David Rodríguez Fernández*
Las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea (UE) y Cuba han tenido distintas etapas desde su establecimiento formal en 1988 con la antigua Comunidad Económica Europea (CEE). Hasta llegar al actual Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y Cuba, aprobado en 2016 y puesto en marcha en 2017, las relaciones entre ambas partes han sido complejas y variables según predominara en mayor o menor medida la pretensión injerencista de la UE y sus Estados miembros hacia la isla.
En estas casi tres décadas, se ha pasado de las iniciales relaciones bilaterales entre varios países miembros de la UE y Cuba, de la ruptura total como consecuencia de la llamada “Posición Común” (PC, 1996) basada en una política de bloqueo y presión de la UE hacia La Habana, hasta la firma del vigente Acuerdo entre Cuba y la UE, por primera vez en la historia, un nuevo estadio marcado por el intercambio y debate respetuoso y mutuamente beneficioso.
El sentimiento de superioridad eurocéntrica impregnado de cierta nostalgia colonial siempre ha estado presente en la política exterior de la UE, que ha querido (mal)tratar a la mayor de las Antillas como un pueblo menor de edad al que hay que tutelar hacia el “buen camino de la economía de mercado y del régimen de pluripartidismo occidental”. Cuba, por su parte, desde el triunfo revolucionario de 1959, ha evolucionado durante estos años en lo interno actualizando su sistema político y económico socialista, mientras se ha reinsertado en la cambiante realidad geopolítica internacional, sin renunciar a su soberanía.
En los años 1990, tras la caída del Muro Berlín y la URSS, fuerzas conservadoras europeas reforzaron su ofensiva contra Cuba coordinando estrategias con la mafia de Miami y el gobierno de EEUU, con la idea de acabar con la revolución cubana, uno de los últimos bastiones comunistas en el mundo y a tan solo 90 millas de los EEUU de Norteamérica. Un recién elegido presidente de España, José María Aznar, miembro del conservador Partido Popular (PP) y heredero de la derecha franquista, en estrecha colaboración con la organización mafiosa y anticastrista de Miami Fundación Cubano Americana de Jorge Mas Canosa, consiguió que en 1996 se aprobara la denominada “Posición Común” (PC), una extensión europea del bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba que las distintas administraciones de EEUU han aplicado desde que fue formalizado por Kennedy en 1962. El objetivo de la PC era el mismo del bloqueo: colapsar la economía cubana para provocar un cambio de gobierno en Cuba que fuera afín a los intereses de EEUU, borrando del mapa el ejemplo cubano de soberanía rebelde.
Tras varios años de distanciamiento político entre la UE y Cuba, la resistencia cubana y el nuevo contexto geopolítico que se empezó a gestar a inicios del siglo XXI, produjeron un tiempo de diálogo entre ambas partes, alejado del carácter colonial de la PC. Así pues, ésta fue superada y desestructurada por acción u omisión de muchos estados miembros que retomaron las relaciones diplomáticas bilaterales con Cuba, y posteriormente, desde el 2008, un nuevo ciclo de conversaciones entre la UE y Cuba condujo a un consenso, germen de un futuro Acuerdo histórico. Es así cuando en 2014 se entablan las negociaciones para definir un Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba, que se aprueba finalmente en diciembre de 2016, entrando en vigor unos meses después, derogando la dañina PC.
El ADPC se articula en torno a tres temas principales: el diálogo político, la cooperación y diálogo sobre políticas sectoriales, y el comercio y la cooperación comercial. Su finalidad es “apoyar el proceso de transición de la economía y la sociedad cubanas, promover el diálogo y la cooperación para fomentar el desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos, así como para encontrar soluciones comunes a los desafíos mundiales”. En estos años, ha permitido ampliar y profundizar la cooperación y las relaciones políticas, sociales y económicas de ambas partes. La UE se ha consolidado como el principal donante de la ayuda para el desarrollo a Cuba. Además, constituye un importante socio comercial, siendo la UE de donde proviene la mayor inversión extranjera hacia la isla en sectores como el turismo, la industria, el transporte, la energía, la industria alimentaria, y la minería.
El ADPC está aún en funcionamiento provisional, ya que Lituania no lo ha ratificado; un país que ha puesto en evidencia la injerencia en la política europea, sumisa y rehén de EEUU. Fue público que el secretario de Estado, Mike Pompeo, bajo mandato de Trump, había pedido en una carta enviada al primer ministro lituano, Saulius Skvernelis, que no ratificara el ADPC entre la UE y Cuba. Hay que recordar también que la presidencia de Biden no se ha distanciado de la política hacia la isla de la de su predecesor, y mantiene las medidas coercitivas unilaterales y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. No obstante, la mayor y más importante parte del ADPC, un 90%, atañe a las relaciones con la UE.
Como un requisito necesario, el ADPC se presentó al Parlamento Europeo (PE), los parlamentos nacionales de los Estados miembros y la Asamblea Nacional del Poder Popular cubana para su ratificación. Aunque el PE dio su aprobación al ADPC, fue acompañada de una resolución no legislativa que mantenía una postura crítica hacia el gobierno de la isla, impulsada por las fuerzas conservadoras que ya eran mayoritarios en esta cámara. En este sentido, los posicionamientos de los actores claves del aparato burocrático de la UE, como son el Consejo, la Comisión o el Parlamento Europeo, oscilan entre las políticas de presión y el compromiso constructivo que hoy recoge el ADPC.
El PE se ha convertido, por tanto, en un espacio de confrontación ideológica, y tras el fin de la Guerra Fría, Cuba ha sido un tema recurrente en muchos de los debates y resoluciones presentadas. Precisamente, en los últimos tiempos en los que el ADPC ha dado sus frutos y estabilizado las relaciones diplomáticas, económicas, comerciales y culturales entre ambas partes, las fuerzas de conservadoras, de derecha y de extrema derecha están a la ofensiva utilizando todas las vías posibles que les permite el PE para acabar con él. Incluso aspiran a que la UE se alinee nuevamente con EEUU aplicando medidas coercitivas unilaterales al gobierno de La Habana desde el viejo continente. Pero hasta la fecha, esta estrategia solo se ha traducido en un debate público sin efectos prácticos, aunque con un gran altavoz mediático que trata de crear un clima contrario al ADPC en el seno de la UE.
Los dirigentes políticos en el PE que desconocen la legitimidad del gobierno de Cuba y tratan de volver a la política del “garrote” hacia La Habana, pertenecen a partidos de extrema derecha, de derecha, conservadores e incluso liberales. Madrid se ha convertido en una suerte de segunda Miami, una base de operaciones de la extrema derecha latinoamericana y europea, para trabajar en Bruselas. Un ejemplo notorio de ello es la Convención "Europa Viva 24", celebrada en mayo pasado en la capital española, organizada por el partido ultraderechista y neoliberal VOX, al que asistieron personajes como Marine Le Pen o Javier Milei, y que reunió también a un grupo de contrarrevolucionarios cubanos, entre ellos el connotado terrorista (así es considerado por la Gaceta Oficial de Cuba) Orlando Gutiérrez Boronat quien, desde Miami ha pedido, en repetidas ocasiones, una intervención militar de EEUU en la Isla y que, en esta ocasión, en Madrid, solicitó el cese de cualquier "ayuda económica" a Cuba desde Europa.
En esta estrategia que está llevando a la UE hacia el regreso a las sanciones económicas de la PC, hay varios personajes destacados: uno de ellos es el político tránsfuga español Javier Nart, actualmente en Renew Europe, pero que ha transitado sin pudor de la socialdemocracia a la derecha colonial. Nart, miembro del Comité de Expertos de la ONG anticubana Prisoners Defenders International, dedica muchos recursos y tiempo a una activa labor de lobby contra Cuba, especialmente contra la solidaridad médica cubana, y ha sido el impulsor de las resoluciones contra el ADPC y contra Cuba, como la última de febrero de 2024 que sanciona a las autoridades legítimas cubanas impidiéndoles visitar el PE. Su trabajo es apoyado por el ultraderechista Hermann Tertsch, del partido VOX que forma parte del Eurogrupo de Conservadores y Reformistas Europeos. Tertsch es un nostálgico declarado de los dictadores Batista y Franco, con un lenguaje y un activismo al límite de la legalidad. José Ramón Bauzá, del partido Ciudadanos, también pide poner fin al ADPC entre la UE y Cuba, junto con Leopoldo López Gil, del PP, padre del golpista venezolano Leopoldo López. Este es el perfil de los parlamentarios odiadores de la cooperación con Cuba que a través de las Resoluciones manipulan sobre la realidad en la isla para condicionar a la UE.
Junto a estas Resoluciones, impulsan las Peticiones al PE, un mecanismo que puede utilizar cualquier ciudadano para trasladar temas de debate al PE y los grupos parlamentarios, con el objetivo de conseguir declaraciones y acciones. Contra el ADPC y la propia Cuba, se han presentado varias peticiones que no han tenido mucho apoyo popular, pero sí han sido amplificadas y utilizadas por sus parlamentarios aliados. La temática utilizada, aunque ha ido evolucionando en función de sus derrotas, es la misma de siempre: construir acusaciones sobre informes ad hoc relativos a supuestas violaciones de los Derechos Humanos, falta de libertad, promoción del terrorismo, practica de la esclavitud y la represión a la oposición, y la existencia de presos políticos, incluyendo menores de edad. Estos informes los utilizan para “justificar” la ineficacia del ADPC en su interpretación más injerencista, y así convencer al Consejo de acabar con el acompañamiento constructivo y regresar a las anacrónicas, infructuosas y coloniales medidas coercitivas unilaterales.
Otra estrategia utilizada por la extrema derecha son las visitas al PE de personajes que supuestamente representan a la sociedad civil cubana pero que todos residen en el exterior, no reconocen al gobierno elegido democráticamente en la isla mientras piden más bloqueo a su país natal. Son miembros de un sinfín de pequeñas organizaciones sin vínculo con la sociedad cubana, financiados por EEUU y otros grupos de poder en Europa. Están vinculados con la mafia de Miami y siguen la política marcada desde Washington hacia Cuba. Estos actores sobreactuados y bien pagados viven de montar espectáculos mediáticos que después se encargan de replicar el entramado mediático (webs, redes sociales, radios, TV) creado al efecto por las agencias de la USAID en EEUU, algunas radicadas en suelo europeo como CiberCuba. Un ejemplo fue la campaña “Patria y Vida”, con el excantante del grupo Orishas Yotuel Romero a la cabeza, un converso anticubano que ahora hace negocio y carrera con su “disidencia”; otros son el empresario y activista de VOX residente en Madrid Lázaro Mireles, o el violento opositor ultraderechista Sayde Chaling-Chong, con varias condenas y quien ha protagonizado agresiones a personal consular y a grupos de música cubana como el reconocido Buena Fe; o Yunior García, escritor que lideró en la isla el movimiento disidente Archipiélago para cambiar el gobierno hasta que voló a Madrid y abandonó a los suyos por un columna en el diario El País. Este es el perfil de los representantes de la nueva Cuba que los grandes medios de comunicación promueven y los grupos de derecha y extrema derecha del PE apoyan.
En un sentido totalmente contrario y a favor del ADPC entre la UE y Cuba, las fuerzas de izquierda y progresistas en el PE se relacionan directamente con el gobierno legítimo de Cuba. Reciben delegaciones parlamentarias, técnicas y culturales, y responden a los ataques de la derecha, junto a la solidaridad organizada con Cuba, quien también promueve acciones para dotar de mayor contenido el ADPC a través de las Peticiones, en representación de muchas asociaciones del amplio y muy activo movimiento de solidaridad con Cuba en Europa. Estas peticiones han planteado al PE la necesidad de incrementar la solidaridad con Cuba ante el bloqueo de Estados Unidos, facilitar el acceso a los medicamentos para COVID-19 en Cuba, sobre el impacto en las empresas europeas de las sanciones de EEUU contra Cuba, sobre la denuncia del bloqueo y de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo elaborada por EEUU, en favor de la continuación de la cooperación y el diálogo entre la UE y Cuba, entre otros asuntos.
En Bruselas, en noviembre de 2023, en el PE, se desarrolló el Tribunal Internacional contra el Bloqueo de EEUU a Cuba, con la participación de 263 delegados y delegadas de 21 países de las distintas organizaciones convocantes: Asociación Internacional de Juristas Democráticos, el Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo, el PIE y el Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos, el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda-Red de Abogados Demócratas de España, la Conferencia Nacional de Abogados de Estados Unidos, el Movimiento de Solidaridad con Cuba en Europa, organizaciones sindicales y asociaciones de cubanos y cubanas residentes en Europa.
Más de 20 testigos expusieron testimonios y aportaron pruebas documentales que evidenciaron la violación masiva de los Derechos Humanos que supone el bloqueo no solo para Cuba, la principal víctima, sino también para los pueblos europeos y la comunidad cubana residente en Europa con la aplicación extraterritorial del bloqueo contra Cuba. Profesionales sanitarias y científicas cubanas, pacientes de cáncer, empresarios, agentes de cooperación, activistas de la solidaridad, periodistas, políticos, entre otros, testificaron poniendo rostro, sentimiento y razón, como víctimas afectadas del criminal bloqueo.
El veredicto del Tribunal Internacional contra el Bloqueo, dictaminado por el equipo de jueces y juezas presidido por el prestigioso jurista y profesor alemán Norman Paech y completado por Suzanne Adely (EEUU), Ricardo Avelãs (Portugal), Daniela Dahn (Alemania), Simone Dioguardi (Italia) y Dimitris Kaltsonis (Grecia), fue contundente y muy bien argumentado: una sentencia condenatoria al gobierno de EEUU, declarado culpable por delitos de agresión y de crímenes de lesa humanidad, que pueden conllevar al genocidio del pueblo cubano, teniendo además la obligación de poner fin al bloqueo contra Cuba, así como compensar a las víctimas. Además, se reflexionó sobre los límites de las leyes antídoto de la UE y la necesidad de mantener el ADPC entre la UE y Cuba.
La cooperación entre la UE y Cuba cuenta con retos, desafíos, pero también con oportunidades para su desarrollo más amplio. No parece haber un límite institucionalmente establecido para su vigencia. Pero los resultados en las recientes elecciones europeas de junio de 2024 han dejado una correlación de fuerzas de la derecha y de la extrema derecha aun mayor que en la anterior legislatura. Ejemplos como el gobierno conservador de Suecia, que ha abanderado la política hostil hacia Cuba, se pueden multiplicar. Por tanto, se presenta un escenario de confrontación donde Cuba será objeto de ataque con el objetivo de acabar con el constructivo marco del ADPC entre Cuba y la UE.
Hay varios elementos que contribuyen a un escenario positivo para fortalecer y mejorar el ADPC. Por ejemplo, todos los países miembros de la UE votan contra el bloqueo en las Naciones Unidas mostrando su apoyo a la Resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, que desde 1992 muestra el aislamiento de EEUU y sus medidas coercitiva unilaterales. Al mismo tiempo, la UE y algunos de sus países miembros han tenido que dotarse de un escudo legal, una serie de leyes “antídoto” recogidas en el llamado Estatuto de Bloqueo, aprobado en 1996 por los países miembros de la UE para protegerse de los efectos extraterritoriales de la Helms-Burton.
La izquierda europea tiene, en consecuencia, un gran reto: ampliar el apoyo parlamentario y del conjunto de los pueblos europeos al ADPC, profundizándolo como un espacio sincero de cooperación entre iguales. Solo así se evitará que se convierta en un caballo de Troya contra la isla o, peor incluso, que se vuelva a los tiempos oscuros de las medidas coercitivas unilaterales al servicio injerencista de EEUU.
Se debe buscar la unidad amplia en defensa de esta causa incorporando a las administraciones públicas para que establezcan soberanamente convenios bilaterales, para que den seguridad jurídica a empresas que mantienen negocios o quieren invertir en la isla, a organizaciones de juristas que defienden a ONGD que desarrollan proyectos de cooperación y se ven afectados por la aplicación extraterritorial, a universidades para que fortalezcan los intercambios académicos, a la sociedad civil organizada, pero sobre todo hay que articular y difundir el relato de la verdad de Cuba y su relación mutuamente beneficiosa con la UE en todos los frentes posibles: a través de movilizaciones, en los medios de comunicación y las redes sociales, en la cultura y el entretenimiento... No se puede obviar la guerra cultural como antesala de la guerra económica contra Cuba.
La izquierda debe estar en el lado correcto de la Historia, al lado de Cuba, contra el opresor, y trabajar desde la solidaridad internacionalista por un mundo mejor, por un equilibrio multipolar, basado en el respeto mutuo, la cooperación y la Paz entre los pueblos. Nos va la vida en ello, no solo a Cuba.
* David Rodríguez Fernández es miembro de la Junta Directiva de la Asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí, de la que fue presidente, y Miembro de Honor de la Fundación Nicolás Guillén (La Habana).
