Orlando Ruiz Ruiz - Cuba Trabajadores.- Honduras vive momentos definitorios, en los cuales la presencia popular debe decir la última palabra. La confrontación política que comenzó a hacerse patente en Honduras a partir de la proclamación de las medidas democráticas y de la adhesión a los procesos integradores que vive el continente, proclamados por Manuel Zelaya, alcanzaron esta semana dimensión de crisis.

La noche del miércoles, el presidente se vio obligado a destituir al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velásquez, y aceptar la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana Mercado.

Estos representantes de los altos mandos militares se han prestado al juego de la oligarquía hondureña, interesada en boicotear la iniciativa del mandatario de realizar el próximo domingo 28 una encuesta de opinión que haga posible a fines de año elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, dirigida modificar la actual carta magna.

El mandatario hizo público que su decisión de suspender a los altos mandos militares obedece a "la crisis generada por algunos sectores que han promovido la desestabilización y el caos, con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras".

Esos mismos sectores, añadió Zelaya, también causan problema "al orden constitucional y al ejercicio del poder legalmente constituido".

Desde un inicio, políticos de derecha, incluidos altos funcionarios del Estado, están en franca oposición a la propuesta del mandatario, presentada como “un derecho del pueblo a opinar y decidir”.

Según el poder judicial, opuesto a las iniciativas del Preside “existe ilegalidad en la consulta”, la cual busca el aval de los ciudadanos para instalar una urna adicional en las elecciones generales de noviembre, en función de votar en favor o en contra de la Asamblea Nacional Constituyente.

En respuesta a las críticas, Zelaya asegura que su proyecto reformista tiene el apoyo popular y que solamente es rechazado por los ricos.

Como parte de los intentos de impedir la encuesta, el Congreso Nacional ratificó ayer una nueva legislación sobre plebiscito y referendo, modalidades de consulta popular carentes durante años de norma legal para su puesta en vigor.

En una maniobra dirigida a sabotear la encuesta, la asamblea de diputados aprobó en la noche de ayer una ley que prohíbe en Honduras la realización de referendos o plebiscitos en los 180 días anteriores o posteriores a unas elecciones generales o municipales.

Las figuras del referendo y el plebiscito habían sido ratificadas en 2004 por el Parlamento, pero hasta anoche los diputados no habían aprobado el reglamento que las regula. Ahora coincidentemente lo han hecho para frenar las intenciones de Zelaya.

No obstante, el Mandatario reiteró que la consulta del domingo, la Asamblea Nacional Constituyente y la reforma de la actual Carta Magna, que data de 1982, "no las detiene nadie".

En medio de esta situación, anunció además que de ser necesario pedirá al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una reunión urgente para analizar la crisis política de Honduras.

La medida, precisó, es con el objetivo de hacer valer el derecho internacional sobre una posible violación al Estado de Derecho.

Según declaraciones del secretario privado del presidente, Eduardo Enrique Reina, la consulta "se mantiene porque no es vinculante" y se enmarca en una ley de participación ciudadana aprobada desde el 27 de enero de 2006, aún cuando el Legislativo ha tratado demostrar que esta iniciativa gubernamental es ilegal.

"No está suplantando al referéndum, ni el plebiscito", subrayó Reina, quien además dijo que el presidente sólo está respondiendo a unos 400 mil hondureños que le han pedido con sus firmas que consulte al país sobre la instalación en las elecciones generales de noviembre próximo de una "cuarta urna" para que los ciudadanos decidan sobre la convocatoria de una Constituyente.

Las otras tres urnas en esos comicios serán para elegir presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados y 298 corporaciones municipales.

El diputado Ramón Velázquez, de la Democracia Cristiana, acérrimo opositor, recomendó a los hondureños que ante una eventual confrontación, si se lleva adelante el domingo la iniciativa, "lo mejor es quedarse en casa", y reiteró que el presidente está "equivocado".

Zelaya cuenta con el apoyo del izquierdista Partido Unificación Democrática, cuyo candidato presidencial, el diputado César Ham, se ha convertido en un promotor más de la consulta popular, pero, sobre todo, con un amplio respaldo del pueblo humilde de su país.

Sectores sociales de Honduras se congregan este jueves en Tegucigalpa, atendiendo al llamado que hiciera el pasado miércoles el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien convocó a una asamblea en la Casa Presidencial, "para tomar decisiones en pro del desarrollo y de la democracia hondureña" y de esta forma definir la consulta del próximo domingo en favor de la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Rafael Alegría, dirigente campesino, confirmó que ya están llegando a la capital campesinos, indígenas, trabajadores y varios sectores en apoyo a esta decisión del presidente Zelaya.

Honduras vive así momentos definitorios, en los cuales la presencia popular debe decir la última palabra.