer mandato como presidente del país el 7 de octubre, dictó los lineamientos para el autogobierno de las comunidades organizadas.

Un discurso que pasó a la historia como el Golpe de Timón, el cambio de rumbo necesario para enderezar la marcha hacia el horizonte de un socialismo libertario, “humanista”, guiado por el poder popular.

“Comuna o nada”, concluyó enfáticamente el mandatario para indicar cuál debe ser el rumbo del “socialismo del siglo XXI” en Venezuela. Y, poco antes de morir de un cáncer (muy probablemente inducido) que se lo llevaría el 5 de marzo de 2013, dirigiéndose al hombre al que señalaría como el que votar para sucederlo como presidente -Nicolás Maduro-, le dijo: “Nicolás, te recomiendo la Comuna como te recomendaría mi propia vida”. Y Nicolás le está cumpliendo.

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