El 27 de junio de 1986, más de dos años después de ser incoada, la Corte falló a su favor la demanda presentada por Nicaragua y condenó a Estados Unidos a pagar a esta nación centroamericana 17 mil millones de dólares como resarcimiento por los graves daños causados al país en sus intentos de derrocar al gobierno sandinista.
Pero Washington nunca ha mostrado desde entonces la más mínima intención de cumplir sus obligaciones internacionales y saldar esa deuda.
Llegará el día en que Estados Unidos tendrá que pagar esa deuda a Nicaragua, dijo el sábado el presidente, Daniel Ortega, al referirse al 25 aniversario del dictamen del tribunal de las Naciones Unidas.
Tras el recordatorio del mandatario, otras voces se han alzado aquí para respaldar sus pronunciamientos y reclamar a Estados Unidos que acate la decisión de La Haya, hasta ahora ignorada por los sucesivos ocupantes de la Casa Blanca de Washington.
En opinión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los fallos del tribunal de La Haya nunca prescriben
Toda la sentencia es de ineludible cumplimiento, más cuando se trata de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal universal, opinó la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ, al ser consultada sobre el tema.
Los magistrados nicaragüenses criticaron la actitud prepotente de los gobiernos estadounidenses, que sólo reconocen la jurisdicción de La Haya cuando falla a favor de sus intereses y uno de ellos, Francisco Rosales, lo atribuyó a que el derecho internacional carece de fuerza coercitiva para obligarlos.
Por su parte, el analista e historiador Aldo Díaz Lacayo, también insistió en que la sentencia no prescribe y está viva, de manera que "en algún momento, cuando las circunstancias históricas lo permitan, vamos a reclamar de nuevo su cumplimiento".
Incluso Julio César Blandón, un líder de los excontras, conocido como "Comandante Kalimán", dijo que Estados Unidos debe pagar la indemnización, pues tiene un compromiso moral con el pueblo y con los desmovilizados de ambos bandos, muchos de ellos con serios problemas de salud debido a lesiones de guerra.
Con ese dinero seguramente el gobierno sandinista aumentaría las pensiones -tal y como lo ha hecho en los últimos años- a los lisiados de guerra, a las madres y a los niños que quedaron huérfanos, señaló.
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