El primer secretario de la Mesa de Les Corts Valencianes, el popular Antonio Clemente Oliver, le ha enviado respuesta a la diputada Marina Albiol, del grupo EUPV (IU), sobre el escrito que presentó en enero del 2013, solicitando un pronunciamiento del parlamento valenciano a favor de la libertad de Los Cinco cubanos presos en EEUU. La contestación de la Mesa se limita a expresar que no se admite a trámite ya que las “Cortes no son el lugar adecuado para realizar este tipo de pronunciamientos”. Una vez más, igual que en el año 2008, “se impone el veto que impide tratar el tema en el pleno de las Corts Valencianes o en la, practicamente desaparecida, Comisión de Derechos Humanos y Tercer Mundo, menospreciando así un tema fundamental como son los Derechos Humanos y la Justicia Internacional por parte de la institución que debe representar a la soberanía pupular”, según denunció la diputada de la formación de izquierdas.
El caso de Los Cinco es un tema conocido y defendido por la sociedad valenciana, como lo muestra la reciente carta enviada al Cónsul de EEUU en Valencia, firmada por 168 cargos públicos valencianos, entre concejales, diputados autonómicos y estatales o alcaldes, de los grupos de EUPV (IU) y Compromís, haciéndose eco de la injusticia del caso y pidiendo al presidente Barak Obama que los libere. Además, esta acción es fruto de los encuentros con familiares de Los Cinco, concretamente de Adriana Pérez y Magali Llort, esposa de Gerardo Hernández y madre de Fernando González, dos de Los Cinco, con diputados de los grupos parlamentarios de la oposición, así como también de las numerosas muestras de solidaridad con este caso que desarrollan personas y entidades de la sociedad civil valenciana.
Pero el Partido Popular siempre tiene un motivo para negarse a pronunciarse sobre este tema y otros de esta naturaleza, como el “asalto a la III Flotilla de la Libertad con destino a Gaza”, o la “situación del pueblo saharaui”. Aunque en esta ocasión no han querido seguir el discurso oficial del PP contra Cuba, y en lugar de proferir ataques foribundos al estilo de Esperanza Aguirre, han preferido evitar pronunciarse, ni a favor ni en contra de este caso. Los motivos de este bloqueo son inciertos, pero quizá se debe a su “inhabilitación moral” por la corrupción del caso de la Cooperación que implica a altos cargos del PP y ex-dirigentes del Consell. O quizá porque en un contexto de ajustes y recortes que han dejado las ayudas para la Cooperación al Desarrollo en un 0’02 %, muy lejos de su prometido 0’7 % del presupuesto valenciano, les quita credibilidad política ante la sociedad civil. O quizá porque reconocer la injusticia de este caso supone reconocer que Cuba sufre ataques terroristas cometidos con impunidad por terroristas cercanos al Partido Popular más extremista.
En definitiva, se trata de una actitud antidemocrática del Partido Popular que quiere quitarle la voz a una parte de la ciudadanía que expresan abiertamente su solidaridad con Los Cinco y sus familias, como parte de una creciente campaña internacional que, en estos más de 14 años que llevan encarcelados Los Cinco, no para de crecer, con la implicación de Premios Nobel, presidentes de gobierno o personalidades de la cultura, parlamentos en pleno, organizaciones de juristas, religiosas o de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, o el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, entre otros.
La cooperación valenciana debe dejar de ser propaganda partidista vacía de contenido y de presupuesto, y pasar a ser consecuente para resolver las desigualdades Norte-Sur asumiendo su responsabilidad. Y también debe pronunciarse valientemente ante las injusticias, como en este caso de Los Cinco cubanos, aunque haya que pedir explicaciones a EEUU. ¿O va a seguir el PP haciendo lo mismo que con el asesinato de José Couso, justificando al gobierno norteamericano?
No se puede actuar con injerencia sobre la soberanía de un pueblo ni mantener equidistancia ante la injusticia. Un equilibrio difícil de entender para quienes utilizan las instituciones para desarrollar negocios privados y enriquecerse personalmente a costa de la dinero público y el empobrecimiento económico-social de los pueblos del Sur.
19 de febrero del 2013
