Yolanda Castro - InSurGente / Cubainformacion.- No es de extrañar que haya sido en España donde el presidente colombiano Álvaro Uribe encuentre mayor connivencia política y legitimidad democrática a su gobierno narcoparamilitar. Tampoco es sorprendente que haya sido precisamente en este país donde se le haya otorgado el I Premio de las Cortes de Cádiz a la libertad. Conviene recordar que antes del posfranquismo, el régimen constitucional español existente era una dictadura fascista impuesta mediante el terror tras la sublevación militar contra el gobierno legítimo de la II República. Corresponde hacerlo porque, después de ese periodo, el que heredamos y continúa vigente no se ha desprendido de las diversas expresiones o manifestaciones del terrorismo de Estado, tanto a nivel interno como en el plano internacional.
No voy a entrar a analizar el carácter represivo en materia socioeconómica ni la sujeción o sometimiento ejercido de manera continua sobre todas aquellas manifestaciones culturales o sociales plurinacionales, sino que quiero detenerme en algunas consideraciones sobre la violación que las estructuras institucionales y de poder del estado español han realizado de sus propias normas de derecho nacional y de derecho internacional público y que muestran, a grandes rasgos, el carácter violento y reaccionario de esas transgresiones. Es un rasgo común a todas ellas la negación de su autoría por parte del Estado o, en caso de ser públicas y notorias, su legitimación fáctica.
Señalo, por ejemplo, la creación, financiación e implicación de miembros del gobierno en los grupos armados parapoliciales que ejecutaron impunemente asesinatos y desapariciones forzadas -expresión más perfecta y siniestra de la actividad terrorista del Estado- de miembros del movimiento nacional de liberación vasco -o de personas ajenas, confundidas o consideradas colaboradoras del mismo- en territorio español y países limítrofes durante la década de los ochenta. También, los numerosos casos denunciados y documentados por organismos internacionales y asociaciones nacionales destacadas en la defensa de los derechos humanos por el sistemático ejercicio que se hace de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros penitenciarios y de detención españoles. Continúo con la vulneración de una garantía jurídica básica como es la de la irretroactividad de la ley sancionadora cuando es la más desfavorable –lo evidencia la doctrina Parot-, la existencia de toda una legislación antiterrorista y de ilegalización de partidos políticos -versión sui generis nacional de la "seguridad democrática" colombiana- y el uso de todo el aparato judicial para obtener una decisión legitimadora, suprema y única que haga valer la legalidad del sistema burgués capitalista y estigmatice a todo opositor político.
Todas estas pinceladas las traigo a colación sin olvidarme de que, por ejemplo, se han utilizado los aeropuertos españoles para la escala de aviones que transportaban prisioneros clandestinos apresados por la CIA; se ha apoyado expresamente el golpe de estado del 2002 contra el presidente democráticamente elegido por el pueblo de Venezuela; se da persistentemente cobertura mediática y económica a organizaciones mafiosas contrarrevolucionarias cubanas; y se ha justificado o colaborado expresamente en la ocupación y el genocidio palestino e iraquí, entre otros. Y todo, desde las máximas instancias gubernamentales españolas, con el apoyo directo de quien ocupa la Jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas.
Así pues no es sorprendente que sea este país el más próximo en concepciones ideológicas al gobierno de Colombia, pieza geoestratégica fundamental de nuestros intereses en América Latina. La influencia, participación e inversión transatlánticas, en el orden económico, cultural, judicial, legislativo, policial y político del Reino de España está contribuyendo al asesoramiento y el fortalecimiento de toda actividad conducente a la derrota legal y militar de la insurgencia popular colombiana, principal enemigo de su reconquista y expansión imperialista. Este recibimiento y condecoración a Álvaro Uribe no deja de ser un nuevo gesto de complacencia neocolonial a quien hace posible a cualquier precio el sueño de esa España plus ultra.
