La paranoia o los extremos que tipifican al fundamentalismo neoconservador norteamericano ha llevado a que los reos no tengan derecho a conocer los alegatos acusadores, como debe ocurrir previo a juicios que, por cierto, son muy criticados porque ni se ajustaron a las reglas de los tribunales militares ni tampoco a los de la vida civil.
La resolución recién emitida por la Casa Blanca, establece que esos encartados hasta el momento sujetos a un limbo legal, deben ser procesados según las distintas convenciones de Ginebra que regulan el trato que debe darse a los prisioneros de guerra. Que se le otorgue esta condición es un paso extraordinario que se aplicará –si se emplea- a todos los aprehendidos ¿debería decir secuestrados? lo mismo en territorio norteamericano que los capturados o se trasladó a terceros países. "Declaro que el artículo 3 debe ser aplicado a un programa de detención y de interrogatorio manejado por la Agencia Central de Inteligencia", se dice en el texto oficial, provocando, en medio de todo, la duda de si el resto de los organismos de inteligencia norteamericanos o el ejército, por ejemplo, están fuera de este compromiso. Cabe la interrogante, pues hay sutilezas en la formulación de algunos conceptos que permiten interpretaciones aberradas y porque hasta el momento, Bush no se ha privado de emitir decretos para anular los antes promulgados por él mismo.
¿Se puede prohibir algo que no existe o no se hace? ¿Qué sentido pudiera tener que se proscriba algo si no ocurre? Incluso si no se percata de ello, prohibir el uso de la tortura es un reconocimiento de que se incurre en esa violación. Hay sobrados testimonios de reos sujetos a humillaciones y bestiales tratos, dando fe de esos abusos. Ellos fueron liberados al cabo de años en prisión por falta de pruebas que justificaran su encierro y atendiendo a gestiones de sus gobiernos respectivos.
La propia existencia de cárceles en otros países es acto dirigido a facilitar la tarea de obtener posible información a través de medios violentos. No faltaba espacio en el territorio norteamericano, solo que no querían ser objeto de demandas que, de todas formas cayeron sobre ellos. Fuere de entidades internacionales o de sectores estadounidenses, como estos estudiantes citados que le exigieron en carta y de viva voz a Bush que Estados Unidos no figure en la Historia como un país que aplica tan viles y desnaturalizados métodos.
Dicen algunos presentes en aquel acto, que el jefe de Estado se sorprendió por la demanda, pues por tratarse de muchachos en cierta medida privilegiados, no esperaba de ellos tal desafío. Eso le ocurre a todo el que se desconecta de quienes dice representar y a los cuales debería servir.
Pero esa historia con H mayúscula y contemporánea, encima, indica que no es nueva la ejecución de lo criticado y se supone que ahora abolido. ¿No fueron especialistas norteamericanos quienes entrenaron a los torturadores del cono sur americano durante las dictaduras militares de los 70-80?
¿Acaso no fueron métodos de lucha anti-insurgente las desapariciones forzadas y los asesinatos extrajudiciales por igual instruidas o cuando menos toleradas por Washington?
Cuando en 1975 el Congreso escarbó un poco en los procedimientos irregulares implementados por la CIA, supo algo sobre la participación directa de ese organismo –que no es autónomo, desde luego- en el derrocamiento de gobiernos o en el asesinato de dirigentes. Dicho en desorden, fueron casos como el de Jacobo Arbenz, en Guatemala, Patricio Lumumba en el Congo, o Salvador Allende en Chile, para no citar al Sobreviviente a 600 atentados, Fidel Castro.
Ni el actual presidente de EE. UU., ni su cortejo, son originales. Algo muy similar al plan de remodelación del Medio Oriente o el no menos oculto bajo el ancho manto de la campaña contra el terrorismo, fue puesto en vigor en 1983 cuando el presidente Ronald Reagan, a quien Bush admira e imita insensatamente, firma una Directiva secreta dándole inicio a la campaña global por la democracia. En esencia, un plan que promovía la disidencia pagada, por tanto mercenaria, para darle cariz de fenómeno interno a proyectos destinados a desestabilizar o deponer un gobierno que no le conviniese.
No se privaron de otros recursos, incluyendo los militares, según lo prueba la guerra contra la Nicaragua sandinista, proceso durante el cual no se tuvo reparos siquiera en permitir el trasiego de drogas desde y hasta aeropuertos militares, como parte de la financiación de esa guerra, pese a que el Congreso había prohibido todo tipo de ingerencia en la nación centroamericana. Muchas de las contravenciones cometidas entonces salieron a relucir durante el escándalo Irán-contras.
Entonces ¿respondió Bush al reclamo de los jóvenes estudiantes, al dictaminar el acatamiento de la legislación sobre prisioneros? No lo creo. Si atendiera a los reclamos ciudadanos habría traído ya las tropas desde sus lejanas, costosas y arbitrarias guerras, a casa. Pero suponiendo que sea sincero y no declare nulo lo que legisló, estaría atendiendo, en parte, al embarazo que sufren sus socios europeos, que averiguan, pero no evitan tales excesos.
El realismo obliga, de otro lado, a considerar la pugna electoral con los demócratas y la necesidad de cara a las presidenciales del año entrante, de darle mejor imagen a un Partido Republicano que también –por principio o por conveniencia- se le está revirando.
