teleSUR.- En Madrid cinco miembros de la organización internacionalista vasca Askapena (Liberación, en euskara, idioma vasco) fueron juzgado por presunto delito de terrorismo. Los acusados se declaran inocentes y aseguran que se trata de un juicio político con el que se intenta criminalizar su trabajo con movimientos revolucionarios de América Latina.

Juicio a internacionalistas vascos es de carácter político

teleSUR.- Para Unai Vázquez, el juicio en su contra es un golpe al internacionalismo e independentismo vasco por parte del Estado español.

El lunes 19 de octubre se puso en marcha en Madrid, España, el juicio contra los militantes internacionalistas Dabid Soto, Unai Vázquez, Aritz Ganboa, Gabi Basañez y Walter Medellin y las organizaciones vascas Askapena, Elkartruke y Herriak aske por luchar en favor de los derechos del País Vasco.

Para los acusados, el juicio es otra muestra más del cómo el Estado español ataca y reprime a toda la disidencia vasca. 

En la segunda semana del proceso judicial se llevan a cabo las declaraciones de los testigos de la defensa y las pruebas peritales. Tras estos pasos, la Audencia Nacional estaría lista para dictar sentencia, la cual podría tardarse algunos meses o años.

Los 5 internacionalistas vascos están acusados de participar en foros internacionales y movilizaciones en contra de la empresa Coca cola y en el boicot contra el Estado israelí. Para el Gobierno español, todas estas acciones eran ordenadas desde la cúpula de la organización armada ETA.

Ante tales argumentos, Unai Vázquez, uno de los acusados, responde que el juicio representa un golpe contra la disidencia vasca. Señala que es un proceso judicial que vulnera el proyecto independentistas y socialista vasco, el movimiento popular e internacionalista, y representa un ataque contra los derechos civiles y políticos del pueblo vasco.

El acusado señaló que la causa contra él y sus compañeros es un juicio político dirigido desde el Estado español, ya que se da en medio de la Audencia Nacional, un tribunal de excepción y heredero de la justicia franquista, con jueces elegidos a dedo, lo cual vulnera la posibilidad de un juicio justo.

Una de las abogadas defensoras, Amaia Izco, ha dicho que la acusación del Estado radica en que Askapena realiza sus acciones por orden de ETA.

Izco destaca que esta idea es la que ha usado el Estado español para ilegalizar varias organizaciones y movimientos en el País Vasco.

Para la letrada, la acusación contra Askapena no tiene base probatoria y es una idea mantenida por la tesis de “todo es ETA” y soportada por las declaraciones de un policía que es experto en temas de antiterrorismo.

La abogada sostiene que el argumento proviene de la tesis esgrimida por el juez español Baltazar Garzón, la cual indica que toda organización que defienda los derechos civiles y políticos del País Vasco esta vinculada a ETA.

Izco sostiene que la tesis de Garzón ha servido para pasar por encima de los derechos civiles, políticos, de reunión y de manifestación de muchas personas en la comunidad autónoma.

Según Katu Arconada, uno de los testigos de los acusados, con este juicio el Estado trata de condenar y criminalizar la militancia que lucha por los derechos civiles y sociales del pueblo vasco. Arconada sentencia que a pesar del fin de la lucha armada, el Gobierno sigue persiguiendo a independentistas vascos y el internacionalismo de pueblo a pueblo.

El testigo denuncia la hipocresía del juicio y del Estado español, que acusa a otras naciones como Venezuela de violar los derechos humanos y, por otro lado, España sigue persiguiendo y violando los legítimos derechos de los ciudadanos del País Vasco.

El fiscal pide seis años de cárcel para los cinco miembros de Askapena

EiTB / Agencias

Además de las penas de prisión, la Fiscalía pide imponer a cada uno de los acusados una multa de 7.200 euros e inhabilitación absoluta durante 14 años.

El fiscal ha mantenido hoy su petición de seis años de prisión para cada uno de los cinco dirigentes de Askapena, juzgados en la Audiencia Nacional acusados de colaboración con ETA por “recabar apoyos exteriores y fondos” para la organización.

El representante del Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales en un juicio que, previsiblemente, terminará el lunes con los informes de las defensas y el último testimonio de los procesados.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía pide imponer a cada uno de los acusados una multa de 7.200 euros e inhabilitación absoluta durante 14 años.

Los acusados son Walter Wendelin -considerado el máximo responsable de Askapena-, Gabriel Basáñez, Unai Vázquez, David Soto y Aritz Gamboa, detenidos el 28 de septiembre de 2010 en una operación desarrollada en Euskal Herria.

Los procesados declararon en la vista oral que Askapena realizaba labores de solidaridad "anti-imperialista" con otros países y con causas como las de los idiomas oprimidos y el comercio justo, pero no al servicio de ETA.

"La historia nos absolverá", manifestó antes del comienzo del juicio Unai Vázquez.