El funcionario aceptó a mediados de semana que en la provincia afgana de Helmand, tiene en «custodia militar», unos 90 prisioneros secretos, sin acceso a abogados, ni tampoco al sistema jurídico, como sería lo normal.
Y no corresponde el reconocimiento de Hammond a un cargo de conciencia, ni es previo a una liberación de los detenidos; simplemente se ha visto presionado a revelar lo que ocurre en la instalación en Camp Bastion dado el reclamo hecho por Phil Shiner, un abogado de derechos humanos que representa a ocho de los detenidos y que venía denunciando la situación.
De todas formas, justificaba la ausencia de legalidad con esta aseveración: «Nosotros no operamos un sistema judicial en Afganistán, operamos un régimen de detención militar», de obtención de información de inteligencia y «luego se lo entregamos al sistema judicial afgano», dijo el ministro de Defensa del Reino Unido.
El diario británico The Independent reportaba que la denuncia de Shiner incluye que ni tan siquiera el Parlamento del Reino Unido ha sido puesto en conocimiento de esa reclusión, y tampoco han sido advertidas las cortes inglesas.
Esas denuncias fueron rechazadas por el Ministro de Defensa, quien aseguró que en el año 2009 puso en conocimiento del Parlamento la existencia de esa cárcel y en diciembre pasado actualizó a la Cámara de los Comunes sobre Camp Bastión, además de que el Comité Internacional de la Cruz Roja inspeccionaba con regularidad la instalación.
También argumentaba que les preocupaba el tratamiento que los reos podrían recibir en las prisiones afganas, donde se tortura, y si en ellas serían una custodia segura, porque esos prisioneros representaban un peligro para la vida de los soldados británicos.
Digan lo que digan, las autoridades militares del Reino Unido están violando dos de los principios fundamentales de su propio sistema de justicia: nadie puede ser detenido indefinidamente sin juicio, y cualquier sospechoso debe tener acceso a un abogado. Se podría añadir que también violan las ordenanzas de la ISAF (Fuerzas Internacionales de Asistencia a la Seguridad) que tienen escrito que ningún detenido por las fuerzas de la OTAN en Afganistán puede ser mantenido incomunicado y sin cargos por más de 96 horas.
Según Shiner, solo dos de los presos en Camp Bastion han tenido acceso a una llamada telefónica de una hora para hablar con un abogado, y eso ocurrió hace apenas una semana. Una de las abogadas, Tessa Gregory, atestiguaba que incluso algunos de los detenidos habían sido incomunicados, sin ningún contacto externo, por más de un mes.
En su descripción, Gregory advertía que fueron encerrados en pequeñas celdas solitarias, con una luz encendida durante las 24 horas del día, y en los interrogatorios se les gritaba y amenazaba, mientras las cámaras de las celdas permanentemente los vigilaban, una conducta carcelaria que es considerada como tortura por las convenciones internacionales sobre el trato a los prisioneros de guerra.
Ciertamente, la tortura está extendida en las cárceles afganas, lo que ha confirmado un estudio del propio régimen del pasado mes de febrero, donde se dice que de 635 prisioneros entrevistados, casi la mitad confirmó haber sido abusados, amenazados de ser violados o ejecutados, y torturados de varias otras maneras. Sin embargo, el director del panel investigador afirmó que «no había evidencia de “tortura sistemática”», y que se trataba de incidentes aislados.
Las declaraciones del ministro Hammond habían sucedido a lo dicho a la BBC Radio por el embajador afgano en Londres, Mohammad Daud Yaar, respecto a que «el principio de soberanía nacional» significa que los detenidos debían ser sometidos a la custodia afgana.
Una «polémica» que para los 90 prisioneros secretos parece definirse en un solo camino: ver violados sus derechos humanos en «soberanía» afgana o en ocupación extranjera…
