La Tercera Información.- Las amenazas de muerte que obligaron a Piedad Córdoba a salir de Colombia son el resultado de los ataques que ha recibido del ahora expresidente Álvaro Uribe y del silencio que ha guardado el actual mandatario, Juan Manuel Santos, afirmó el abogado de la excongresista, Luis Guillermo Pérez.

El jurista, quien también es vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dijo, en una entrevista con Efe, que la conjunción de estos factores tiene en riesgo la vida de Córdoba, quien debió abandonar el pasado jueves.

El vicepresidente Angelino Garzón, en declaraciones a periodistas, lamentó las amenazas en contra de la exsenadora y aseguró que es deber del Gobierno redoblar los esquemas de seguridad tanto para Córdoba como para otros dirigentes políticos.

La exsenadora salió de Colombia horas después de que Uribe compareciera ante la Comisión de Acusación.

Córdoba “recibió una información muy confidencial, confiable, de que había un plan para asesinarla y que debía salir del país para proteger su vida”, dijo Pérez.

“Ha salido temporalmente, hasta que el Gobierno individualice (identifique) a quien está detrás de este atentado, y tenga un pronunciamiento claro del presidente de la República”, agregó el vicepresidente de la FIDH.

El abogado advirtió que Córdoba “ha sido amenazada permanentemente”.

“Es el resultado de toda la campaña que orquestó Uribe en su contra, no solamente para provocar su muerte política, sino para provocar su asesinato, y es el resultado también de la manera como ha sido maltratada por el gobierno de Santos”, sostuvo Pérez.

En el segundo caso, el abogado explicó que Santos “no le ha reconocido la legitimidad de su gestión por los secuestrados y la paz, y ha guardado silencio ante los ataques de Uribe en su contra”.

Es una omisión del jefe del Estado y de los ministros de Defensa y del Interior que “alienta la posibilidad de que Córdoba sea asesinada”, continuó Pérez, y observó que la responsabilidad directa de la seguridad y de lo que le pueda pasar a ella es del Gobierno.

“Más que carros blindados y hombres armados, lo que exigimos es una rectificación pública y un reconocimiento público de los aportes sustanciales que Córdoba ha hecho para la liberación de secuestrados y la paz de Colombia”, enfatizó el jurista.

Pérez criticó que Santos sostenga que la paz es competencia exclusiva suya, lo cual no es cierto, por cuanto la Constitución del país la contempla como un derecho.

“Es también un deber de todo ciudadano reclamar para que cese la violencia política en nuestro país”, apuntó Pérez.

Además de Córdoba, el abogado representa al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), dentro del conjunto de la parte civil en la investigación preliminar contra el expresidente.