Agencia EFE.- Varias coaliciones de ONG andinas han pedido este lunes a la Unión Europea (UE) que asegure la protección de los derechos humanos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) concluido con Colombia y Perú antes de proceder a su firma, ya que consideran que el texto "no ofrece garantías serias" en ese sentido. Las organizaciones también lamentaron "la prisa" de los europeos, a su juicio, por firmar el acuerdo, cuyas negociaciones se dieron por terminadas el pasado primero de marzo tras más de un año de trabajos. 

En su opinión, los negociadores europeos "no han tenido en cuenta la gravísima crisis de derechos humanos que padecen esos países, especialmente Colombia", por lo que pedirán más garantías al comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, quien comparecerá mañana ante la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara para explicar el acuerdo.

La Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP), Grupo Sur, la Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (OIDHACO), y la Red UE-CAN consideraron además de que la cláusula de derechos humanos incluida en el acuerdo "es claramente insuficiente e inoperante".

Exigirán al comisario que justifique por qué, desde su punto de vista, el texto del acuerdo es "menos exigente y ofrece menos protección para los derechos humanos" que el actual sistema de beneficios arancelarios SGP+ (sistema generalizado de preferencias), y por qué dicha cláusula "ha sido reducida incluso en comparación con acuerdos anteriores de la UE con países de América Latina".

El representante de ALOP en Bruselas, Camilo Tovar, aseguró que de aprobarse el TLC tal y como ha quedado tras las negociaciones, "Europa estaría enviando el mensaje al mundo de que las violaciones de los derechos humanos existentes en Colombia, entran en el terreno de lo aceptable para los 27 países de la Unión".

Para el responsable de la Red UE-CAN Gustavo Hernández, "en términos del estímulo al desarrollo sostenible, la gobernanza y el Estado de derecho, el acuerdo negociado con Colombia y Perú representa una regresión respecto al SGP+ y respecto a otros acuerdos negociados en América Latina anteriormente".

Por su lado, la representante de Grupo Sur Lourdes Castro, agregó que dicha cláusula "más parece redactada para proteger los intereses comerciales que los derechos humanos y, por tanto, no se ve ninguna posibilidad de protección real de los derechos humanos".

Las ONG solicitaron a la UE que "abra urgentemente una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en Colombia".

Según el portavoz de OIDHACO Emmanuel Raison, "si este país no ha sido capaz de respetar sus compromisos internacionales en el marco del SGP, el nuevo acuerdo comercial, menos exigente, equivaldrá a un cheque en blanco, por encima de los derechos de los colombianos".