El tráfico de migrantes chinos y dominicanos por la frontera argentino-uruguaya así como la explotación sexual y trata de jóvenes paraguayas y dominicanas, violadas física y psíquicamente, amenazadas, violentadas en sus derechos y libertades, fueron algunos de las cuestiones tratadas.
“Existen 20.9 millones de víctimas de explotación laboral y sexual forzada, a nivel mundial, según estimación de la OIT de 2012”, señaló la Declaración Final de esta Conferencia. La trata de personas es el segundo negocio ilícito más rentable del mundo, solo aventajado por el narcotráfico. Toma la forma de venta de mujeres, niños, niñas, hombres para trabajo esclavo, explotación sexual, pornografía infantil; comercio de vidas y esperanzas en el tráfico de migrantes, tráfico de órganos, reclutamiento de menores con fines delictivos o militares, servidumbre ligada a migraciones y formas análogas de explotación, con ganancias por 32 mil millones de dólares según se estima, una cifra superior a la que reporta el tráfico de armas.
Otro de los datos presentados durante la Conferencia de México fue que la trata sexual en Argentina es predominantemente femenina y, aunque afecta a mujeres de toda edad, las víctimas son cada vez más jóvenes. Según el estudio presentado en 2012 por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la mayoría de las víctimas constatadas son mujeres que tienen hijos menores a cargo.
La feminización también es creciente en Latinoamérica, en la migración por razones laborales: la mitad de los migrantes son actualmente mujeres, traficadas en alto porcentaje al igual que los varones, y muy vulnerables a la trata. En Estados Unidos, en cambio, el mayor porcentaje de trata que sufren los migrantes latinos es laboral y alcanza al 44% de varones, cifra que difiere de Latinoamérica y el Caribe, donde el mayor porcentaje de trata es sexual y perpetrada contra mujeres.
Se señaló en la reunión la necesidad de que las legislaturas de los distintos países incorporen la figura del cliente en la tipificación penal, como partícipe y cómplice en la compra y venta de carne humana. Se reclamó a la Justicia (de cada país) acelerar los tiempos de la persecución penal: en México, por ejemplo, se requieren dos años para que se dé inicio al proceso tras la denuncia, y en otros países la tardanza es mayor, “lo cual significa un castigo a la víctima y una injusticia mayor”, se subrayó.
En Latinoamérica, hay modalidades comunes entre los países y, a la vez, diferencias sustanciales, destacó Oscar Arturo Castro Soto, Director del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas.
LA Declaración Final de la Conferencia subrayó que existen elementos positivos que alientan la esperanza, como las organizaciones “que trabajan en la toma de conciencia, prevención, detección y denuncia, atención, acompañamiento e integración social de las víctimas, así como aquellas que intervienen en la legislación y su real implementación en los diversos países, no obstante la complejidad del fenómeno y las dificultades para su abordaje.
