Los integrantes del GTDA representaban a España, Hungría, Irán, Paraguay y Argelia, y establecieron que el gobierno norteamericano había actuado arbitrariamente contra Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, al contravenir el artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ese apartado fija claramente el derecho ciudadano a las garantías judiciales, desconocidas por la administración norteamericana en el proceso a que fueron sometidos los cinco cubanos luchadores contra el terrorismo, quienes carecieron de las mínimas condiciones de un juicio justo e imparcial, como ha sido demostrado por experimentados juristas.
El fallo del Grupo fue la resultante de un análisis profundo de las circunstancias que llevaron a prisión a Los Cinco—hace ya casi nueve años--, a partir de la solicitud formulada personalmente en Ginebra, en el año 2003, por los familiares de los detenidos.
Se trata del mecanismo aceptado por los países miembros de la ONU para que a través de esta organización se haga valer el criterio imparcial sobre Derecho en casos controversiales.
Esencialmente, el dictamen se basó en los hechos y las circunstancias en que se celebró el juicio contra Los Cinco, la naturaleza de los cargos y de las severas sentencias, que suman cuatro cadenas perpetuas más 77 años.
El Grupo de Trabajo infirió que el proceso originario en la ciudad de Miami, no contó con un clima de objetividad e imparcialidad necesario para cumplir las normas de justicia "definidas en el Artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la cual Estados Unidos es parte", y concluyó que la privación de libertad había sido arbitraria.
Obviamente, el veredicto del GTDA no fue sustentado en simpatías políticas ni festinaciones de apremio. Pero el gobierno estadounidense cerró oídos y arreció sus tácticas leguleyas para prolongar el suplicio de los cubanos, actuando contra toda lógica y razón.
Más tarde, tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito de Atlanta, al estudiar la apelación de Los Cinco por intermedio de sus representantes legales, y las alegaciones de la Fiscalía, también comprendieron las arbitrariedades cometidas y anularon el juicio de Miami y las sentencias que allí habían recibido los cubanos.
Pero los luchadores antiterroristas siguieron en prisión, en virtud de la premeditada intención de los fiscales, en representación del Gobierno, quienes echaron mano del laberinto burocrático para extraviar a la justicia en el círculo vicioso de una interminable cadena de apelaciones, que extiende el castigo sin sustento de verisimilitud legal.
¿Y cuál fue el "grave" delito de los prisioneros? Observar y alertar a las autoridades de su país sobre las actividades terroristas que en el sur de la Florida desarrollan grupos de origen cubano contra la Antilla Mayor, y también contra objetivos en EE.UU. y otros países, hechos que a lo largo de más de 48 años han causado cuantiosas pérdidas de vidas humanas y recursos materiales.
En vez de actuar contra verdaderos criminales, las autoridades estadounidenses siguen ensañándose en los patriotas, al tiempo que liberan al terrorista internacional Luis Posada Carriles, a quien le brindan protección junto a muchos otros de su misma condición, albergados precisamente en Miami.
La Casa Blanca continúa burlándose de la dignidad y la inteligencia de millones de seres humanos, que en decenas de países exigen libertad para los Héroes y castigo para los terroristas.